A la luz de los avances de compañías tecnológicas punteras como son Google, Uber, Amazon o Tesla, es más que evidente que la llegada de los vehículos autónomos a las carreteras españolas está cada vez más cerca. Numerosos datos parecen indicar que la creciente implantación de estos vehículos es imparable. Así, por ejemplo, las autoridades estadounidenses han fomentado el desarrollo de este tipo de tecnología teniendo en cuenta que a día de hoy, según indican, el 94% de los accidentes de circulación son imputables a errores humanos.

Como ya viene siendo habitual en las últimas décadas, cualquier avance de la tecnología va aparejado de una actualización de las reglas del juego, y el uso de vehículos autónomos por parte de la sociedad no va a ser distinto. Se hace pues cada vez más necesaria la articulación de una legislación específica que regule la conducción automatizada en las carreteras españolas.

Es opinión mayoritaria que, más allá de regular la mera circulación de los vehículos autónomos, los regímenes normativos deberán además comprender multitud de aspectos accesorios a la conducción automatizada, citamos, por ejemplo, el régimen de responsabilidad de los coches autónomos en caso de accidentes de tráfico, o los casos de hackeo de los sistemas de automatización del vehículo.

En este sentido, cabe mencionar que los Estados Unidos encabezan la evolución legislativa de este tipo de sistema de transporte. Así el US Department for Transportation publicó en septiembre de 2016 unas directrices específicas para vehículos automáticos. A través de dicho documento -cuyo contenido no es legalmente vinculante-, la autoridad del transporte estadounidense ha hecho pública una guía de recomendaciones a tener en cuenta al regular la circulación de vehículos autónomos, de manera que aquellos estados que deseen instaurar una legislación sobre vehículos autónomos puedan tomarla como punto de partida común.

A nivel español, la Dirección General de Tráfico (DGT) dio los primeros pasos en 2015, definiendo el marco para obtener autorización para el desarrollo de pruebas con vehículos de conducción automática. Así, en su Instrucción 15/V-113, la DGT ofreció a los fabricantes y otros agentes implicados en el desarrollo de este tipo de tecnología un marco en el que poder realizar pruebas en vías y condiciones reales, paso imprescindible para la implantación de estos nuevos vehículos.

Habiendo consolidado este marco inicial, la autoridad española de tráfico ya trabaja en un primer reglamento para regular este tipo de vehículos y lo hace a partir de los resultados obtenidos de la ejecución de diversos proyectos de investigación y desarrollo relativos al ámbito de movilidad autónoma y conectada, subvencionados por la propia DGT. El propósito de las autoridades españolas es sentar las bases de la conducción automatizada en España en sintonía con las demandas de la industria, la tecnología y la sociedad. De hecho, España pretende aprovechar el momento para convertirse en un territorio de desarrollo de este tipo de vehículos en un entorno crecientemente competitivo. En este sentido, no debe extrañar que las propias Naciones Unidas iniciaran en marzo de 2016 los trámites para la modificación de la Convención de Viena de 1968 de circulación vial, a fin de permitir los vehículos autónomos.

De esta manera, es evidente que, del mismo modo que no existen dudas sobre la creciente implantación de este tipo de tecnología, tampoco hay dudas respecto a la inminencia en los cambios legislativos derivados de dicha implantación.

Autores: Claudia Ros y Albert Agustinoy

El pasado 4 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) emitió su sentencia en el asunto C-195/14 relativo a etiquetado de alimentos e inducción a error a consumidores sobre la composición de los mismos en relación con la Directiva 2000/13, de 20 de marzo de 2000, en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Mediante esta sentencia el TJUE responde a la cuestión prejudicial que le planteó el Bundesgerichtshof (tribunal federal de justicia alemán) en el marco de un litigio entre el Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucher-verbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Unión federal de las centrales y asociaciones de consumidores) y Teekanne GmbH & Co. KG en relación con el carácter supuestamente engañoso del etiquetado de la infusión de frutas “Felix aventura frambuesa-vainilla” de Teekanne por entender que el mismo inducía a error al consumidor sobre la composición e ingredientes de la citada infusión.

En el caso enjuiciado y pese a las menciones que se incluían en listado de ingredientes del producto, el envase contenía imágenes de frambuesas y de flores de vainilla, y otras menciones las menciones “infusión de frutas con aromas naturales” e “infusión de frutas con aromas naturales – sabor frambuesa-vainilla”, así como un sello gráfico con la mención “sólo ingredientes naturales”.

El Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal regional superior de Düsseldorf) consideró que el listado de ingredientes del envase era suficiente para descartar todo tipo de confusión en el consumidor respecto a la composición del producto. Contra esta sentencia, el BVV interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof quien remitió una cuestión prejudicial sobre la licitud, en el sentido de los artículos 2(1)(a)(i) y 3(1)(2) de la Directiva 2000/13, del etiquetado cuya descripción o representación figurativa de la impresión de que cierto ingrediente está presente cuando, en realidad, tal y como se desprende del listado de ingredientes, no es el caso.

Por norma general, la jurisprudencia del TJUE tiene establecido que la existencia de información exacta y completa en el listado de ingredientes del envase basta para descartar el engaño al consumidor. Sin embargo, en este caso, señala el TJUE que, la circunstancia de que este listado figure en el envase del producto de Teekane no permite excluir que el etiquetado del mismo pueda inducir a error al comprador e insta al tribunal federal a verificar, examinando los diferentes elementos que componen el etiquetado, si un consumidor medio y razonable-mente perspicaz puede ser inducido a error en cuanto a la presencia o ausencia de ciertos componentes en esta infusión.