El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 13 de mayo de 2014 una sentencia en el caso de Google Spain, S.L. y Google, Inc. contra la Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González, en la cual se reconocía por primera vez el derecho al olvido y se establecían criterios para su ejercicio. Nos lo cuentan Daniel Urbán y Paula Barnola, abogados del despacho.

 A raíz de esta sentencia, el llamado Grupo de Trabajo del artículo 29, del que forman parte todos los Estados miembros, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Comisión Europea, se apresuró a crear una guía interpretativa sobre los conceptos desarrollados por el TJUE en relación con el derecho al olvido.

La guía aborda temas como la protección de datos en buscadores de internet o los criterios a utilizar para determinar cuándo estamos ante datos excesivos o inadecuados. Sin embargo, entre todos los criterios, reviste de una especial relevancia para ejercer el derecho al olvido, el relativo al estudio de las características subjetivas que deben concurrir en el afectado por el tratamiento, así como el eventual impacto social que se derive de las mismas.

“No existe un criterio objetivo que nos permita determinar a priori qué personas son figuras públicas a los efectos de ejercitar el derecho al olvido”

Para fijar dichas características subjetivas, el Grupo ha considerado la citada sentencia del TJUE, además de sentencias anteriores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establecen la relevancia pública del sujeto como uno de los factores que determinan la posibilidad de obtener con éxito la cancelación de los datos, al amparo del ejercicio del derecho al olvido.

En este sentido, a mayor relevancia pública del afectado, más probable será que se deniegue el ejercicio del mencionado derecho, ya que el derecho a la protección de datos claudicará ante el interés público de que la información relativa al sujeto sea accesible.

¿QUIÉN ES UNA FIGURA PÚBLICA?

El Grupo entiende que existe relevancia pública y estamos ante una “figura pública” de forma específica, quienes están destinados a desarrollar un papel en la vida pública y/o utilicen recursos públicos para el desarrollo de la actividad en virtud de la cual devienen figuras públicas. Este sería el caso de las personas que ostenten cargos públicos, por ejemplo. Pero también, de forma amplia, serán “figura pública” todos aquéllos que desempeñan un papel en la vida pública, y esto incluye a artistas, deportistas, etc. En definitiva, “figura pública” comprende a aquellos individuos que están sometidos a un cierto nivel de exposición mediática.

No existe, por tanto, un criterio objetivo que nos permita determinar a priori qué personas son figuras públicas a los efectos de ejercitar el derecho al olvido. Pero aún en el supuesto de que un individuo cumpla con las características exigidas para erigirse como figura pública, ello no legitimará automáticamente un tratamiento generalizado e indiscriminado de sus datos personales o de sus familiares.

En efecto, se podrá ejercitar el derecho al olvido con mayores garantías de éxito respecto de aquella información genuinamente privada y que –añadimos- no venga justificada por razón del cargo o de la relevancia pública de la persona, como es el caso de información sobre salud, otros miembros de su familia, etc.

En conclusión, se han sentado unas bases mínimas que nos permiten esbozar los requisitos que se deben dar en el afectado por el tratamiento de los datos personales para ejercitar con mayor o menor éxito el derecho al olvido, pero habrá que estar a la interpretación que las agencias de protección de datos de los diversos Estados miembros de la Unión Europea realicen de este derecho y, en particular, de las consecuencias que la relevancia pública de una persona pueda tener en el ejercicio de este derecho.