El gobierno alemán presentó un proyecto de ley para combatir la publicación de noticias falsas y discursos de odio, estableciendo multas que pueden llegar a los 50 millones de euros para las redes sociales que no eliminen el contenido. Un tema que en nuestro país ha estado bastante latente.

Si bien es positivo que se generen iniciativas para combatir este problema, focalizarlo en redes o proveedores de internet no resuelve el asunto de fondo, y exige una tarea muy difícil de cumplir que, incluso, podría vulnerar la libertad de expresión (resolver la eliminación de un contenido complejo en un plazo de 24 horas no permite tomar una decisión fundada). Organizaciones como Facebook o Twitter ofrecen un eficiente sistema administrativo para dar de baja determinados contenidos, el cual si bien se generó en un principio para combatir infracciones al derecho de autor, hoy contiene muchas causales para solicitarlo. Esto se suma a los sistema de “puerto seguro”, que permiten a proveedores de internet eximirse de responsabilidades civiles respecto de las acciones de sus usuarios.

Si bien las redes sociales debieran mejorar sus mecanismos para detectar y manejar las noticias falsas o que inciten al odio, fijar plazos imposibles y multas excesivas a empresas intermediarias o plataformas donde terceros cometen la infracción, parece desproporcionado, siendo mucho más eficiente buscar mecanismos colaborativos. Esperemos en nuestro país las legislaciones en proceso no sigan este tipo de ejemplo. Andrés Grunewaldt Silva & Cia