El pasado 16 de octubre se publicó en el BOE la Resolución de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, por la que se publicaba el Acuerdo del Consejo de Ministros sancionando a una entidad bancaria (Banco Santander) con una multa de 1.000.000 de euros por infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

Cabe destacar que la infracción, consistente en la no conservación de documentos con fuerza probatoria de disposiciones en efectivo, cobros e ingresos de cheques y órdenes de transferencias de una determinada cuenta corriente fue, en realidad, cometida por el Banco Español de Crédito (Banesto) en fecha anterior a la apertura del expediente sancionador en julio de 2014, cuando ya hacía más de un año que Banesto había sido absorbido por el Banco Santander y por lo cual, el expediente se incoaba contra el Banco Santander como entidad absorbente.

Contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, la entidad bancaria interpuso recurso contencioso administrativo en el que se solicitaba que, con carácter cautelar, se suspendiera la publicación de la resolución sancionadora. La entidad fundamentaba su solicitud en que, de no acordarse el suspenso de la publicación de la sanción, se producirían “una serie de perjuicios de carácter irreparable, en la medida que sufre el prestigio y la imagen comercial de la entidad sancionada frente a los mercados financieros y sus clientes”. A lo anterior añadía que “no existe ningún interés público que exija la inmediata publicación”.

Sin embargo, las alegaciones del Banco Santander no convencieron a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rechazó las alegaciones del Banco Santander al entender que la publicidad de este tipo de resoluciones resulta preceptiva por mandato legal. Además, apreció “la concurrencia de un evidente interés público en publicitar las sanciones impuestas por infracciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo […], con el objeto de preservar y salvaguardar de forma efectiva el principio de transparencia de la actividad bancaria, que comporta que deban ponerse en conocimiento de los mercados financieros y del público en general aquellos hechos o datos que puedan calificarse de relevantes por afectar al cumplimiento de las obligaciones legalmente exigibles”.