El BOE de 29 de julio del 2015 ha publicado la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, en virtud de la cual se han convalidado, con el mismo contenido, las medidas fiscales de carácter tributario introducidas por el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero.

Tal y como se desprende de la propia exposición de motivos de la ley, las reformas acometidas en el ámbito tributario van fundamentalmente dirigidas a rebajar la carga fiscal de determinados colectivos especialmente vulnerables.

En ese sentido, interesa recordar las modificaciones operadas sobre algunos preceptos de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de Modificación Parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, así como determinados cambios efectuados sobre el texto de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

1. Modificaciones en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas

— Con efectos desde el 1 de enero del 2015 se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 81 bis de la Ley 35/2006 a fin de permitir a nuevos colectivos la aplicación de las deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo, reguladas en dicho precepto.

En ese sentido, tal incentivo fiscal será aplicable no sólo a los ascendientes que formen parte de familias numerosas, sino también a los contribuyentes que formen una familia monoparental con dos descendientes cuando, entre otras condiciones, dependan y convivan exclusivamente con un progenitor contribuyente.

Por otra parte, las referidas deducciones podrán practicarlas, además de los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo, pensiones abonadas por el régimen general y los regímenes especiales de la Seguridad Social o por el régimen de clases pasivas del Estado, así como los contribuyentes «que perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen es pecial de la Seguridad Social mencionado», siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.

Específicamente para los contribuyentes a los que acabamos de referirnos se ha introducido una nueva disposición adicional cuadragésima segunda en la Ley Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí- sicas, en la que se establece el procedimiento para que dichos sujetos puedan practicar las deducciones apuntadas y percibirlas de forma anticipada en los términos previstos por el artículo 60 bis del reglamento de dicho impuesto, aunque se apuntan algunas especialidades respecto de este último precepto.

— Además, igualmente en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se ha añadido a su ley reguladora una disposición adicional cuadragésima tercera por la que se declaran exentas las rentas obtenidas por los deudores, siempre que no procedan del ejercicio de actividades econó- micas, que se pongan de manifiesto como consecuencia de exoneraciones del pasivo insatisfecho o de quitas y daciones en pago de deudas que se establezcan en convenio judicial, en un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente o en acuerdo extrajudicial de pagos.

2. Cambio operado sobre la Ley del Impuesto sobre Sociedades

También, para periodos impositivos que hayan comenzado a partir del 1 de enero del 2015, se modifica el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, excluyendo de la obligación de presentar declaración por el impuesto sobre sociedades —siempre que cumplan determinados requisitos— a las entidades parcialmente exentas enumeradas en el artículo 9.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a saber: las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que no resulte aplicable el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre; las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas; los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores; los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización; las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las comunidades autónomas, así como las autoridades portuarias.

A tenor del precepto modificado, tales entidades se verán exoneradas de la mencionada obligación siempre que sus ingresos totales no superen los 50 000 euros anuales, que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen los 2000 euros anuales y que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.