Los países de la Región Centroamericana han ido incorporando y adecuando sus legislaciones a las regulaciones internacionales de precios de transferencia y prácticamente las disposiciones aplicables a partes relacionadas ya se han expandido en toda la región, lo cual implica, que las empresas con presencia regional deben visualizar, revisar y abordar el tema de la determinación de precios en las operaciones intragrupo desde una perspectiva integral, bajo un enfoque de planeación fiscal regional y no solamente local.

El estatus de la adopción y aplicación de reglas de precios de transferencia en operaciones efectuadas entre partes relacionadas en cada país de la región centroamericana se muestra a continuación: 

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La tendencia en la región, ha sido armonizar las reglas de precios de transferencia con las disposiciones o lineamientos que sobre ese particular establece Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual ninguno de los países de la región es Miembro.

El Salvador, no ha sido la excepción, así, en la última reforma fiscal efectuada en el mes de julio del año 2014 en materia de precios de transferencia, se adoptó en el artículo 62-A del Código Tributario, la utilización de los procedimientos y métodos técnicos contenidos en los lineamientos sobre precios de transferencia de la OCDE.

Esa reforma legal abre el camino para que los lineamientos de una Organización Internacional, como es la OCDE, tengan aplicación en nuestro medio en las operaciones que realizan las compañías relacionadas.

En ese sentido, resulta relevante tener presente, que las medidas más recientes, que la OCDE ha desarrollado, están orientadas a establecer una serie de disposiciones más rigurosas en las operaciones que se realicen entre partes relacionadas.

Bajo ese contexto, la OCDE ha desarrollado el denominado ¨Plan de Acción BEPS¨ (Base Erosion and Profit Shifting) el cual se compone de 15 acciones, entre los cuales merece destacar las que se enfocan sobre los puntos siguientes: el comercio digital (acción 1), empresas holding extranjeras (acción 3), deducción de intereses y otros gastos financieros (acción 4), prevención del abuso de tratados internacionales (acción 6), prevención de la evasión artificial del Establecimiento Permanente (acción 7), intangibles (acción 8), revelación de arreglos de planeación fiscal agresiva (acción 12), reexaminar la documentación de precios de transferencia (acción 13), desarrollo de un instrumento multilateral que permita a los países a mayor velocidad adherirse a una amplia red de Tratados (acción 15). Para cada una de las 15 acciones se ha preparado prácticamente un manual, los cuales están ya en sus etapas finales para posteriormente ser divulgados y puestos en aplicación.

Sin lugar a dudas, las autoridades fiscales de los países de la región apuntarán a orientar sus disposiciones en materia de precios de transferencia en la vía de los lineamientos que establezca la OCDE.

En El Salvador y el resto de países de la región, las autoridades tributarias han empezado a apostar por la realización de fiscalizaciones enfocadas en precios de transferencia, en las que visualizan tener un caudal recaudatorio importante, por lo que, es importante estar debidamente actualizado y afrontar el tema de manera preventiva, estableciendo políticas coherentes y adecuadas de precios de transferencia al interior de los grupos empresariales con enfoque regional integral, que garanticen el cumplimiento tributario y eviten que las empresas afronten procesos legales prolongados y continuos de fiscalización y de determinación de impuestos e imposición de multas significativas.

Será un gusto poder asistirles en este importante tema, con nuestros expertos locales e internacionales.