La XXII Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 22) ha dado comienzo el 7 de noviembre, en Marruecos, con el objetivo de concretar y desarrollar las acciones recogidas en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, acuerdo negociado y adoptado en la anterior conferencia (COP 21) —celebrada en noviembre del 2015— y que entró en vigor el pasado viernes.

El pasado 4 de noviembre del 2016 entró en vigor, a una velocidad sin precedentes, el Acuerdo de París adoptado en la última Conferencia de las Partes (COP 21) sobre el Cambio Climático, celebrada por Naciones Unidas en diciembre del 2015.

Su entrada en vigor requería la ratificación de, al menos, cincuenta y cinco partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que, a su vez, juntas sumaran, como mínimo, el 55 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Ambos umbrales fueron superados el pasado octubre gracias a la ratificación, en total, de noventa y cuatro partes (noventa y tres países y la Unión Europea) de las ciento noventa y siete partes de la mencionada convención.

A pocos días de celebrarse la siguiente Conferencia de las Partes (COP 22), que está teniendo lugar en Marrakech, del 7 al 19 de noviembre, la entrada en vigor del Acuerdo de París posibilita un marco ambicioso para concluir con éxito sus compromisos y, fundamentalmente, para elaborar lo que se ha denominado Reglamento de desarrollo del acuerdo, que, conforme con el Derecho internacional, terminológicamente, no es más que su protocolo.  

De hecho, haciendo honor a su naturaleza internacional, se trata de un acuerdo programático y declarativo (soft law). Por ello, la comunidad internacional es consciente de que, para lograr el principal objetivo del acuerdo —esto es, el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los dos grados centígrados y la aspiración de limitarla a un grado centígrado y medio—, es necesario especificar más detalladamente una hoja de ruta con, entre otras medidas, las distintas obligaciones que se han de exigir a cada parte en función de sus respectivas responsabilidades (país desarrollado y en desarrollo) y los respectivos calendarios de cumplimiento. 

En esta tarea, los Gobiernos y las empresas no parten de cero. Existe una gran experiencia y conocimiento sobre la manera de actuar en la lucha contra el cambio climático gracias a los numerosos y exitosos modelos de cooperación climática internacional, así como a los mecanismos de financiación que se han ido definiendo e implantando en las últimas dos décadas de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Aun así, el reto de lograr un modelo económico bajo en carbono en los términos de París requiere un alto esfuerzo. 

Por el momento, durante este año, los países firmantes del acuerdo han ido presentando ante la Secretaría de la Convención Marco sus primeras contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, Intended Nationally Determined Contributions), que no son más que los objetivos de reducción, a cinco años, que cada parte prevea lograr a nivel nacional, de forma progresiva y exponencial a la baja, partiendo de sus compromisos anteriores. De esta forma, la imposibilidad de consensuar objetivos concretos de reducción por las partes —según el modelo del Protocolo de Kioto— durante las negociaciones post-Kioto anteriores al acuerdo, se ha salvado con dichas INDC. Tales contribuciones se inscribirán en un Registro público que llevará la secretaría. Además, todos los años las partes deberán rendir cuentas, internacionalmente, de su senda de cumplimiento a fin de garantizar la integridad ambiental, la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia de las medidas y políticas nacionales adoptadas al efecto.

Evidentemente, el contenido de estas INDC va a ser muy interesante en la medida en que se esperan unos compromisos de reducción cada vez más ambiciosos que deberán sustentarse en la identificación y el apoyo de aquellas actividades y sectores que, según cada parte, cuenten, en el ámbito nacional, con un elevado potencial de reducción de emisiones. En este punto, iniciativas como favorecer un crecimiento acelerado de las energías renovables, permitir el autoconsumo o fijar, a corto o medio plazo, la eliminación completa de los combustibles fósiles como fuentes de energía, son ejes centrales de algunas de estas INDC.

Por su parte, las empresas están ansiosas por conocer, tras el Acuerdo de París, las nuevas condiciones y los mecanismos, tanto nacionales o comunitarios como internacionales, que facilitarán la reducción de sus emisiones o las inversiones en proyectos en tal sentido. El posible establecimiento de nuevos mercados de créditos de emisiones, la fijación de un nuevo precio para el carbono o la inclusión de nuevos sectores en los mercados actuales o, por el contrario, la exclusión de los que aporten otro tipo de contribución al balance nacional de reducción son cuestiones claves. Además, la futura configuración del nuevo mecanismo de sostenibilidad que anuncia el artículo 6 del Acuerdo de París, su semejanza o no con el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o el fortalecimiento de las iniciativas de emisión de bonos verdes como fuente de financiación para impulsar proyectos y economías bajos en carbono son cruciales para analizar las oportunidades de negocio y, evidentemente, los riesgos de políticas e inversiones de reducción de emisiones. 

Finalmente, siguiendo la línea iniciada por el Protocolo de Kioto, el acuerdo considera indispensable posibilitar o acelerar la transferencia de tecnología y fortalecer la capacidad de los países desarrollados hacia los países en desarrollo movilizando fondos de financiación al efecto: el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial pasan a conformar el mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el Fondo para los Paí- ses Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático, administrados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, estarán al servicio del acuerdo.

No obstante, un asunto clave —y que figura en la agenda de la Conferencia de las Partes 22— es asegurar que realmente se movilizan los 100 000 millones de dólares que los países desarrollados han prometido a los países en desarrollo para el año 2020, así como, como contraparte, alentar las inversiones por parte de inversores, bancos, fondos y el sector privado. Entre 5 y 7 billones de dólares —como cifras orientativas— es el presupuesto necesario que fijan los expertos para posibilitar la transformación de un modelo económico bajo en carbono a nivel mundial.

Sin duda, si bien se puede decir que el Acuerdo de París constituye el «mejor acuerdo logrado» en el marco de las negociaciones internacionales existentes en la Conferencia de las Partes 21, teniendo en cuenta las diferentes posiciones nacionales y la exigente agenda de las Naciones Unidas, ahora es necesario avanzar para concretar su contenido y consecuentemente lograr su objetivo. Se espera, pues, que sean las conferencias de las partes las que reconsideren y completen sus términos, sirviendo la vigesimosegunda de Marrakech como ejemplo de tal cometido.