El 24 de abril de 2013 se derrumbó una fábrica textil de ocho pisos en Bangladesh. En ese momento se constató públicamente que las condiciones en las que los trabajadores desarrollaban sus tareas en absoluto cumplían los estándares y normas de salud.Desde entonces, tanto la presión internacional como las medidas por parte de las empresas han ido incrementándose notablemente para evitar que esto vuelva a suceder.

Una de las cuestiones que más revuelo causó fue descubrir que las prendas de vestir manufacturadas en la fábrica derrumbada pertenecían a marcas que ni siquiera sabían que sus productos eran producidos en esa fábrica. Esas empresas habían subcontratado a empresas locales para llevar a cabo una mayor producción a menor coste, dichas empresas locales a su vez subcontrataban a otras, a veces, con total desconocimiento de la empresa principal que finalmente vendería las camisetas.

En los últimos años se ha abordado este problema desde perspectivas diferentes, con la intención de mejorar las condiciones laborales a lo largo de la cadena de producción:

  • Por un lado, se han reforzado las convenciones internacionales existentes, encomendando al control estatal la erradicación de trabajos en condiciones ínfimas o prácticamente de esclavitud. En este sentido se ha aprobado por parte de la Organización Mundial del Trabajo el Protocolo a la Convención sobre el trabajo forzoso (2014) y las recomendaciones. Esta vía, sin embargo, no está siendo muy efectiva puesto que obliga a los estados a vigilar a los actores principales en esta cuestión: las empresas, pero no obliga directamente a éstas.
  • Por otro lado, los sindicatos globales han potenciado la firma de Convenios Colectivos globales con empresas multinacionales para mejorar las condiciones laborales más allá de unas determinadas fronteras. Este método está teniendo más éxito, puesto que obliga directamente a los actores principales a establecer aquellas medidas a las que se comprometieron con los sindicatos, que vigilarán que estas se lleven a cabo en todo momento.
  • Asimismo, ciertas empresas han visto la necesidad de instaurar sistemas internos para poder controlar las condiciones laborales a lo largo de su cadena de producción, desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa.
  • Por último, el establecimiento de un marco interno para el control de las condiciones laborales a lo largo de la cadena de producción ha probado ser la forma más eficaz para satisfacer todos los intereses en juego, hasta el punto, que algunos países han incluido dentro de las obligaciones de las empresas, las de control de las condiciones laborales a lo largo de la cadena de producción.

California fue pionera en 2010 en incluir entre las obligaciones de las empresas la de informar sobre las condiciones laborales a lo largo de la cadena de producción. Así, toda empresa que (i) se dedique a la fabricación o distribución de bienes, (ii) los comercialice en California y (iii) cuyos ingresos globales superen los 100 millones de dólares anuales, debe informar sobre las condiciones laborales existentes a lo largo de su cadena de producción y los esfuerzos que realiza para mejorar estas.

En el mismo sentido, el Reino Unido aprobó la Modern Slavery Act en 2015. Esta ley impone obligaciones de información concretas a este respecto, como la publicación en la página web de la empresa de una declaración de la compañía aprobada por su junta directiva declarando que cumple con todos los criterios de la ley o la elaboración de due diligence respecto a las condiciones laborales existentes a lo largo de la cadena de producción. Esta ley aplica a todas las empresas que (i) presten servicios o comercien en el Reino Unido y (ii) tengan una facturación global superior a 36 millones de libras.

Por lo tanto, aquellas empresas españolas que facturen más de 36 millones de libras y comercien o presten servicios en el Reino Unido, con independencia de si esos servicios suponen una facturación mayor o menor a 36 millones de libras, deberán también cumplir con esta ley.

En definitiva, saber quién y cómo fabrica los bienes que las empresas comercializan no es solo una cuestión de política interna, sino cada vez más una cuestión de escrutinio por parte del consumidor y de los poderes públicos, siendo el mejor interés de la empresa el establecimiento de un marco normativo que controle las condiciones laborales a lo largo de la cadena de producción.

Por ahora solo California y el Reino Unido han aprobado normas exigiendo información al respecto a las empresas, pero se advierte una clara tendencia a favor de una mayor regulación, ampliándose de tal forma aún más el número de empresas que deberán cumplir con estas obligaciones.