El 22 de junio de 2016 el grupo marxista, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmó un acuerdo histórico con el gobierno, dando fin al conflicto civil de más duración en todo el mundo. Si bien sus términos están sujetos a un referéndum, si el acuerdo es aprobado será la primera ocasión en cualquier nación en la que comandantes de un grupo guerrillero han acordado ser investigados y potencialmente juzgados.

Hace unos treinta años el gobierno logró aislar a las FARC en sus bastiones selváticos, si bien esto permitió que las guerrillas se consolidaran y tomaran control de la Colombia rural, la gran parte de la cual quedó fuera de límites para los pobladores citadinos. Las FARC controlan el 70 por ciento de todo el territorio de plantío de coca en Colombia.

Los beneficiarios del acuerdo a mediano y largo plazo serán las regiones colombianas sin urbanización y las fuerzas armadas compuestas por unos 200,000 soldados, las cuales ahora podrán dedicar más recursos a la lucha contra otra organización guerrillera, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como varias bandas criminales no-ideológicas conocidas localmente como 'BACRIMs'. Irónicamente, muchas de las BACRIMs son un legado de las fuerzas paramilitares que históricamente fueron patrocinadas por terratenientes para proteger su comercio de las FARC.* Es por esta razón que las reformas agrarias son uno de los temas principales en los acuerdos de paz, incluyendo una programas de desarrollo rural que requerirán gastos sustantivos.

Los acuerdos tienen también el propósito de transformar en un partido político capaz de cubrir el espectro multiétnico del país. Las 8,000 tropas uniformadas de las FARC se congregarán en 23 'Zonas Verdales Transitorias de Normalización' alrededor del país, cada una de las cuales estará protegida por un perímetro de 1-kilómetro al cual el ejército no tendrá acceso. Las tropas de las FARC pasarán hasta 180 días en los campamentos, durante los cuales tendrán que entregar sus 45,000 armas a una misión de verificación de la ONU y recibirán entrenamiento para su transición a la vida civil. Se ha acordado que los campamentos no estarán localizados en áreas donde los plantíos de coca o la minería ilegal estén presentes. La esperanza del gobierno colombiano es que, al trabajar de la mano con las FARC, las comunidades rurales podrán ser reintegradas a la sociedad y economía nacional, previniendo la transferencia de actividades ilícitas a otros grupos armados. Sin embargo esto depende de la habilidad del estado de llenar vacíos en otras zonas de alto riesgo lejanas a los campamentos de las FARC, donde el tráfico de drogas, así como la minería y tala ilegales continúan.

El riesgo del reciclaje de economías ilícitas se acentúa por el hecho de que aproximadamente 10,000 militantes de las FARC no estarán obligados a ingresar a los campamentos. Son estos milicianos que ayudan a gestionar el más de USD1 billón de ingresos que producen las FARC.

Al mismo tiempo, el ELN no ha mostrado interés real de alcanzar la paz y permanece activo en las regiones colombianas ricas en hidrocarburos, en donde se les culpa del secuestro de civiles y la explosión de ductos. Al mismo tiempo se reporta que ciertas BACRIMs están intentando ocupar los vacíos dejados por las FARC y en Medellín dos grupos neo-paramilitares están actualmente enfrascados en una disputa territorial.

En el contexto de precios bajos de petróleo y crecimiento económico débil se anticipa que la administración Santos tendrá que incrementar impuestos para poder llevar a cabo las inversiones requeridas por los acuerdos de paz. Sin embargo, se espera que los colombianos aprueben el acuerdo durante el referéndum. Sean cuales sean los retos por venir, hay un gran apetito para pagar el precio que ponga fin a un conflicto de 52 años.

*Recientemente Chiquita, un productor de plátanos, se declaró culpable en EE.UU. de cargos penales federales involucrando el financiamiento y provisión de apoyo material a las llamadas auto-defensas paramilitares, las AUC.