La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha asentado recientemente un nuevo criterio jurisprudencial con sus sentencias números 23/2016 y 24/2016, de 3 de febrero, relativas a dos recursos presentados por la entidad financiera BANKIA contra la anulación de adquisición de sus acciones con ocasión de la Oferta Pública de Suscripción de acciones del año 2011.

En ambos casos, el Alto Tribunal ha desestimado los recursos planteados por BANKIA contra las sentencias de fecha 7 de enero de 2015, de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, y de fecha 11 de mayo de 2015, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo, las cuales, grosso modo, acordaban lo siguiente:

a)Declaraban nulas la suscripción-adquisición de acciones de BANKIA por parte de unos clientes minoristas.

b)Condenaban a BANKIA a devolver las cantidades entregadas por los clientes minoristas con motivo de la suscripción-adquisición de acciones, más intereses.

Frente a dichas resoluciones en apelación, la entidad financiera interpuso los correspondientes recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, los cuales, como ya hemos anticipado, han sido desestimados por la Sala de lo Civil, junto con la existencia de prejudicialidad penal relativa al proceso penal que se sigue ante la Audiencia Nacional por el supuesto engaño en la oferta pública de suscripción de acciones de BANKIA. En este procedimiento penal se encuentran, entre otros, como imputados (ahora “investigados” tras la última reforma de la LECrim) los ex ministros D. Rodrigo Rato, y D. Ángel Acebes.

(…) las graves inexactitudes que contenían los folletos informativos confeccionados por BANKIA (…), llevaron a error a los pequeños ahorradores/inversores (…) y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión (…)

Respecto a la suspensión del Proceso Civil en curso por prejudicialidad penal alegado por BANKIA, la Sala de lo Civil ha desestimado dicha pretensión por los siguientes motivos:

a)La suspensión por prejudicialidad penal debe ser interpretada de manera restrictiva, debido a que en cada jurisdicción puede producirse un enjuiciamiento y calificación en planos jurídicos independientes y con resultados distintos si ello resulta de la aplicación de los criterios de valoración propios de una y otra jurisdicción.

b)Aunque la decisión del Tribunal penal fuera absolutoria, ello no determinaría la desestimación de las pretensiones formuladas en el Proceso Civil, debido a que en este tipo de procesos (en referencia a las demandas de nulidad en la compra de acciones de BANKIA) los criterios principales son las normas contables y las del mercado de valores, y las exigencias de prueba son menores que en el ámbito penal.

c)Las diferencias que pueden surgir en la valoración de las pruebas desde el ámbito Civil y el Penal, no vulneran los artículos 9.3 y 24 de la Constitución al existir en cada orden jurisdiccional una independencia valorativa, acorde con su función, y con las características de las pretensiones que ante cada uno de ellos se ejercitan.

d)Por otro lado, la suspensión del Proceso Civil por prejudicialidad penal, convertiría en ineficaz la responsabilidad por daños, y perjuicios, prevista en el antiguo artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores (actual artículo 38 del texto refundido) si ante cualquier reclamación de esta naturaleza, hubiera que esperarse a la finalización por sentencia firme de la causa penal que pudiera seguirse contra los administradores sociales por falsedad en las cuentas anuales, u otros documentos, que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad.

e)Finalmente, los demandantes (en este caso, pequeños inversores) tienen derecho a una tutela judicial efectiva que excluya la existencia de dilaciones indebidas, puesto que en Procesos Penales como los que se siguen frente a los ex administradores de BANKIA, suelen tener una duración altísima atendiendo a la complejidad de las cuestiones que en ellos se enjuician, lo que vulneraría de forma injustificada el derecho de los accionistas a un proceso judicial sin dilaciones indebidas en el ámbito civil.

Respecto al resto de alegaciones realizadas por BANKIA en sus recursos, el Tribunal Supremo desgrana uno a uno las argumentos exhibidos por la entidad, resaltando por encima de todo que las graves inexactitudes que contenían los folletos informativos confeccionados por BANKIA con motivo de la Oferta Pública de Suscripción y Admisión a Negociación de Acciones del año 2011, llevaron a error a los pequeños ahorradores/inversores (a diferencia de grandes inversores, o los denominados inversores institucionales, que pueden tener acceso a otro tipo de información complementaria), provocándoles una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión, encontrándose en realidad con la adquisición de valores de una entidad financiera al borde de la insolvencia, y con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios).

Asimismo, el Tribunal Supremo sentencia en uno de sus fallos objeto del presente análisis que “los pequeños inversores (…), a diferencia de lo que puede ocurrir con otros inversores más cualificados, carecen de otros medios (distintos al folleto informativo) de obtener información sobre los datos económicos que afectan a la sociedad cuyas acciones salen a cotización y que son relevantes para tomar la decisión inversora.”

(…) con estas nuevas sentencias en materia de nulidad por suscripción de acciones, el Alto Tribunal deja entrever que este tipo de responsabilidad se circunscribe únicamente frente a pequeños inversores (…)

Consecuentemente, con estas dos nuevas Sentencias del Tribunal Supremo se produce un efecto inmediato para esta entidad financiera, puesto que,

a)Abren la puerta a miles de pequeños inversores a interponer las correspondientes acciones judiciales en reclamación de las cantidades desembolsadas por la suscripción de acciones de dicha entidad, que se unirán a otras tantas reclamaciones judiciales en las que se ha visto inmersa BANKIA en los últimos años, como por ejemplo, las demandas interpuestas por los clientes afectados por la suscripción de participaciones preferentes y deuda subordinada.

b)Obligan a Bankia a provisionarse de una elevada cantidad de recursos económicos para poder sufragar las eventuales responsabilidades a las que deberá hacer frente en los próximos meses, ya sea en procedimientos que se encuentren actualmente en curso, o en nuevos procedimientos que se inicien como consecuencia de las dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo.

No obstante lo anterior, no todo son malas noticias para BANKIA, puesto que con estas nuevas sentencias en materia de nulidad por suscripción de acciones, el Alto Tribunal deja entrever que este tipo de responsabilidad se circunscribe únicamente frente a pequeños inversores, excluyendo, por ende, a los grandes inversores o los denominados inversores institucionales.

Actualmente, se estima que los grandes inversores o los denominados inversores institucionales, destinaron en torno a 1.237 millones de Euros en la adquisición de acciones de BANKIA, los cuales llegaron a perder hasta el 80% del valor de compra tras desplome de las acciones de la entidad.

Consecuentemente, y hasta que el Tribunal Supremo no acuerde un enésimo giro interpretativo, debemos entender que la entidad financiera BANKIA quedará presumiblemente exenta de cualquier eventual responsabilidad por la venta de sus acciones frente a los grandes inversores o inversores institucionales que suscribieron las mismas, debido a que se presupone que éste tipo de inversores, tal y como ha determinado el propio Tribunal en sus dos recientes sentencias, “pueden tener acceso a otro tipo de información complementaria a la suministrada por la entidad financiera para conocer el estado de solvencia de la misma.”