El 14 de mayo de 2015, la Audiencia Nacional dictó el auto por el que concede la medida cautelar solicitada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), consistente en suspender la huelga convocada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La LFP inició un procedimiento de conflicto colectivo alegando que la huelga convocada por la AFE era ilegal. Para ello alegó que la AFE estaba intentando alterar los términos del convenio colectivo en vigor a través de la huelga. Debido a que el proceso judicial tendría lugar tras la fecha de la huelga, la LFP solicitó a la Audiencia Nacional su suspensión como medida cautelar.

El tribunal decidió conceder dicha medida tras debatir acerca de la admisibilidad de la medida cautelar en cualquier caso, puesto que su concesión podría suponer una restricción al derecho de huelga. La Audiencia determinó que el derecho de la LFP a la tutela judicial efectiva sólo podía ser respetado si se permitía solicitar la suspensión; de lo contrario, el proceso judicial para conocer de la demanda de ilegalidad de la huelga tendría lugar una vez llevada a cabo la huelga.

La Audiencia Nacional afirmó también que la suspensión podría concederse si la LFP proveía indicios claros de sus pretensiones. Una vez analizada la respuesta de la LFP en la vista que tuvo lugar el 13 de mayo de 2015, el tribunal consideró que existían indicios suficientes de sus pretensiones por lo que conceder la suspensión podría suponer graves consecuencias:

 “Por lo demás, se ha probado que la celebración de la huelga impediría concluir el campeonato de Primera y Segunda División B en las fechas indicadas, lo que provocará un grave desorden organizativo, cuya resolución es muy difícil de resolver por los compromisos internacionales de España y de los propios clubes, así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas, sin olvidar que AFE anunció que se reservaba la ampliación de los días de huelga iniciales, lo que nos permite concluir que, si no se adoptara la medida solicitada, se producirían situaciones, que impedirían o dificultarían gravemente la tutela judicial que pudiera otorgarse caso de una eventual sentencia estimatoria, concurriendo, por tanto, los requisitos del art. 728 LEC” (Fundamento jurídico quinto del Auto).

La AFE puede recurrir esta resolución ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días. La decisión final del Alto Tribunal no se verá vinculada por lo decidido en la Audiencia Nacional. El tribunal ha exigido a la LFP que deposite caución por 5 millones de euros en para hacer frente a las consecuencias que se derivarían de una decisión final que considerase que la huelga no era ilegal.