Las empresas que asignan números telefónicos están obligadas a ceder sus datos a otras empresas de los Estados miembros para la prestación de servicios de información, sin necesidad de solicitar consentimiento expreso y diferenciado a los abonados titulares de esos datos que ya hubieran consentido tal uso (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de marzo del 2017, asunto C-536/15, Tele 2 Netherlands BV, Ziggo BV y Vodafone Libertel BV frente a Autoriteit Consument en Markt, ACM).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de pronunciar su Sentencia de 15 de marzo del 2017 en el asunto C-536/15, Tele 2 (Netherlands) BV, Ziggo BV y Vodafone Libertel BV frente a Autoriteit Consument en Markt (ACM), en la que resuelve una cuestión prejudicial sobre la negativa de varias empresas holandesas a facilitar datos sobre abonados al servicio telefónico a una empresa belga dedicada a la prestación de servicios de información.

Se cuestiona si el artículo 25.2 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo del 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Di‑ rectiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre del 2009 (en lo sucesivo, «directiva del servicio universal»), obliga a las empresas de un Estado miembro a poner los datos de los abonados al servicio telefónico a disposición de la empresa o empresas que proveen el servicio de información sobre abonados en otros Estados miembros y en sus diversas moda‑ lidades (información telefónica, guía electrónica o en soporte papel). Y asimismo, en su caso, se cuestiona si sería preciso que los abonados que ya han consentido su inclusión en una guía estándar consintieran expresamente la cesión de sus datos para el mismo fin a una empresa que presta ser‑ vicios de información en otro Estado miembro.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta el artículo 25.2 de la directiva del servicio universal en los siguientes términos:

1.ª) Las empresas que asignan números telefónicos en un Estado miembro están obligadas a aten‑ der todas las solicitudes razonables de datos efectuadas por empresas que prestan servicios de información sobre abonados en otro Estado miembro y a facilitar el acceso en condiciones no discriminatorias. El artículo 25.2 no distingue entre solicitudes formuladas por empresas del mismo Estado miembro o de otro.

2.ª) Dentro de la Unión Europea, es indiferente el lugar de establecimiento de la empresa que solicita los datos para facilitar el servicio de información sobre los abonados, así como el lugar en el que se ofrece dicho servicio. Si la obligación de atender las solicitudes razonables de acceso a datos de abonados sólo fuera aplicable a las solicitudes planteadas por empresas establecidas en el Estado miembro en el que están establecidas las empresas que asignan números de teléfono a los abonados, se verían amenazados tanto el objetivo de garantizar a los usuarios finales la disponibilidad, en toda la Unión, de servicios de buena calidad mediante una competencia real como, en particular, la pretensión de facilitar la prestación del servicio universal consistente en poner a disposición de los usuarios finales al menos una guía general.

3.ª) Conforme al artículo 25.2 de la directiva del servicio universal, es discriminatorio denegar el acceso a los datos sobre abonados en función del Estado en el que la empresa solicitante presta sus servicios de información.

4.ª) Es indiferente que la empresa solicitante de los datos de abonado sea la encargada de prestar el servicio universal o sea otra empresa que ofrece servicios de información en competencia. El artículo 25.2 de la directiva del servicio universal no distingue entre las solicitudes realizadas por empresas obligadas a prestar el servicio universal o por empresas que ofrecen servicios de información en competencia. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en un mercado abierto a la competencia, la obligación de las empresas que asignan números de teléfono de transmitir los datos relativos a sus propios abonados permite, en principio, no sólo que la empresa designada garantice la observancia de la obligación de servicio uni‑ versal, sino también que cualquier proveedor de servicios telefónicos elabore una base de datos completa y desarrolle actividades en el mercado de los servicios de información sobre números de abonados y las guías de abonados (STJUE de 5 de mayo del 2011, Deutsche Telekom, as. C‑543/09, EU:C:2011:279, apdo. 36).

5.ª) El abonado que ya ha consentido la cesión de sus datos para una guía estándar no debe con‑ sentir expresamente su cesión a una empresa de otro Estado para el mismo fin. No procede dejar a los abonados la opción de dar o no su consentimiento en función de los países en los que presta sus servicios la empresa que solicita estos datos. Sobre esto, el Tribunal de Justicia hace referencia a su Sentencia de 5 de mayo del 2011, Deutsche Telekom (as. C‑543/09). En ella declaró que el artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Con‑ sejo, de 12 de julio del 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas («directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas»), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que obligue a una empresa que publica guías telefónicas accesibles al público a transmitir los datos de carácter personal de que disponga relativos a abonados de otros proveedores de servicios telefónicos a una empresa tercera cuya actividad consista en publicar una guía accesible al público impresa o electrónica o en permitir la consulta de tales guías a través de servicios de información sobre números de abonados, sin requerir un nuevo consentimiento de los abonados. Esto es así siempre que se cumplan dos requisitos: por una parte, que los abonados hayan sido informados, antes de la primera inclusión de sus datos en una guía pública, de la finalidad de ésta y del hecho de que sus datos podrían ser comunicados a otro proveedor de servicios telefónicos y, por otra parte, que se garantice que, después de su transmisión, los datos no puedan utilizarse con fines distintos de aquellos para los que se hayan recogido para su primera publicación.

El consentimiento informado del abonado se extiende a cualquier tratamiento ulterior de dichos datos por las terceras empresas que operen en el mercado de los servicios de información sobre números de abonados y de las guías de abonados accesibles al público, siempre que tales tratamientos persigan la misma finalidad.

En la citada sentencia del 2011, el Tribunal de Justicia declaró que el tenor del artículo 12.2 de la directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas no permite considerar que el abonado dispone de un derecho selectivo de decisión a favor de determinados proveedores de servicios de información sobre números de abonados y de guías de abonados accesibles al público.

La misma doctrina es aplicable si la empresa cesionaria de los datos dedicada a la prestación de servicios de información (telefónica, electrónica o mediante guía impresa) está establecida en otro Estado de la Unión Europea. No procede determinar una diferencia de trato en función de si la empresa que solicita la entrega de los datos personales que afectan a los abona‑ dos está establecida en el territorio del Estado miembro de estos últimos o en otro Estado miembro, puesto que esta empresa recoge estos datos para fines idénticos a aquellos para los que han sido recogidos en su primera publicación y, por tanto, esta transmisión de datos está amparada por el consentimiento ya prestado por dichos abonados.

Además, el tribunal pone de manifiesto que todas las empresas que prestan servicios de in‑ formación en el ámbito de la Unión Europea, cualquiera que sea su lugar de establecimiento, operan en un marco regulatorio «ampliamente armonizado que permite garantizar en toda la Unión el mismo respeto de las exigencias en materia de protección de datos personales de los abonados».

En conclusión, puede decirse que con este pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala una «guía telefónica europea». Esto es, cabe pensar en la prestación de ser‑ vicios de información sobre abonados de toda la Unión Europea prestados por una o varias empresas, que tendrán acceso a los datos de abonados al servicio telefónico de toda la Unión, independientemente del Estado de establecimiento.