Como consecuencia de la cesión de su cartera de clientes a otra sociedad del mismo grupo, determinada compañía sufrió daños patrimoniales. Tanto la constitución de la sociedad cesionaria como la referida cesión las llevaron a cabo los administradores de la compañía filial siguiendo instrucciones de la sociedad matriz del grupo y en el marco de la dirección unitaria de éste. En estas circunstancias, un socio minoritario de la sociedad perjudicada ejerció la acción social de responsabilidad contra los administradores de esta compañía.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre del 2015 ha abordado esta cuestión (que es, en definitiva, la de la responsabilidad que incumbe a los administradores de sociedades filiales cuando actúan siguiendo instrucciones de la dominante) y, en síntesis, ha venido a afirmar lo siguiente:

1) Los deberes fiduciarios de los administradores van referidos exclusivamente a la sociedad que administran.

El deber de actuar como un representante leal en defensa del interés social significa que, ante cualquier situación de conflicto, el administrador ha de velar por el interés de la sociedad y dirigir su gestión hacia la consecución del objeto y finalidad social de manera óptima, absteniéndose de actuar en perjuicio de los intereses de la sociedad. Este deber de lealtad viene referido al interés de la sociedad que administra, no al de otras —aunque pertenezcan al mismo grupo o aunque sea la sociedad dominante— ni a otros intereses formalmente ajenos, como el que se ha venido en llamar «interés del grupo».

2) La invocación del interés del grupo no tiene, por si sola, virtualidad exoneratoria.

El interés del grupo no justifica, sin más, el daño que sufra una sociedad filial. Tal lesión puede repercutir negativamente en sus socios externos (definidos por el Tribunal Supremo como socios minoritarios ajenos a la administración de la sociedad filial y al círculo de control del grupo de sociedades), quienes verán como se reduce injustificadamente el valor de su participación en el capital social y, también, en sus acreedores (los cuales pueden ver en riesgo la posibilidad de satisfacción de sus créditos por la disminución indebida del patrimonio social). El interés del grupo no es un título que justifique por sí solo el daño causado a la sociedad filial ni que, por tanto, constituya en sí mismo una causa de exoneración. Por supuesto, el interés social propio de la filial se ve matizado por el interés del grupo (con el que debe coordinarse). Pero aquel interés singular no queda diluido en éste hasta el punto de desaparecer. No cabe justificar cualquier actuación dañosa para la sociedad por el mero hecho de que dicha actuación favorezca al grupo en el que está integrado.

3) El administrador de la filial no puede argumentar, para exonerarse, la existencia de instrucciones de la compañía dominante.

El administrador de la sociedad filial tiene un ámbito de responsabilidad propio que no desaparece por el hecho de la integración en un grupo societario. En efecto, tal integración no deroga sus obligaciones de gestión ordenada, representación leal, fidelidad al interés de la sociedad y lealtad que le incumben en cuanto administrador social y que vienen referidos a la sociedad de la que es administrador, no al grupo societario ni a otras sociedades integradas en el grupo. El administrador de la sociedad filial que realiza una actuación que causa un daño a la sociedad que administra no queda liberado de responsabilidad por el simple hecho de que tal actuación haya sido acordada por quien dirige el grupo societario. El administrador no puede escudarse en las instrucciones recibidas de la dirección unitaria del grupo a que pertenece la sociedad que administra. El administrador de la sociedad filial tiene su ámbito propio de autonomía de decisión que no puede verse afectado por una especie de «obediencia debida» a las instrucciones del administrador del grupo que perjudique injustificadamente los intereses de la sociedad que administra, por los que ha de velar.

4) La relevancia de la existencia de efectivas «ventajas compensatorias».

Lo expuesto no significa desconocer que la existencia de un grupo de sociedades implica que, cuando se produzcan conflictos entre el interés del grupo y el interés particular de una de las sociedades que lo integran, deba buscarse un equilibrio razonable entre un interés y el otro que haga posible el funcionamiento eficiente y flexible del conjunto empresarial. Pero esa composición de intereses ha de impedir, a su vez, el expolio de las sociedades filiales y la postergación innecesaria de su interés social (en suma, ha de tutelarse el interés de los socios externos y de los acreedores de cualquier tipo —públicos, comerciales o laborales—). Ese equilibrio puede buscarse en la existencia de «ventajas compensatorias» que justifiquen que alguna actuación, aisladamente considerada, pueda suponer un perjuicio para la sociedad. Tales ventajas no tienen que ser necesariamente simultáneas o posteriores a la eventual actuación perjudicial para la filial, sino que han podido obtenerse por ella previamente (por ejemplo, porque antes de la actuación perjudicial hubiera existido un beneficio patrimonial apreciable, generado por el grupo a favor de su sociedad filial o derivado de la pertenencia de la sociedad al grupo). Se trata, a fin de cuentas, de llevar a cabo un balance de las ventajas facilitadas y de las prestaciones realizadas en ambas direcciones (de la sociedad al grupo y del grupo a la sociedad) para determinar si existe o no un resultado negativo para la sociedad filial. En todo caso, las ventajas o prestaciones obtenidas por la sociedad filial deben ser verificables, sin que sean suficientes meras hipótesis, invocaciones retóricas a «sinergias» o a otras ventajas faltas de la necesaria concreción y que carezcan de consistencia real. El argumento del interés del grupo y la alegación de los beneficios que, en abstracto, supone la integración en un grupo societario, si no van acompañados de una justificación razonable y adecuada de las ventajas obtenidas «en compensación» del perjuicio sufrido, no excluye la responsabilidad del administrador por el daño causado.

5) Límite a la posible relevancia del interés del grupo.

Finalmente, la pervivencia de la sociedad filial constituye en todo caso un límite último al interés del grupo, en tanto que nunca puede quedar justificada una actuación en beneficio del grupo que suponga poner en peligro la viabilidad y solvencia de la sociedad filial, con el perjuicio que ello puede suponer para los socios externos y los acreedores.