La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2016 ha confirmado el auto de la Audiencia Nacional por el que se denegaba la solicitud de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de suspender provisionalmente las medidas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su resolución de 6 de noviembre de 2014, relativa a la aplicación de las tarifas de la SGAE por los derechos de comunicación pública de autores de obras musicales en conciertos en España

En dicha resolución y tras la denuncia presentada por la Asociación de Promotores Musicales (APM), la CNMC consideró que las tarifas aplicadas por la SGAE (el 10% sobre el total de ingresos en taquilla) en relación con la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual resultaban no equitativas y excesivas, no siendo justificables por razones de gestión o económicas (el porcentaje de Estados miembros con tarifas claramente inferiores a las aplicadas por la SGAE alcanza el 73%), por lo que ordenó a esta entidad el cese de la recaudación y le impuso una multa por valor de más de tres millones de euros.

La Audiencia Nacional, en su auto de 5 de mayo de 2014, rechazó la suspensión de dichas medidas mientras se resolvía el recurso presentado por la SGAE frente a la resolución de la CNMC.

En línea con la Audiencia, el Tribunal Supremo ha rechazado en esta reciente sentencia la solicitud de la SGAE relativa al levantamiento provisional de la prohibición de aplicar sus tarifas impuesta por la CNMC en noviembre de 2014.

Cabe recordar que el pasado 2 de diciembre se publicó la Orden Ministerial ECD/2574/2015 por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que establece la obligación de las entidades de aprobar en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la citada Orden nuevas tarifas generales adecuadas a los criterios previstos en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (esto es, simples y claras, que atiendan al valor económico de utilización de los derechos y buscando el justo equilibrio entre las partes).