La fecha límite de trasposición de la llamada Directiva de daños se aproxima sin que haya visos de que el Estado español pueda cumplir con su obligación de incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico. A continuación repasamos el estado de la cuestión.

Marco jurídico actual

A día de hoy, las reclamaciones de daños por infracciones de competencia se articulan como reclamaciones por responsabilidad extracontractual, cuyo plazo de prescripción es de un año desde que se tuvo (o pudo tener) conocimiento del daño. Si la reclamación se fundamenta en una resolución firme de la autoridad española de competencia, sólo habrá que probar el daño y la relación de causalidad entre la infracción cometida y el daño. En caso de que la resolución no sea firme, además de probar el daño y la relación de causalidad, habrá que pedir la declaración de la infracción y, para ello, probar su existencia. Las reclamaciones del primer grupo se conocen como de seguimiento o follow-on y las segundas, como independientes o stand alone. La competencia para conocer de las reclamaciones de daños por infracciones de competencia corresponde a los juzgados de lo mercantil, aunque en el caso de las reclamaciones follow-on existe la duda de si los juzgados competentes son los de primera instancia.

La Directiva 2014/104/UE

La Directiva 2014/104/UE, aprobada en diciembre de 2014 tras un largo periodo de debate, promueve las acciones privadas por daños derivados de infracciones en materia de defensa de la competencia (cárteles, acuerdos restrictivos, abusos de posición de dominio, etc.). A tal fin, la Directiva obliga a los Estados miembros a adaptar sus ordenamientos jurídicos a las obligaciones sustantivas y de procedimiento establecidas en la Directiva. Entre ellas, merece destacar las siguientes: (i) el plazo de prescripción de las acciones de daños y perjuicios, que se fija en cinco años desde que se pudo conocer la infracción, el perjuicio y los responsables, o de un año desde que la resolución en la que se declara la infracción devino firme; (ii) el reconocimiento del efecto vinculante de las resoluciones de las autoridades de competencia que declaren una infracción y que sean firmes para los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se adopten; (iii) la imposición de la responsabilidad solidaria de los infractores que participen en una misma infracción (salvo para quien haya sido eximido de la multa en el marco de un programa de clemencia y para las PYMES que cumplan con determinados requisitos); (iv) la existencia de una presunción de daños en casos de cárteles; y (v) las normas respecto de la exhibición de las pruebas relevantes para fundar las pretensiones de los demandantes. Algunas de estas cuestiones, como el plazo de prescripción de cinco años o las normas relativas a la exhibición documental, son ciertamente novedosas para nuestro derecho.

La propuesta de ley

El 15 de enero de 2016, el Ministerio de Justicia publicó la propuesta de ley para la trasposición de la Directiva 2014/104/UE. El documento preveía la inclusión de las normas sustantivas recogidas en la Directiva en la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y la de las normas procesales en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Cabe destacar que, en algunas materias, la propuesta iba más allá de lo exigido por la Directiva. Así, por ejemplo, establecía el efecto vinculante de las resoluciones firmes de las autoridades de competencia de cualquier Estado miembro para los tribunales españoles, hacía extensible las normas sobre acceso de la prueba a todos los procedimientos civiles, o establecía la responsabilidad solidaria de la matriz por los daños causados como consecuencia de la participación de su filial en la infracción.

Futuro próximo

Ante la ausencia de gobierno, es poco probable que España cumpla con la obligación de trasposición en plazo, lo que obliga a considerar el efecto que la falta de trasposición de la Directiva puede tener para los pleitos que se inicien después del 27 de diciembre.

En principio, las directivas solo tienen efecto directo vertical, permitiendo al particular prevalerse de la norma europea frente al Estado, pero no frente a los particulares –horizontal–. La Directiva regula las reclamaciones de daños entre particulares (aplicación privada del derecho de la competencia), así que resulta discutible reconocer, en este caso, un efecto directo a sus previsiones normativas. No obstante, los órganos jurisdiccionales vendrán obligados a interpretar el derecho de daños nacional de conformidad con los principios contenidos en la Directiva, lo que con toda probabilidad generará dudas acerca de su alcance, pero también acerca del resultado de esa interpretación, puesto que la Directiva, en algunas cuestiones, no destaca por su claridad.

En estas circunstancias, paradójicamente, la fecha en la que debería haberse proporcionado mayor seguridad en el régimen aplicable a las reclamaciones de daños en materia de competencia en España podría ser aquella a partir de la cual se planteen incertidumbres mayores acerca de las normas vigentes en esta materia. Con ello, quizás se aborte el incipiente despegue de las reclamaciones de daños en materia de cárteles.