Sentencia de 29 de junio de 2016, del Tribunal Supremo, relativa al plazo de caducidad que debe tenerse en cuenta para determinar si el socio que ha votado a favor de la exclusión de otro socio o socios está legitimado para ejercer la acción de exclusión o su acción ya consta caducada.

El 29 de junio de 2016 el Tribunal Supremo resolvía el conflicto societario iniciado a finales de 2010 al acordarse en la junta de una sociedad anónima la exclusión de una de las socias titular del 50% del capital social.

Concretamente, el 10 de diciembre de 2010 se celebró la junta general de la sociedad de responsabilidad anónima (la “Sociedad”) en la que se acordaba la exclusión de la socia excluida (socia A) por infringir el deber de no competencia. Cabe decir que la socia excluida además de ser titular del 50% del capital social ostentaba el cargo de administradora. En 2011,  el Juzgado de lo Mercantil de Girona dictaba sentencia acordando el cese de la socia como administradora, sentencia que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Girona en 2012. En ninguna de las citadas sentencias se trató de la exclusión de la socia A de la Sociedad, dado que esta no fue solicitada en la demanda presentada por la Sociedad, debiendo posiblemente haberlo sido.

El 29 de mayo de 2013 otra socia B (titular del otro 50% del capital social de la Sociedad y que había votado a favor de la exclusión de la socia A), interpuso ante el Juzgado de lo Mercantil demanda solicitando la declaración de validez del acuerdo adoptado el 10 de diciembre de 2010 y la consiguiente exclusión de la socia A de la Sociedad.

La socia B defendía que había cumplido con todos los requisitos recogidos en el artículo 352.3 de la LSC y que estaba, por tanto, legitimada para ejercitar la acción de exclusión en nombre de la Sociedad al haber votado a favor de la exclusión y al no haberla instado la Sociedad en el plazo de un mes desde la fecha de adopción del acuerdo (recordemos que dicho acuerdo se adoptó el 10 de diciembre de 2010).

Pese a la argumentación de la socia B el Juzgado de lo Mercantil decidió desestimar la demanda. Sustentaba su fallo en la afirmación de que la demandante conocía que la Sociedad no había ejercitado la acción de exclusión, como mínimo, desde enero de 2011, y que por tanto, tal y como citaba la doctrina de la STS de 9 de abril de 2003, la socia B habría dispuesto desde la finalización del periodo de un mes del que contaba la Sociedad para ejercitar la acción de exclusión (dies a quo) de un mismo periodo de caducidad de un mes para ejercitar la acción por cuenta de la misma, periodos que ya habían caducado.

Tras el citado fallo, la socia B instó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que entendió que, al no establecerse en el artículo 352.3 de la LSC plazo alguno de caducidad para el ejercicio por los socios de la acción de exclusión, debería aplicarse el plazo de 3 años reconocido en el artículo 947 del CCom (plazo aplicable a la prescripción de las acciones de los socios contra la sociedad o viceversa) no habiendo, por tanto, pasado el plazo y debiéndose estimar el recurso y revocar la sentencia.

La socia A recurrió la decisión en casación ante el TS que aprovechó la oportunidad para reiterar la doctrina contenida en su sentencia del 9 de abril de 2003 y estimar el recurso fallando en favor de la socia A y en contra de la acción de exclusión.

El TS en su interpretación del artículo 352.3 LSC mantiene que no se aprecia razón alguna para variar el criterio utilizado en su anterior sentencia y expone que “el art. 352.3 LSC, al igual que el anterior art. 99.2 LSRL, no establece un plazo específico para el ejercicio de la acción por el socio porque es el mismo que el que señala para la Sociedad (un mes)”; el interés legalmente tutelado no es el del socio sino el de la sociedad; la legitimación del socio es una legitimación subsidiaria que no puede contar con un plazo mayor. Entendiéndose, por ello, que la única diferencia se encuentra en el dies a quo del periodo, que será la fecha del acuerdo en el caso de la Sociedad y la fecha en la que tuvo o debió tener conocimiento de que la sociedad no había ejercitado la acción en el caso del socio.

El TS ha mantenido una doctrina que no está libre de críticas, al no valorarse la posibilidad (defendida por algún autor) de aplicar el plazo de un año reconocido en el artículo 205.1 de la LSC para la impugnación de acuerdos, dado que esta acción, como la de exclusión, se destinan a la defensa del interés social.