La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha introducido determinadas modificaciones en el texto legal citado en relación con las facultades de comprobación por parte de los órganos de la Administración Tributaria.

En particular, la modificación se materializa por la suma de los artículos 66 bis (nuevo), 70.3 (modificado), 115 (modificado) y la Disposición Transitoria única (apartado 2). Adicionalmente, hay que tener en cuenta la incidencia de estos cambios, en esta misma materia, en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”), en lo que refiere al contenido de sus artículos 26.5, 31.7, 32.8 y 39.6.

Las consecuencias más relevantes de esta reforma son las siguientes:

  • Se diferencia entre derecho a liquidar y derecho a comprobar. Esta diferenciación es trascendente y ha sido ratificada durante el pasado año 2015 en varias sentencias del Tribunal Supremo. En particular, ese distingo se concreta, esencialmente, en la inexistencia de prescripción en cuando al derecho a comprobar (distinto del derecho a practicar liquidaciones, que sigue manteniendo el límite de la prescripción).
  • Tiene incidencia en la obligación de conservación de documentación.
  • Se explicitan las facultades que la Administración podrá desarrollar en el seno de los procedimientos de comprobación de ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de las que no se hubiese producido la prescripción del derecho a liquidar. En particular, en relación con operaciones realizadas en ejercicios respecto de los que sí se hubiese producido dicha prescripción.
  • Se establece una excepción fijándose un límite temporal para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, que sólo podrá realizarse en el plazo de diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.
  • Se establece la retroactividad de la modificación realizada, aplicándose la norma, con todas sus consecuencias, también limitativas en el ámbito temporal para la Administración, en todos los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de la Ley (12 octubre de 2015) en los que, a dicha fecha, no se hubiese formalizado propuesta de liquidación.