Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE 29 de julio de 2015)

Es llamativo que una norma dirigida a modificar el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia contenga modificaciones en materia laboral. Ahora bien, con independencia de la técnica legislativa, los cambios introducen coherencia entre la norma laboral y las demandas de la realidad social.

Así, en materia de permisos retribuidos, su DF 3ª modifica el art. 37.3 f ET, que queda redactado de la siguiente forma f) por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de la idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo. La DF 4ª introduce la misma modificación en la regulación de los permisos para los empleados públicos (art. 48 e EBEP).

La DF 8ª introduce una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social por la contratación indefinida de víctimas de trata de seres humanos, a través de un nuevo apartado 4 ter del art. 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre para la mejora del crecimiento y del empleo.
En el ámbito de la Seguridad Social son varias las novedades incorporadas en la LGSS. La DF 10ª incorpora el art. 179 ter en la LGSS, que establece el impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia de quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación. Se admite la revisión de oficio por la entidad gestora de la resolución por la que se hubiera reconocido el derecho a una prestación por muerte y supervivencia a quien fuera condenado por sentencia firme, que tendrá que devolver las cantidades percibidas. No se fija plazo para la revisión por la entidad gestora, aunque sí para la obligación de reintegro del importe de las prestaciones percibidas que prescribirá en el plazo previsto en el art. 45.3 LGSS.

En la misma dirección apunta el nuevo art. 179 quáter LGSS, que contempla la suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia cuando recaiga resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación. Esta suspensión se mantendrá hasta que recaiga sentencia firme.

Los nuevos arts. 179 quinquíes y 179 sexies LGSS, contienen previsiones que compensan a las “otras víctimas” de este tipo de situaciones –a los huérfanos y a los familiares dependientes˗, ordenando el incremento de sus pensiones, y regulando los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad o personas con capacidad judicialmente modificada.

De forma coherente, se modifica el art. 146.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, en cuanto a la posibilidad de rectificación de errores materiales o de hecho cuando sobrevenga sentencia firme que condene al perceptor de una prestación de muerte o supervivencia por el homicidio del sujeto causante.

Ley  23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 22 de julio de 2015)

El objetivo de la nueva ley es, de una parte, adaptarse a los sucesivos cambios habidos en el ordenamiento socio-laboral y al traspaso de la función pública inspectora a las comunidades autónomas del País Vasco y de Cataluña; y de otra, construir un nuevo modelo organizativo que garantice la convivencia de los principios de unidad de función y concepción única e integral del sistema con el desarrollo de las competencias de las comunidades autónomas en la materia. Igualmente, se intenta atender a las demandas de los trabajadores en materia de contratación, de prevención de riesgos laborales, y prohibición de discriminación.

La ley establece un modelo de inspección basado en una serie de principios ordenadores comunes, entre los que cabe destacar la búsqueda de la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio a los ciudadanos, la concepción única e integral del Sistema y el principio de unidad de función y actuación inspectora.

Con el fin de consolidar y reforzar la presencia de las comunidades autónomas en el sistema de inspección, se instituye la autoridad autonómica de la inspección de trabajo y seguridad social, que será el cargo designado por cada gobierno autonómico a quien la ley encomienda, entre otras funciones, las de impulso, propuesta y supervisión de las actuaciones inspectoras respecto a las competencias autonómicas en su territorio.

Se prevé la creación de una Oficina Nacional de lucha contra el fraude como órgano especializado de la inspección de trabajo y seguridad social para combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la seguridad social.

Novedad de interés es que se crean dos escalas dentro del cuerpo de subinspectores laborales, a quienes adicionalmente se atribuyen nuevas competencias: una escala de subinspectores de empleo y seguridad social, conformada por el actual cuerpo de subinspectores y otra nueva, de subinspectores de seguridad y salud laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales.

Ley 25/2015, de 2 de julio, por la que se regula el Mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 29 de julio de 2015)

Conviene detenerse en las medidas de orden social contenidas en el Título II de esta ley, especialmente en su art. 8, en el que se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo indefinido. Esta medida consiste en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores. Así, los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente a contingencias comunes quedarán exentos de cotización empresarial cuando el contrato se celebre a tiempo completo. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, dicha cuantía se reducirá en proporción al porcentaje en que disminuya la jornada de trabajo, que no podrá ser inferior al 50 por ciento de un trabajador a tiempo completo.

Este beneficio en la cotización consistirá en una bonificación, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, en caso de que el contrato indefinido se formalice con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y en una reducción, a cargo del sistema de la Seguridad Social, en los demás supuestos. Dicho beneficio se aplicará durante 24 meses, salvo en las empresas de menos de 10 trabajadores en las que se prolongará 12 meses más, quedando exentos durante este último período de la aplicación del tipo de cotización los primeros 250 euros de la base de cotización o la cuantía que proporcionalmente corresponda en los supuestos de contratación a tiempo parcial.

Del mismo modo, el art. 9 de la Ley prevé una bonificación en la cuota del trabajador por cuenta propia por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación. Se regula el derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida, el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento establecido en el régimen especial en supuestos como el cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo; por tener a cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada; la aplicación de la bonificación estará condicionada a la permanencia en alta en el régimen especial de la seguridad social de trabajadores por cuenta propia y a la contratación de un trabajador a tiempo completo o parcial que deberá mantenerse durante todo el periodo de disfrute, al menos de 3 meses.