¿Qué pasa cuando una empresa no tiene representación unitaria en todos los centros y tampoco se han constituido secciones sindicales?, ¿Tiene por ello constreñido el derecho a la negociación colectiva en el ámbito empresarial? A estas preguntas  ha respondido la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de 27 de enero de 2015, y cuya posición empresarial (que ha obtenido el favor de dicho órgano judicial) ha sido defendida por nuestra firma.

La citada sentencia judicial permite a las empresas sin representación unitaria en todos los centros de trabajo y sin secciones sindicales, acudir directamente a los sindicatos con implantación en la misma a los efectos de negociar un convenio colectivo propio.

La Audiencia Nacional permite a las empresas sin representación unitaria en todos los centros de trabajo y sin secciones sindicales, acudir directamente a los sindicatos con implantación en la mismapara negociar un convenio colectivo propio

De este modo, la sentencia no sólo viene a reforzar -indirectamente- el papel de los sindicatos como sujetos legitimados en los procesos de negociación colectiva a nivel de empresa, lo cual ha sido el reclamo de tales organizaciones en los últimos años; sino que a su vez dota de mayor seguridad jurídica a cualquiera de esos procesos negociadores, al establecer como alternativa válida la interlocución con los sindicatos.

Vayamos por partes:

El artículo 87 de nuestro Estatuto de los Trabajadores establece que estarán legitimados para negociar los convenios de empresa y de ámbito inferior “el comité de empresa, los delegados de personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité”.

Dicho precepto posibilita a las empresas a negociar un convenio de empresa con la representación unitaria (comités y delegados de personal) o la sindical (a través de las secciones sindicales que se constituyan dentro del ámbito de la propia empresa).

Como consecuencia de lo anterior, las grandes organizaciones empresariales cuyos convenios fueron negociados con anterioridad a la reforma laboral de 2012 (esto es, antes de la fijación de la prioridad aplicativa de las normas de rango empresarial por encima de los convenios sectoriales en un buen número de materias), venían negociando tales normas con las secciones sindicales de los sindicatos con mayor implantación en la empresa, en tanto que no poseían representación unitaria en todos los centros de trabajo.

Asimismo, gran parte de esas empresas evitaron problemas de legitimación futuros planteando la creación de un comité intercentros con la idea que éste ostentase dicha legitimación en procesos colectivos que afectasen a más de un centro de trabajo.

El conflicto en esta materia surgió con la ya referida reforma laboral, dado que empresas de menor tamaño pretendieron negociar sus propios convenios para darse un marco de relaciones laborales más flexible. Al no poseer -por regla general- secciones sindicales, tales empresas se vieron en la tesitura de negociar con delegados de personal que, en la mayoría de casos, representaban a un porcentaje muy pequeño de sus trabajadores.

Ante esta nueva situación, nuestros tribunales reaccionaron con una visión especialmente conservadora, la cual fue iniciada por nuestro Tribunal Supremo con su resolución de 7 de marzo de 2012.

Dicha sentencia vino a rescatar la jurisprudencia sobre el llamado “principio de correspondencia”, que se refería a la regla general en virtud de la cual, el ámbito de actuación del órgano de representación que promueve el proceso de conflicto colectivo (ante la jurisdicción social) ha de corresponderse con el de afectación del conflicto mismo y, consecuentemente, con el ámbito de afectación de la sentencia que le ponga término.

Es decir, se prohibía que la decisión judicial alcanzase a trabajadores no representados por el comité actuante en el proceso judicial.

Tal doctrina fue, como decimos, trasladada al ámbito de la legitimación de un convenio de empresa por parte del banco social, aduciendo que uno o varios representantes unitarios no podían negociar un convenio que afectase al resto de trabajadores no representados por los mismos.

Como consecuencia de lo anterior se han venido sucediendo decenas de sentencias en los diferentes Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y en la Audiencia Nacional, confirmadas todas ellas por nuestro Alto Tribunal, declarando la nulidad de los convenios colectivos que habían sido negociados por la representación unitaria de uno o varios centros de trabajo y cuyos efectos se habían extendido “erga omnes”.

Con base en lo anterior, las empresas se han topado con el impedimento de negociar sus propios convenios con la representación unitaria si ésta no se refiere a la totalidad de los trabajadores de la empresa. Cumplir tal requisito es, en muchos casos, una quimera, por cuanto que en ocasiones no es materialmente posible (en centros de menos de seis trabajadores no cabe elección de un delegado de personal), ni las empresas tienen la capacidad de iniciar procesos electorales “motu proprio”.

De esta forma, han pasado a ser las secciones sindicales los órganos de representación de los trabajadores con quienes iniciar y llegar a un acuerdo en el marco de un convenio inferior al sectorial.

Llegado a este punto, se ha pronunciado la Audiencia Nacional mediante sentencia de 27 de enero de 2015 sobre un caso en el que la empresa negoció un convenio colectivo propio directamente con las organizaciones sindicales, toda vez que carecía de secciones sindicales y de representación legal unitaria en todos los centros de trabajo.

Explica el magistrado-ponente de la sentencia que las organizaciones sindicales sí están legitimadas para negociar un convenio de empresa, aun no existiendo secciones sindicales constituidas en el seno de la misma, ya que (i) en tal caso, se privaría a aquellas empresas que exploten más de un centro de trabajo -o que aún en el caso de que sean titulares de uno sólo pretendan abrir otros- y no posean secciones sindicales, (ii) porque interpretar restrictivamente el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores es contrario a la voluntad del legislador de fomentar los convenios de empresa como elementos de flexibilización interna, y (iii) porque las secciones sindicales son, en última instancia, instrumentos de funcionamiento interno de los sindicatos.

En definitiva, nuestra doctrina judicial y jurisprudencial ha venido a dar instrumentos a las empresas que quieran negociar sus propios convenios, para el caso de que éstas no tengan representación unitaria en todos sus centros: negociar con las secciones sindicales, si éstas están constituidas en el seno de la empresa y tienen una representatividad suficiente, o bien acudir directamente a los sindicatos con implantación en la misma, al ser estas últimas organizaciones aquellas en las que recae el derecho a la negociación colectiva.