Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

La nueva norma legal parte de la consideración de las DOP e IGP como un elemento que favorece la diferenciación de la producción contribuyendo al incremento de la competitividad de las industrias agroalimentarias, fundamentalmente a través de la valorización de estos productos por parte del consumidor, siendo un instrumento vertebrador en el desarrollo y sostenibilidad de los tejidos rurales y una seña de promoción de la imagen de los productos españoles en el exterior.

Tras la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino –que supuso la última legislación nacional específica para el vino- la superior concepción de la calidad deriva directamente del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimentarios, el cual ha venido a establecer para toda la Unión Europea el marco jurídico en el que deben encuadrarse tanto los nuevos tipos de etiquetado voluntario como los tradicionales derechos de la propiedad intelectual que vinculan la calidad al origen geográfico de los productos a través de las figuras de las DOP y las IGP, dando estabilidad a nivel europeo a estas figuras hoy protegidas también a nivel global por las normas de la Organización Mundial de Comercio y, en particular, por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) aprobado en la Conferencia de Marrakech, el 15 de abril de 1994, que puso fin a la Ronda Uruguay y creó la propia Organización Mundial de Comercio.

Cabe destacar en la Ley la renovada implicación de los operadores, particularmente, a través entidades encargadas de la gestión de las DOP e IGP, las cuales deben contar con personalidad jurídica propia independiente de la Administración, aunque con una relación directa de colaboración, pudiendo llegar a la atribución de funciones públicas en las entidades de gestión por lo que en el texto se contempla la creación de corporaciones de derecho público. Por ello en la propia norma se crean nueve corporaciones de derecho público para otros tantos Consejos Reguladores, lo que se completa con la inclusión de los controles específicos sobre DOP e IGP en el marco regulatorio comunitario general de controles oficiales de piensos y alimentos.

Surge aquí con fuerza la Agencia de Información y Control Alimentarios, organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la cual realizará funciones de control oficial antes de la comercialización de las DOP e IGP cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma, para lo que se procede a modificar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, por la que se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios con el fin de dotarla de nuevos fines y crear una tasa que se exigirá por la prestación de sus funciones de inspección y control y para lo cual habilita la normativa europea.

Es una ley extensa, profunda y exhaustiva que, aun teniendo unos destinatarios muy específicos (los de ámbito territorial pluriautonómico que se recogen expresamente en ella) sin duda ha de alcanzar una proyección notable como referencia autonómica. No debe dejar de examinarse con cuidado, además, el régimen jurídico que dimana de sus disposiciones adicionales, especialmente la relativa a las indicaciones relativas a las características de los vinos y los términos tradicionales.

Como muestra final de la discutible técnica normativa, piénsese que en otra de sus disposiciones adicionales se contiene nada menos que un régimen sancionador en materia de declaraciones obligatorias y contratos en el sector de la leche y los productos lácteos, muestra última de que era necesario un “ómnibus legislativo” para transportar esta norma con rango legal, aunque se trate de algo que no tiene nada que ver con las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas. Así legislamos.

Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal

En la misma línea de falta de seguridad jurídica en la nueva legislación, nos encontramos dentro de esta Ley (nuevo ómnibus legislativo concursal, donde caben muchas cosas, entre otras también agroalimentarias) con una Disposición final séptima con el siguiente título:

“Declaración de interés general de obras de mejoras de infraestructuras rurales y de otras infraestructuras.”

Mediante ella se declaran de interés general ciertas obras de mejoras de infraestructuras rurales y se prevé la realización de otras infraestructuras en Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra..

Orden AAA/872/2015, de 12 de mayo, por la que se modifican, para el año 2015, diversos plazos establecidos en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, y en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.

Orden AAA/933/2015, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden AAA/1247/2013, de 21 de junio, por la que se nombra nuevo Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada “Rioja”.