El Tribunal Supremo casa y anula una sentencia de un TSJ en la que se desestima un recurso formulado por el organismo regulador en materia de competencia y confirma no sólo su legitimación a efectos de impugnación de actos y disposiciones que afecten a la competencia sino también la incompatibilidad de las prórrogas previstas en el Plan de modernizaciones de las concesiones de transporte publico regular permanente de personas de uso general por carretera de Galicia con el Reglamento Comunitario sobre servicios de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera1.

El 14 de marzo de 2016 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en un recurso de casación interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (de 24 de mayo de 2012) en un recurso contencioso administrativo sobre concesiones de transporte público regular permanente de viajeros por carretera.

El litigio trae causa de la aprobación, mediante Resolución de 26 de febrero de 2010 de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia, del Plan de modernización de concesiones de transporte publico regular permanente de viajeros, contra el que se opuso desde un primer momento la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por entender que dicho plan comportaba una vulneración del Reglamento CE 1370/2007 en relación con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 2 del Código Civil y ello por establecer una duración de las concesiones superior a los 10 años establecidos en el Reglamento2.

De su contenido interesa destacar dos extremos: el relativo a la legitimación de la CNMC para impugnar la Resolución de la Junta de Galicia y la compatibilidad de las prórrogas acordadas en materia de concesiones de transportes con el Reglamento comunitario mencionado.

1. En primer lugar, en lo que hace a la posición de la CNC primero y CNMC después en el proceso, interesa poner de relieve que, como señala la STS en su fundamento jurídico tercero, la legitimatio ad processum de la CNMC ya se planteó en el procedimiento contencioso administrativo tramitado ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en especial porque el plan de modernización impugnado afecta a concesiones de transportes que discurren exclusivamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, habiendo opuesto alguno de los actores que los competentes para actuar en defensa de la competencia en relación con dicho plan eran los órganos creados a tal fin por la Comunidad Autónoma.

Entendió la STSJG que aunque el artículo 12 apartados 2 y 3 de la Ley 15/2007 reconocen que la CNC – ahora CNMC3 – ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional y está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente actos de las Administraciones Públicas sujetos a derecho administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados4, la decisión de la Administración demandada de rechazar el requerimiento de la Comisión fue conforme a derecho.

Así la STSJG desestimó el recurso de la CNC, no porque careciera de competencia territorial sino porque entendía que la impugnación pretendida lo era en última instancia de una norma con rango de Ley, algo para lo que la CNC no estaba facultada. Llega a esta conclusión desde el entendido de que la Resolución impugnada no establece prórroga alguna sino que se limita a desarrollar las previsiones del plan general de modernización aprobado por la Ley 5/20095 y ese desarrollo en ningún caso determina la existencia de prórrogas de las concesiones, que son consecuencia de la decisión del legislador autonómico, de manera que concluye que el rechazo a los requerimientos de la CNC fueron correctos al entrañar la impugnación de una norma con rango legal, para lo que carece de atribuciones6.

El Tribunal Supremo en cambio, como a continuación se expondrá, considera que es el Plan, aprobado por una resolución de la Comunidad Autónoma7 el que concreta esa prórroga y por tanto entra sobre el fondo, de lo que se deduce la legitimación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

2. En segundo lugar y en cuanto al fondo del asunto en cuestión, analiza la sentencia tres cuestiones distintas: qué norma o disposición es la que determina la prórroga de las concesiones, la aplicabilidad del Reglamento comunitario en razón de la fecha de entrada en vigor y la compatibilidad o incompatibilidad de las prórrogas con el Reglamento comunitario.

  • En cuanto a la previsión de la prórroga de las concesiones, tan debatido ante el TSJG a los efectos de determinar si ésta se establece en norma con rango de ley o reglamentaria, señala el TS que “resulta incontestable que aunque sea la Ley la que prevé la existencia y la directa aplicabilidad de la prórroga, esta no se produce hasta tanto no se dicte la resolución de aprobación del plan de modernización que desarrolla las bases contempladas en el anexo de la propia Ley”. En consecuencia la contravención del Reglamento comunitario respecto de la duración máxima de las concesiones como consecuencia de la prórroga se debe a la resolución que la hace efectiva y no a la previsión genérica de la misma contemplada en la Ley.
  • En lo concerniente a la aplicabilidad del Reglamento Comunitario CEE 1370/2007, dado que su entrada en vigor se produjo el 3 de diciembre de 2009 según determina el artícu- lo 12 del mismo y la Resolución impugnada que determina la prórroga de las concesiones es de 26 de febrero de 2010, aquel era plenamente aplicable cuando se dictó ésta y por consiguiente cuando se aprueba la prórroga de las concesiones están ya en vigor las limitaciones contenidas en el artículo 4 del citado Reglamento.
  • Por último y en lo que se refiere a la incompatibilidad de las prórrogas con el Reglamento, recuerda la sentencia pronunciamientos anteriores de la misma Sala8 y confirma que “la prórroga de las concesiones más allá de los diez años de duración total, prórroga hecha efectiva en el presente supuesto por la resolución de 26 de febrero de 2010, resulta contraía a lo dispuesto por el artículo 4.3 del Reglamento CEE 1370/20079, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre, cuya entrada en vigor se había producido el 3 de diciembre de 2009”.