El pasado 13 de febrero se publicó el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, cuyo objeto consiste en mejorar la eficiencia energética de las empresas, promocionar el ahorro energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos estos objetivos tienen como meta alcanzar en materia de eficiencia energética un aumento del 20% de la eficiencia para el año 2020.

Como medida principal de esta normativa, destaca la obligación de efectuar auditorías energéticas. Este aspecto puede ayudar a las empresas a conocer su situación real respecto al uso de energía al comparar los resultados entre las mismas. No obstante, sólo será obligatorio hacer estas auditorías para aquellas empresas que tengan la consideración de “grandes empresas”, esto es, aquellas que cumplan con uno de los siguientes requisitos:

  • Que ocupen al menos a 250 personas.
  • Que tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y un balance general que exceda de 43 millones de euros.

Será igualmente de aplicación para aquellos grupos de sociedades que cumplan los requisitos anteriores.

“Como medida principal de esta normativa, destaca la obligación de efectuar auditorías energéticas.”

Respecto al ámbito de aplicación, llama la atención que la obligatoriedad de la auditoría se fije atendiendo a la magnitud de la empresa y no al consumo total de energía. Por esta razón pueden haber PYMES que aun consumiendo mucha energía queden excluidos de la obligatoriedad de auditar, lo cual puede resultar contradictorio respecto al objetivo que la Directiva se propone.

La auditoría tendrá una vigencia de 4 años, y deberá cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía final del conjunto de instalaciones ubicadas en territorio nacional, incluidas aquéllas que la empresa tenga arrendadas. Hay que tener en cuenta que aquellas empresas que ostentan la condición de “gran empresa” durante dos años consecutivos deberán someterse a dicha auditoría antes del 14 de noviembre del presente ejercicio salvo que hayan realizado una en el plazo anterior de cuatro años.

Para justificar el cumplimiento de la auditoría, las empresas podrán elegir alternativamente entre las siguientes opciones:

  • Aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo independiente.
  • Realizar la auditoría conforme a las siguientes directrices:
    • Deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de consumo de energía y, en caso de la electricidad, de perfiles de carga.
    • Abarcarán un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía.
    • Se fundamentarán, siempre que sea posible en criterios de rentabilidad en el análisis del coste del ciclo de vida, antes que en períodos simples de amortización.
    • Deberán ser proporcionadas y suficientemente representativas para que pueda trazar una imagen fiable del rendimiento energético global.

La información resultante de dichas auditorías habrá de ser actualizada en el Registro Administrativo de Auditoría Energéticas. El órgano de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla competente en materia de eficiencia energética llevará a cabo un sistema de inspección relativa a la realización de las auditorías energéticas independiente, para lo cual podrá realizar cuantas inspecciones considere necesarias a fin de vigilar el cumplimiento de dicha obligación, así como garantizar y comprobar su calidad.

A continuación, nos centramos en la figura del auditor energético, enunciando los requisitos para el ejercicio de su actividad profesional que se centran en el deber de cumplir algunas de las siguientes condiciones:

  • Estar en posesión de una titulación universitaria oficial u otras licenciaturas, grados o máster universitarios en los que se impartan conocimientos básicos de energía, instalaciones de los edificios, procesos industriales, contabilidad energética, equipos de medida y toma de datos y técnicas de ahorro energético, o bien

“Cabe destacar que la auditoría de una empresa puede ser realizada por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa…”

  • Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas ya sea por disponer de título de formación profesional cuyo ámbito incluya materias sobre auditorías energéticas o por tener reconocida competencia profesional en la materia de auditorías energéticas. En los casos mencionados en este párrafo, se exigirá haber superado un curso teórico y práctico de conocimientos específicos de auditoría energética.

Cabe destacar que la auditoría de una empresa puede ser realizada por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre y cuando (i) no tengan relación directa con las actividades auditadas y (ii) pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa.

Por último procede resaltar el régimen de infracciones y sanciones. En este apartado el Real Decreto se remite a la Ley 18/2014, de 15 de octubre de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que regula sanciones de 300 a 1.000 euros (infracciones leves), de 1.001 a 10.000 euros (infracciones graves) y de 10.001 a 60.000 euros (infracciones muy graves).

En lo concerniente a los requisitos y documentación necesaria para el ejercicio de actividad profesional de proveedor de servicios energéticos, se establecen los siguientes:

  • Documentación que identifique al prestador (las personas jurídicas deberán incluir en el objeto social la prestación de servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética).
  • Acreditar una cualificación técnica adecuada.
  • Disponer de medios técnicos apropiados.
  • Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, o profesional correspondiente, y al corriente de pago de los mismos.
  • Tener contratado un seguro de responsabilidad civil u otra garantía que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, por una cuantía mínima de 150.000 euros.

Las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse como proveedores de servicios energéticos, deberán presentar, previamente al inicio de actividad, una declaración responsable que habilita para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional por tiempo indefinido desde el momento de la presentación. Las modificaciones que se produzcan en relación con los datos declarados, así como el cese de actividad deberán ser comunicadas en el plazo de un mes desde que se produzcan.

La información contenida en las declaraciones responsables presentadas, se incluirán en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos. La no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en la declaración, habilitará al órgano competente en materia energética a resolver sobre la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad de proveedores de servicios energéticos.