El pasado 1 de enero, entraba en vigor el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia de las personas ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua (en adelante, el “RD 1021/2015”).

Las medidas introducidas por el mencionado RD 1021/2015 afectan a las instituciones financieras definidas en su Anexo (entre las que se incluyen, entre otras, las instituciones de depósito o custodia, entidades aseguradoras y entidades de inversión), y se establecen al objeto de permitir el intercambio de información anual, automático y estandarizado de todo tipo de cuentas.

En particular, las instituciones financieras incluidas en el ámbito de aplicación del RD 1021/2015 deberán informar a la Administración Tributaria sobre determinados datos de sus clientes, entre los que se incluyen, los datos identificativos del titular de cuentas afectadas por esta obligación de información (residencia fiscal y NIF), el número de cuenta, el saldo (o valor) a final de año y el nombre y número de identificación fiscal de la entidad financiera obligada a comunicar datos.

La declaración informativa tiene carácter anual, por lo que el primer suministro de información que se efectúe tendrá lugar en 2017, en relación con los datos relativos a 2016 (fecha de entrada en vigor de la norma).