La Dirección General de Tributos analiza la posibilidad de aplicar las limitaciones establecidas en el artículo 15a de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a los préstamos participativos que, concertados antes del 20 de junio del 2014, hayan sido objeto tras esa fecha de una novación del tipo de interés estipulado en un principio. 

1. Consideraciones introductorias

Como es sabido, la Ley 27/2014, regulado‑ ra del Impuesto sobre Sociedades, introdujo una relevante modificación sobre la fiscalidad de los denominados préstamos participati‑ vos, anteriormente regulados en el artícu‑ lo 14.2 del Texto Refundido de la Ley del Im‑ puesto sobre Sociedades (LIS). En dicho precepto, recogiéndose la previsión normativa previamente establecida en el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, se les confirió el tratamiento fiscal propio de los préstamos, lo que posibilitó la deducibilidad de los intereses devengados por ellos. Dicho beneficio fiscal fue cuestionado en muchos casos tanto por la Administración como por los tribunales al con‑ siderar que, en determinadas circunstancias, esas operaciones no tenían realmente natu‑ raleza de préstamos, pudiendo asimilarse en mayor medida a las operaciones de aportación a fondos propios, razón por la que se conside‑ raba que no debían disfrutar de la posibilidad de deducir los intereses pactados.

Pues bien, precisamente en ese contexto ad‑ quirió virtualidad la modificación parcial que sobre el tratamiento fiscal de los préstamos participativos realizó la Ley del Impuesto sobre Sociedades del 2014, introduciendo en su artículo 15 una diferenciación en su régi‑ men fiscal en función de la pertenencia o no a un grupo de sociedades de las entidades par‑ ticipantes en la operación. Es precisamente respecto de las operaciones llevadas a cabo entre este tipo de entidades donde se pro‑ dujo el cambio, toda vez que, en esos casos, la retribución estipulada entre las partes ha pasado a considerarse como retribución de fondos propios, impidiendo su deducibilidad. Ahora bien, tal y como se desprende de la dis‑ posición transitoria decimoséptima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, lo anterior no resultará de aplicación a los préstamos par‑ ticipativos que se hubieran concertado antes del 20 de junio del 2014.

2. Análisis de la Dirección General de Tributos

Precisamente al hilo de lo anterior, la Dirección General de Tributos, en la consulta V1751‑16, de 20 de abril del 2016, partiendo de lo dis‑ puesto en el artículo 15a de la Ley 27/2014 —precepto que excluye de la consideración de  gastos deducibles las retribuciones de fondos propios, entre las que incluye las derivadas de préstamos participativos concertados entre entidades pertenecientes a un grupo fiscal—, analiza la posible aplicación de este precepto a un préstamo que, concertado antes del 20 de junio del 2014, pretende modificarse ahora para elevar el tipo de interés pactado en un principio por la operación.

En este caso, como apunta el centro directivo, la respuesta estará condicionada por el ca‑ rácter modificativo o extintivo de la novación del préstamo, toda vez que sólo en el primero de esos supuestos habrá que entender que la primitiva obligación subsiste en sus elemen‑ tos principales o accesorios que, al no verse alterados por las partes, conservan su natura‑ leza esencial, con lo que habrá que considerar que no ha variado la fecha de concertación del préstamo —lo que habría sucedido en el caso de que la modificación se considerase extinti‑ va, provocando en este caso una alteración de la originaria relación obligatoria que no deri‑ varía sino en la creación de una nueva—.

De acuerdo con lo anterior, la Dirección Gene‑ ral entiende —al igual que lo había hecho an‑ teriormente analizando la novación traducida en una extensión o prórroga del contrato (V1664‑15, de 28 de mayo del 2015)— que la modificación del tipo de interés inicialmente pactado se traduce en una novación modifica‑ tiva del préstamo, y no extintiva, por lo que no resultan aplicables las limitaciones que se prevén en el aludido artículo 15a del citado texto legal respecto de la deducción de la re‑ tribución pactada.

Ahora bien, tratándose de un préstamo par‑ ticipativo entre entidades vinculadas, podría ser oportuno considerar asimismo si tal mo‑ dificación estaba originariamente prevista en el contrato —extremo que, sin embargo, en el supuesto analizado por la Dirección General no parece concurrir, ya que la consultante alude a «circunstancias sobrevenidas posteriores» a la concesión del préstamo «que hacen preci‑ so un ajuste del mismo»—, así como, y sobre todo, la adecuación a mercado de la nueva re‑ muneración pactada, a efectos de que resulte acorde con el principio de plena competencia. En ese sentido, la Dirección General introdu‑ ce como matiz final en su contestación, que ésta se emite sin perjuicio «de la valoración del préstamo, tanto del principal como de los intereses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LIS».