El Tribunal Supremo, en una sentencia referida a la fiscalidad de las operaciones intragrupo en el ámbito del impuesto sobre sociedades, sienta un criterio en el que apuesta por la buena praxis administrativa en materia de valoración y reconocimiento de aquéllas.

1. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 31 de mayo del 2016 (rec. n.º 58/2015), aborda interesantes cuestiones relativas a la fiscalidad de las operaciones intragrupo. El asunto arranca de un procedimiento de inspección que terminó con una liquidación relativa al impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2001 a 2005 de la entidad Peugeot Citroen Automóviles de España, S. A. (PCAE), acompañada de los correspondientes acuerdos de imposición de sanciones. Ambos extremos fueron recurridos ante el Tribunal Económico Administrativo Central, que los desestimó en una resolución posteriormente impugnada ante la Audiencia Nacional. Ésta, por su parte, anuló los acuerdos de imposición de sanciones, pero confirmó la liquidación, fallo que fue objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya sentencia analizamos ahora.

Para el examen de esta última comenzaremos destacando, en primer lugar, los aspectos más relevantes que llevaron a la Administración a regularizar la situación tributaria de la entidad y, a la postre, a la Audiencia Nacional a confirmar su criterio respecto al tema más relevante de los que motivaron la controversia, esto es, el que guarda relación con la deducción de la provisión de cartera dotada en los años 2001 a 2004 por la participación de PCAE en su filial argentina Peugeot Citroen Argentina, S. A. (PCARG).

A este respecto, dos fueron las cuestiones principalmente debatidas:

a) La posibilidad de aplicar la deducción de la provisión de cartera por depreciación de la participación de PCAE en la filial argentina.

La Administración rechazó la deducibilidad fiscal de la provisión de cartera dotada por PCAE por depreciación de su participación en PCARG —fruto de la compra en junio del 2001 de acciones de la filial argentina a la entidad financiera vinculada Automóviles Peugeot, empresa filial al 100 % del Grupo PSA—. A esos efectos, la Audiencia Nacional confirmó el criterio de la Administración estimando que el valor de mercado de las acciones en la fecha de adquisición era de cero euros, conclusión que se extrajo de la situación de profunda crisis económica por la que atraviesa Argentina y por la situación de pérdidas de la entidad argentina en los años anteriores a la compra de las acciones, que a tenor del citado tribunal se traducen en la concesión a PCARG de aportaciones a fondo perdido.

La entidad recurrente, PCAE, consideró que la sentencia recurrida había interpretado incorrectamente el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), lo cual, a su vez, provocó una indebida aplicación de los artículos 12.3 y 10.3 del citado texto legal, pues aceptó un acuerdo de valoración a mercado que no respetaba las reglas exigibles para la valoración de operaciones vinculadas. A su juicio, se prescindió de cualquier comparación con otras transacciones, teniéndose en cuenta únicamente los aspectos aludidos, que en su opinión no sirven de justificación alguna en orden a considerar que las empresas argentinas careciesen de valor. La recurrente argumentó, en esa línea, que, más que acudir a la consideración de pérdidas en ejercicios anteriores, debió tomarse en consideración la proyección de resultados futuros, máxime cuando en este caso se trataba de valorar una compañía con un plan industrial en marcha que garantizaba la rentabilidad futura del negocio de PCARG, como se confirmó en ejercicios posteriores.

Pues bien, el Tribunal Supremo ha estimado las alegaciones de la recurrente considerando que la Audiencia Nacional, careciendo de toda motivación, confirmó un informe de valoración que no respeta los mínimos exigidos por el artículo 16 del mencionado texto refundido al no recoger ninguna de las metodologías previstas en el precepto. En ese sentido, afirma el tribunal que el acuerdo de valoración, en primer lugar, se limita, básicamente, a tener en cuenta el valor contable resultante de los estados financieros de PCARG a 31 de diciembre del 2000, valor que en ningún momento se analizó si era coincidente o no con el de mercado de los activos. Por otra parte, concluye que no se analizaron operaciones comparables, por lo que no se verificó en ningún momento si otras empresas españolas invirtieron en el mercado argentino en el periodo 2000/2001; añade, además, que no se siguió ningún método de valoración de empresas en funcionamiento con el fin de desvirtuar la metodología de valoración seguida por la consultora a la que la recurrente solicitó un informe de valoración.

b) La posibilidad de aplicar la deducción de la provisión en cartera sobre el incremento de coste por adquisición y capitalización de créditos contra la filial argentina.

La Administración negó también la deducibilidad de la provisión de cartera como consecuencia de la capitalización de cré- ditos comerciales, créditos que fueron adquiridos por PCAE a otras filiales que eran en un principio acreedoras de la argentina, decisión que adoptó al considerar que la adquisición de tales créditos no se habría producido entre partes independientes y que fue ratificada por la Audiencia Nacional omitiendo cualquier juicio sobre el razonamiento que sobre este aspecto contenía el dictamen pericial encargado por la entidad.

La recurrente, por su parte, consideró que este tribunal había ignorado que la regularización de la provisión por cartera en este caso se había efectuado al margen de cualquier análisis objetivo en orden a determinar si la transacción había sido realizada en condiciones de independencia, aplicando una potestad de recaracterización de la transacción al margen de los mecanismos previstos a ese respecto en la Ley General Tributaria. Considera así que se ha infringido el artículo 12.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en relación con el artículo 10.3, y todos ellos en relación con el artículo 13 de la Ley General Tributaria.

El Tribunal Supremo respalda también en este punto los argumentos de la recurrente. En ese sentido, considera que la negativa de la inspección a aceptar que el coste de adquisición de las acciones de la filial argentina pudiera incrementarse por el importe de los créditos adquiridos a otras filiales del grupo, por considerar que la transacción no se habría efectuado entre partes independientes, presenta dos problemas, uno técnico y otro jurídico, cuya apreciación conjunta impide al tribunal aceptar tal hipótesis.

Así, desde el punto de vista técnico, como informó el perito, resulta inaceptable entender que los créditos carecían de valor de mercado, puesto que la realidad económica demuestra que, incluso en situaciones de aparente insolvencia, existe un mercado activo para adquirir créditos aparentemente incobrables. Si los créditos adquiridos podían tener un valor de mercado, no cabe negárselo sin acreditar fehacientemente que no lo tenían.

Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, no se puede prescindir de operaciones realizadas efectivamente entre partes vinculadas a las que cabe atribuir un valor de mercado invocando sin más el principio de plena competencia recogido en el artículo 9 de los convenios para evitar la doble imposición, como había hecho la Audiencia Nacional aludiendo concretamente al firmado entre España y Francia o al celebrado entre España y Argentina. Por ello, a juicio del tribunal, resultaba necesario en este caso, para efectuar esa recalificación, la aplicación de una cláusula general interna antiabuso.

2. Comentario final

La sentencia del Tribunal Supremo representa un punto de inflexión en el criterio de nuestros tribunales sobre la metodología para valorar y, en su caso, para recaracterizar las operaciones intragrupo.

En este último sentido, ha de recordarse que el criterio que sustentó la Audiencia Nacional en su Sentencia de 11 de diciembre del 2014 (rec.n.º 317/2011), objeto del recurso de casación que hemos comentado, no era nuevo. Antes al contrario, el argumento centrado en la aplicabilidad directa del artículo 9 de los convenios para evitar la doble imposición para permitir a la Administración recaracterizar las operaciones entre entidades vinculadas que no se ajusten al principio de plena competencia allí recogido se expresó en términos idénticos a los manifestados por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 18 de julio del 2012 (rec. n.º 3779/09).

Pues bien, sobre esta cuestión, el alto tribunal hace ahora una aportación importante aclarando que, en los casos en los que la Administración detecte una operación que pueda considerarse anómala, ésta no podrá ignorarse sobre la única base del principio de plena competencia si en el mercado existen operaciones comparables entre partes independientes. En el caso de ser así, la Administración deberá practicar las comprobaciones oportunas con el fin de constatar la concurrencia de los requisitos para aplicar las cláusulas generales internas antiabuso.