Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara, en el marco de una petición de decisión prejudicial, que la sanción firme por el incumplimiento de las normas nacionales de competencia permite excluir a un licitador de la contratación por entender que incurre en una falta en materia profesional sin que tal exclusión vulnere las libertades de establecimiento y de prestación de servicios tal y como han sido consagradas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Las normas sobre competencia están íntimamente relacionadas con la contratación pública,

como ya se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones con anterioridad1.

La relevancia de esta interrelación se ha vuelto a poner en evidencia a la vista de la Sentencia de 18 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Décima, C-470/2013, en la que se concluye que los artículos 492 (libertad de establecimiento en el territorio de otro Estado miembro) y 563 (libre prestación de servicios) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE) no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que excluye de la participación en un procedimiento de licitación a un operador económico que ha cometido una infracción contra la normativa sobre competencia, infracción que ha sido declarada mediante sentencia judicial que ha adquirido autoridad de cosa juzgada y por la que se le ha impuesto una multa.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea trae causa de una petición de decisión prejudicial cuyo objeto era la interpretación de los artículos 18, 34, 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letras c) y d), de la Directiva 2004/18/CE4, surgida en el marco de un litigio relativo a la desestimación del recurso interpuesto contra una resolución mediante la cual un licitador fue excluido de un procedimiento de licitación por haber cometido previamente una infracción contra las normas nacionales sobre competencia.

Entiende la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que los poderes adjudicadores han de tener la posibilidad de excluir a los operadores económicos, en particular por faltas profesionales graves, como infracciones de las normas sobre competencia, teniendo en cuenta que tales faltas pueden poner en tela de juicio la integridad de un operador económico.

Tal decisión se apoya en el considerando 2 de la Directiva 2004/18, que prescribe la observancia de las libertades comunitarias en la contratación pública, el artículo 45.2 de la misma Directiva en tanto que permite excluir de la licitación a los operadores económicos condenados por delito o sancionados por falta grave que afecte a su moralidad profesional5, el considerando 1016 y el artículo 577 de la Directiva 2014/24/UE8.

En lo concerniente a la exclusión de operadores económicos de un contrato público en el contexto de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios previstas en los artículos 49 y 56 TFUE, señala que el artículo 45, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/18 permite excluir a todo operador «que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por cualquier medio que los poderes adjudicadores puedan justificar» y añade que el concepto de «falta en materia profesional», abarca cualquier comportamiento que incurra en culpa y que afecte a la credibilidad profesional del operador económico en cuestión, y no sólo, en sentido estricto, las infracciones de las normas deontológicas de la profesión a que pertenece dicho operador9.

Por tal motivo considera que la comisión de una infracción contra las normas sobre competencia, especialmente si la infracción se ha sancionado con una multa, constituye una causa de exclusión comprendida en el artículo 45, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/18 y más aún, la exclusión deberá considerarse justificada a fortiori con respecto a los contratos públicos que no alcancen el umbral pertinente definido en el artículo 7 de dicha Directiva y que, por consiguiente, no están sujetos a los procedimientos particulares y rigurosos previstos por ésta.

En definitiva concluye que los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea “no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que excluye de la participación en un procedimiento de licitación a un operador económico que ha cometido una infracción contra la normativa sobre competencia, infracción que ha sido declarada mediante sentencia judicial que ha adquirido autoridad de cosa juzgada y por la que se le ha impuesto una multa”.