Mediante la Ley 23 del 27 de abril de 2015, Panamá incluyó nuevos sujetos, controles y mecanismos que se deben aplicar para la prevención en materia de BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

A través de esta ley se derogó una existente desde la década del 2000. El país busca fortalecer su sistema financiero y mejorar su imagen internacional de manera que sea más atractivo para los inversionistas externos y el comercio internacional. Ello, con el fin ulterior de lograr que Panamá sea eliminado de la lista de jurisdicciones de alto riesgo.

Así, la reciente ley incluye a otros Profesionales como sujetos de supervisión, entre estos, abogados, contadores públicos autorizados y los Notarios. Igualmente, el Ministerio de Finanzas de Panamá a través de la Resolución Nº JD-014-015 de 14 de agosto de 2015, determinó que sólo cuando en el ejercicio de su actividad estos profesionales realicen en nombre de un cliente ciertas actividades, deberán efectuar una Debida Diligencia Ampliada o Simplificada dependiendo de (i) si el cliente es o no de alto riesgo (ii) de su posición política en atención a su nacionalidad o por el país que represente, él o sus fondos.

Las principales actividades sujetas a escrutinio son:

  1. Compra venta de Inmueble, de personas jurídicas o estructuras jurídicas;
  2. Administración de dinero u activos del cliente;
  3. Administración de cuentas bancarias;
  4. Intermediación para la creación, operación  o administración de compañías, o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomisos y demás;
  5. Intermediación - pagada por el abogado o firma de abogado - para el cargo de director o apoderado de una compañía o participante de un fideicomiso o similares;
  6. Proveer domicilio registrado; y
  7. Ser Agente Residente de entidades jurídicas.

Principalmente, los reportes van dirigidos a aquellas situaciones que arrojen características sospechosas, donde no exista una relación entre los movimientos transaccionales y el perfil financiero del cliente y que no haya forma de sustentarlo o justificarlo.