La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó el pasado 19 de abril del 2017 la Sentencia n.º 322/2017, mediante la cual se acuerda anular el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, aprobado por el Acuerdo de 20 de octubre del 2015 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A este respecto, si bien el referido Plan General había sido ya objeto de diversas resoluciones judiciales que lo anulaban parcialmente, la sentencia resulta de especial interés dado que anula en su totalidad el Plan General por la falta de emisión del informe de impacto de género en el expediente de tramitación, que la Sala entiende preceptivo.

No estamos ante un argumento del todo novedoso. El  6  de octubre del  2015, el Tribunal Supremo (TS)  anuló el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de Málaga —entre otros motivos— por la omisión de dicho informe.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid  adopta un criterio semejante sobre la base de lo dispuesto en el artículo 24.1de la Ley 50/1997, que en el momento de aprobación del referido Plan General (en la actualidad, se ha modificado nuevamente su contenido) disponía que «en todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo».

Partiendo de la —cada vez más cuestionada— naturaleza reglamentaria de los planes generales, la Sala efectúa una interpretación extensiva del anterior precepto, entendiendo que el mencionado informe resulta imprescindible en la elaboración de normas de planeamiento:

Asume por ello esta Sala que no carece precisamente de relevancia sino todo lo contrario que el planificador, con base en los oportunos estudios demográficos, deba considerar el impacto de género que los instrumentos de ordenación puedan causar al regular cuestiones tales como, por ejemplo y entre otras, la ubicación y características de los viales y conexión de redes generales y locales en conexión con centros docentes, equipamientos necesarios, transportes y movilidad, una u otra tipología edificatoria (en directa relación con la seguridad pública y para la prevención de agresiones característicamente dirigidas contra la mujer) o la ubicación, proximidad y accesibilidad de zonas verdes y parques públicos.

Sobre ello, conviene tener en cuenta que la normativa madrileña actual es aún más exigente que la aplicada en la referida sentencia. Con posterioridad a ella han entrado en vigor 1) el Decreto 197/2015, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia; 2) la Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social de la Comunidad de Madrid, y 3) la Ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Todas estas normas imponen obligaciones de emisión de informes en materia de género e identidad e igualdad sexual en las normas legales y reglamentarias de la Comunidad de Madrid. No estamos, en definitiva, ante una anécdota.

Conforme a la doctrina expuesta por la Sala de lo Contencioso‑Administrativo de Madrid en la sentencia, todo instrumento de planeamiento de la Comunidad de Madrid requerirá, para su válida aprobación, de la emisión de un informe de impacto de género, cuya ausencia puede determinar su anulación.