El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año 2016. Entre las novedades introducidas por la misma se encuentra la creación del denominado“complemento de maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social”, regulado tanto en la Ley General de la Seguridad Social como en la Ley de Clases Pasivas del Estado. Una medida positiva, sin perjuicio de lo cual, plantea algunas dudas que a continuación exponemos.

En concreto, el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece que se abonará un complemento a las mujeres que hubieran tenido hijos -biológicos o adoptados- beneficiarias de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Dicho complemento consiste en un porcentaje sobre la respectiva pensión que varía del 5% al 15%, en función del número de hijos. La Ley justifica el reconocimiento de este privilegio en favor de las mujeres-madres-pensionistas por “su aportación demográfica a la Seguridad Social”.

Ahora bien, cabe preguntarse si esta novedosa medida se ajusta a las disposiciones establecidas por el Derecho de la Unión Europea en materia de discriminación por razón de sexo. Y es que existen antecedentes en los que, enjuiciando medidas muy similares a la analizada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado su carácter discriminatorio -directo o indirecto- con respecto a los hombres.

Así, las sentencias del TJUE de 29 de noviembre de 2001 (asunto nº. C-366/99, Caso GRIESMAR), y de 17 de julio de 2014 (asunto nº. C-173/13, Caso LEONE), analizaron si la normativa francesa –similar a la que ha entrado en vigor en España– se ajustaba al derecho europeo.

Como ejemplo más cercano, en el Caso GRIESMAR se dirimió si era discriminatoria la normativa francesa que establecía en favor de las funcionarias-madres una bonificación respecto de la pensión de jubilación de un año por cada hijo legítimo –natural, legalmente reconocido o adoptivo-, siempre que hubieran cuidado de los mismos durante un periodo mínimo de nueve años con anterioridad a que los hijos cumplieran la edad de 21 años.

En este sentido, el TJUE constata la existencia de una diferencia de trato por razón de sexo con respecto a los funcionarios-padres que hubieran asumido efectivamente el cuidado de sus hijos. El TJUE considera que la bonificación concedida a las funcionarias-madres no constituye una medida destinada a ayudar a las mujeres en su vida profesional porque, al concederse en el momento del cese de la actividad, no aporta un remedio a los problemas que hubieran podido encontrar durante su carrera.

De esta manera, declara que las dificultades profesionales soportadas por las madres de familia no se resuelven mediante el sistema de bonificación previsto y que, por tanto, la diferencia de trato por razón de sexo que establece la normativa francesa no está justificada, resultando discriminatoria para los hombres.

La medida española tampoco tiene en consideración las dificultades profesionales de las madres de familia, por lo que, en consecuencia, no es posible descartar que los Tribunales interpreten, en aplicación de la jurisprudencia del TJUE, que el nuevo artículo 60 de la LGSS ha de aplicarse tanto a mujeres como a hombres.