1. El derecho a decidir del paciente exige una información adecuada por parte del médico

La relación médico-paciente está configura- da sobre la base del principio de autonomía del paciente, que se manifiesta en el derecho a decidir expresado en su consentimiento, tras una información adecuada. Es imposible hablar de consentimiento o de decisión sin que aquél vaya precedido de la correspondien- te información.

La información que proporcione el médico debe ser completa, verdadera, comprensible, —esto es, que se comunique al paciente de forma entendible y adecuada a sus necesida- des—, y que le ayude a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. La in- formación que se presta debe estar adaptada al paciente, a la situación, al tipo de interven- ción de que se trate (no es lo mismo la medici- na voluntaria que la curativa) y a la gravedad y urgencia de la intervención que sea preciso efectuar.

El deber de información persigue que el pa- ciente conozca y sea capaz de valorar de forma efectiva y sin apreciaciones erróneas las consecuencias del tratamiento que se le ofrece, así como los posibles efectos de no someterse a él. De esta forma, asume con su consentimiento las posibles consecuencias de- rivadas de aquél.

2. El derecho a la información puede encon- trar ciertas limitaciones que han de ser apreciadas por el médico

El derecho a la información del paciente se ve limitado o restringido por determinadas cir- cunstancias concurrentes que deben ser de- bidamente valoradas por el médico (y, en su caso, apreciadas a posteriori por el tribunal). Por este motivo, en estos casos, el profesional se verá obligado a hacer un mayor esfuerzo de comprobación y de prueba que le pueda exi- mir posteriormente de responsabilidad.

Estas limitaciones vienen motivadas tanto por la propia autonomía de la voluntad del paciente que, en aplicación de su derecho sobre sus de- cisiones, puede decidir no conocer su situación clínica, igual que decide someterse o no some- terse a una concreta intervención, como por otras razones médicas que el profesional debe tener presentes. Estas razones son la necesidad urgente de actuar (urgencia que puede ser in- compatible con la propia obtención del consen- timiento) u otras de salud pública que puedan exigir al profesional llevar a cabo actuaciones en contra de la voluntad del propio paciente, pero en beneficio de la salud pública.

3. El deber de informar es una obligación esencial del médico

El deber de informar es una obligación del profesional  sanitario  de  sustancial entidad cuya contravención se trata por parte de los tribunales como una infracción de la lex artis separada de su propia práctica médica y que da lugar a la indemnización autónoma del daño moral causado por la pérdida de la facul- tad de decidir.

Los profesionales sanitarios han de dedicar todo el tiempo que sea necesario a informar  a sus pacientes y cerciorarse de que éstos han entendido de manera correcta los riesgos y alternativas de someterse a un determina- do tratamiento o intervención. El Código de Deontología Médica (2011) del Consejo Ge- neral de Colegios Oficiales de Médicos seña- la que «[l]a información al paciente no es un acto burocrático sino un acto clínico. Debe ser asumida directamente por el médico respon- sable del proceso asistencial, tras alcanzar un juicio clínico preciso».

4. La falta de información conlleva la trasla- ción de riesgos al profesional

La falta de consentimiento del paciente por no haber sido debidamente informado de los riesgos, consecuencias y alternativas de someterse a un determinado tratamiento o intervención —de manera que haya sido capaz de reflexionar sobre su situación y de expresar una voluntad libre y meditada acerca del acto médico al que se some- te— lleva a trasladar al profesional el riesgo de la intervención efectuada, lo que determina, en con- secuencia, el deber de indemnizar.

5. Es indemnizable el daño moral causado por la privación del derecho a decidir

La jurisprudencia configura el daño moral cau- sado como consecuencia de la privación de la facultad de decidir como un daño autónomo del propio daño derivado del acto médico. Los tribunales por ello otorgan «el derecho a la in- demnización no por las consecuencias deriva- das del acto quirúrgico sino porque se desco- noció un derecho del enfermo irrenunciable a decidir por sí si quería o no asumir los riesgos inherentes a la intervención a la que iba a ser sometida»1.

No obstante, aunque el daño moral se indem- nice con independencia de si existió o no una negligencia médica causante del daño —pues se configura como un daño moral autónomo del propio perjuicio causado con la actuación médica—, la jurisprudencia sí señala que es preciso que exista daño para que surja la obli- gación de indemnizar.