SE DECLARA INCONSTITUCIONALES LAS SANCIONES DE LA LEY DE HISTORIAL CREDITICIO

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según resolución del 14 de enero de 2016, en el caso con referencia 109-2013, ha declarado inconstitucional el artículo 30 de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre Historial de Crédito de las Personas —conocida comúnmente como «Ley del Historial Crediticio»—, este artículo trataba específicamente sobre las sanciones que impone la ley a los diferentes infractores de la misma.

Estas infracciones conllevaban una sanción pecuniaria de entre US $25,170 hasta US $75,510 (100 hasta 300 salarios mínimos mensuales) para las sanciones graves y una multa de US $75,761.7 hasta US $125,850 (301 hasta 500 salarios mínimos mensuales) para las sanciones muy graves.

Entre las penas mayormente impuestas por la Defensoría del Consumidor a varias empresas en aplicación de la ley se encontraban: el desatender las solicitudes del consumidor para la modificación, rectificación o cancelación de sus datos; mantener información del historial crediticio con información desactualizada y por último, el proporcionar, mantener y transmitir datos de los consumidores o clientes que no sean exactos o veraces, multando así a varias empresas por US $22,421 —hoy US $25,170 por el aumento al salario mínimo—.

El por qué de la sentencia

En ese orden de ideas, la referida sentencia de inconstitucionalidad, determina que por parte de la Asamblea Legislativa, al momento de promulgar la ley y en su escrito de justificación, partieron de la premisa que todos los agentes económicos —que de alguna manera manejan datos sobre el historial de crédito— poseen altos ingresos económicos para poder soportar esta clase de multas —lo cual todos sabemos que no es así—.

Es por ello que la Sala estableció que «dicha presunción genérica sobre la capacidad económica de los sujetos infractores a la ley en comento no ha sido sustentada por el Órgano Legislativo, en tanto no ha aportado los elementos objetivos necesarios y pertinentes para justificar el por qué de la determinación de los montos que constituyen los pisos sancionatorios en cuestión». Estableciendo que los montos de las multas reguladas fueron dictados de manera arbitraria, con la inobservancia al principio de la razonabilidad y proporcionalidad entre otras cosas.

Por lo que la Sala de lo Constitucional, con el fin de permitir al legislador corregir a corto plazo la inconstitucionalidad, le brindó un plazo de 6 meses para que realice las adecuaciones de la ley; exigiendo que en la misma se establezcan pisos sancionatorios bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, dejando vigentes estas sanciones hasta que la Asamblea Legislativa haga estos cambios y advirtiendo además que en aras de la seguridad jurídica, esta inconstitucionalidad no afecta las sanciones que hayan sido impuestas de forma previa.

¿Cómo quedan las sanciones anteriormente impuestas?

En este sentido, actualmente se están tramitando varios procesos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo —por las diferentes multas interpuestas por parte del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor a las empresas que, a su criterio, han incumplido con la «Ley del Historial Crediticio»—, pero es necesario determinar, que además de las diferentes alegaciones que se han realizado como: «errónea aplicación del debido proceso», «vicio por omisión de fase de medios alternos», «ausencias de debida prueba de cargo», «vicios por errónea valoración de pruebas», «principio de inocencia», etc., este tipo de sentencias coadyuvan a los procesos contenciosos, ya que determina al final del día que la multa que se impone a estas empresas es inconstitucional y a su vez injusta.

Como todos sabemos, el historial de crédito y el servicio que brindan las agencias de información, son importantes para el comercio, ya que es la única manera que tienen grandes y pequeños comerciantes —o «agentes económicos»— de realizar de manera rápida y efectiva una evaluación de riesgo al momento de brindar un préstamo, una línea de crédito o simplemente la venta de un bien a plazos.

Sobre este punto, las instituciones financieras —cajas de crédito, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito y bancos en general— se encuentran respaldados, ya que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tiene su propia «central de riesgos» que pueden consultar y así poder evaluar el riesgo al momento de colocar un producto. El problema es para todas las demás empresas que no tienen oportunidad o derecho a verificar esta información, ya que por ley, en vista que no están adscritas o auditadas por la SSF, no se les brinda el acceso a esta información.

Después de sentenciado el asunto, ¿qué pasará?

Dado que Sala de lo Constitucional ha resuelto de la manera antes mencionada, es necesario que los diputados realicen un verdadero debate respecto a qué tipo de sanciones y procedimiento se debe de establecer, promulgando reformas que determinen:

  1. El procedimiento sancionatorio para la interposición de la multa y que el mismo se determine de manera clara e inequívoca, para así evitar cualquier clase de interpretación, como las que actualmente está realizando el ente controlador.
  2. Determinación de exenciones de responsabilidad cuando el comerciante comprueba que su reporte es correcto, que ha realizado la modificación solicitada por el afectado, o en su defecto ha llegado a un acuerdo con el afectado.
  3. Establecimiento de multas congruentes al tamaño del infractor.

Es imperante recordar que el fin de la norma es el de regular el uso inadecuado de datos crediticos y brindarle una salida rápida, económica y segura a cualquier consumidor de rectificar su historial de crédito por cualquier incongruencia o error que se haya cometido.