La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina dictó una decisión suspendiendo los aumentos de tarifas para el servicio de gas a usuarios residenciales en toda la Argentina.

Los aumentos habían sido aprobados como parte sustancial de una serie de reformas en materia energética y financiera llevadas a cabo por la Administración Macri para promover inversiones en la deteriorada infraestructura.

El fallo de la Corte retrasa los aumentos de tarifas previstos para los usuarios residenciales hasta que se realice una audiencia pública ampliamente participativa.

La Corte circunscribió los efectos de su decisión del 18 de agosto a los usuarios residenciales con base en la limitada posición de los demandantes (asociaciones de consumidores). Por lo tanto, una decisión similar eventualmente podría abarcar a usuarios industriales y comerciales.

Antecedentes

A finales del mes de marzo de 2016, el Ministerio de Energía y Minería (MEM) dictó varias Resoluciones que entraron en vigencia el 1º de abril de 2016, por las cuales se aumentaron los precios y tarifas para el servicio de gas después de más de una década sin sufrir cambios. Una ONG, a la cual se sumó posteriormente una asociación de consumidores, inició una acción de amparo colectivo contra el MEM impugnando los aumentos de tarifas.

En una apelación extraordinaria ante la Corte Suprema, el gobierno argentino a través del MEM, buscó revertir una decisión previa de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de La Plata, que había anulado los aumentos de tarifas para toda clase de usuarios.

Una decisión unánime

La Corte Suprema emitió una decisión unánime suspendiendo los aumentos de tarifas para los usuarios residenciales del servicio de gas. Con base en la limitada posición de los demandantes, los efectos de la decisión de la Corte no alcanzan a los usuarios industriales y comerciales.

La Corte coincidió con el criterio de los demandantes en el sentido de que las tarifas de gas no podían ser aumentadas sino hasta después de realizarse una audiencia pública, rechazando el argumento del gobierno de que el gas no era un servicio público y que por tanto no estaba sujeto al requisito de una audiencia pública previa. La Corte insistió en que una audiencia pública ampliamente participativa se justifica para poder asegurar que las tarifas para los usuarios finales sean razonables y reforzar la legitimidad de las decisiones de las autoridades públicas.

Necesidad de nuevas inversiones en el sector

La política energética argentina de los últimos años había desincentivado las inversiones en la infraestructura de transporte y distribución de gas. Entre los argumentos presentados ante la Corte por el gobierno argentino, éste sostuvo la necesidad de un nuevo esquema de precios del gas para promover inversiones en la exploración y explotación del gas natural, y garantizar el abastecimiento del servicio a toda la población. El gobierno argumentó que sin un incremento de las tarifas, atraer nuevas inversiones sería virtualmente imposible.

La Corte reconoció el retraso existente en los reajustes tarifarios. Sin embargo, observó que los necesarios ajustes deberían ser graduales y razonables, y resaltó que los cambios repentinos en realidad podían resultar contraproducentes para el objetivo del gobierno de incrementar las inversiones.

El gobierno argentino mantiene la potestad de ajustar tarifas

La Corte Suprema confirmó que la potestad tarifaria reside en el Poder Ejecutivo, incluso aunque la prestación del servicio de gas esté en manos de intermediarios —licenciatarios y concesionarios—. Esta distinción es válida bajo la normativa vigente tanto para fomentar las inversiones en el sector y asegurar el suministro a largo plazo, como para asegurar también que ese suministro se proporcione a los consumidores residenciales al mínimo costo posible, habida cuenta de su vulnerabilidad, ya que en caso de aumentos sustanciales en el régimen tarifario podrían verse privados del servicio.

Bajo esta decisión, los incrementos de las tarifas de gas son procedentes para los usuarios industriales y comerciales. Sin embargo, subsiste la posibilidad de que en el futuro alguna decisión con un enfoque similar al de los usuarios residenciales, pudiera abarcar a usuarios no residenciales.

Esta decisión conlleva amplias implicaciones para toda la Argentina, no sólo por el interés público en mantener unos precios del servicio de gas asequibles, sino por la necesidad del gobierno de atraer inversiones en este sector, y la siempre presente necesidad de controlar la inflación y el gasto público. Podría decirse con seguridad que queda mucho por ser decidido respecto a la política de gas y la estructura de tarifas en Argentina.

Las audiencias públicas sobre los aumentos de las tarifas de gas están programadas para el 12 de septiembre de 2016.