Las posibilidades de transigir en el ámbito laboral suelen estar limitadas como consecuencia de la intromisión heterónoma en la capacidad contractual de las partes. En materia procesal, y tras una importante evolución normativa, se permite alcanzar acuerdos incluso en fase de casación que, una vez homologados por el tribunal, constituirán título ejecutivo. Prohíbe, sin embargo, la norma la renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador. Pese a ello, el Tribunal Supremo admite el convenio transaccional por entender, por un lado, que, al no tratarse de sentencias firmes, cabe dicho acuerdo y, por otro, que no se está infringiendo la regla que impone la indisponibilidad de derechos al trabajador, puesto que, en tales circunstancias, el derecho sólo tiene un reconocimiento provisional y no definitivo.

De acuerdo con el artículo 19.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil «los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero». Por su parte, el artículo 19.2 de dicha norma dispone, en este mismo sentido, que «si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin». Finalmente, el artículo 19.3 establece que «los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia». Con anterioridad a la reforma del procedimiento laboral, la antigua Ley de Procedimiento Laboral contenía dos preceptos que podían interferir en estos acuerdos de homologación. Por una parte, el artículo 245.1 en cuanto disponía expresamente que «se prohíbe la transacción o renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador» y, por otra, el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores en el que se establece que «los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario». Pese a ello, la Sala de lo Social entendía que no se aplicaba en tales casos la prohibición descrita en el citado artículo 245.1 porque sólo podía admitirse en el caso de sentencias firmes y porque no se trata de un supuesto del artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores en puridad, ya que el eventual derecho sólo tiene un reconocimiento provisional y no definitivo en ese momento del litigio. Por lo demás, también identificaría la Sala otra razón, y es que al ámbito laboral no le afectan las prohibiciones contenidas en el artículo 1814 del Código Civil. En esta norma, como es sabido, se define la transacción como el contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que habían comenzado. Como indica el artí- culo 1819 del Código Civil, si estando decidido un pleito por sentencia firme se celebrase transacción sobre él por ignorar la existencia de la sentencia firme, podrá ésta pedir que se rescinda la transacción. La ignorancia de una sentencia que pueda revocarse no se considera causa para atacar la transacción. Por lo demás, sólo la prueba de actuación fraudulenta, ex articulo 6.4 del Código Civil, o con abuso de derecho, esto es, un acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se lleve a cabo sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero —de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Código Civil—, permitirían anular la transacción efectuada. De no ser así, procederá validar la transacción en los términos acordados por las partes como forma de terminación del proceso con efectos plenos. El sentido del acuerdo no era otro que sustituir lo dispuesto en las sentencias de instancia y suplicación por lo que, en virtud de lo previsto en el artículo 517.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el título para la ejecución de lo acordado lo constituirá el auto de homologación y no lo dispuesto en la sentencia correspondiente. Esto significa, en fin, que las partes pueden disponer válidamente del objeto del proceso en cualquier momento de éste y que la decisión judicial de homologación del acuerdo procederá siempre que no se produzca en supuestos en los que la ley expresamente lo prohíba o lo limite. 2. La actual Ley Reguladora de la Jurisdicción Social reconoce en su artículo 235.4 que «[l]as partes podrán alcanzar, en cualquier momento durante la tramitación del recurso, convenio transaccional que, de no apreciarse lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, será homologado por el órgano jurisdiccional que se encuentre tramitando el recurso, mediante auto, poniendo así fin al litigio y asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, con devolución del depósito constituido. El convenio transaccional, una vez homologado, sustituye el contenido de lo resuelto en la sentencia o sentencias anteriormente dictadas en el proceso y la resolución que homologue el mismo constituye título ejecutivo. La impugnación de la transacción judicial así alcanzada se efectuará ante el órgano jurisdiccional que haya acordado la homologación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad, siguiendo los trámites establecidos para la impugnación de la conciliación judicial, sin que contra la sentencia dictada quepa recurso». Parece, pues, admitirse un convenio transaccional en ejecución definitiva de sentencia, tal y como ha venido considerando la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en diferentes autos recientes (entre otros, los autos de 11 de mayo del 2015, Ar. 196990; de 5 de noviembre del 2015, Ar. 301225, y de 15 de diciembre del 2015, Ar. 6291). Sin embargo, conviene recordar que el artículo 246 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social prohíbe la renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador, sin perjuicio de la posibilidad de transacción dentro de los límites legalmente establecidos. En virtud de dicho precepto, la transacción en el proceso de ejecución deberá formalizarse mediante convenio, suscrito por todas las partes afectadas en la ejecución y sometido a homologación judicial para su validez, debiendo ser notificado, en su caso, al Fondo de Garantía Salarial. El convenio podrá consistir en el aplazamiento o en la reducción de la deuda, o en ambas cosas a la vez, entendiéndose en tales casos que el incumplimiento de alguno de los plazos o de las obligaciones parciales acordadas determina el fin del aplazamiento o el vencimiento de la totalidad de la obligación; podrá consistir, igualmente, en la especificación, en la novación objetiva o subjetiva o en la sustitución por otra equivalente de la obligación contenida en el título, en la determinación del modo de cumplimiento, en especial del pago efectivo de las deudas dinerarias, en la constitución de las garantías adicionales que procedan y, en general, en cuantos pactos lícitos puedan establecer las partes. De ser así, el órgano jurisdiccional homologará el convenio mediante auto, velando por el necesario equilibrio de las prestaciones y la igualdad entre las partes, salvo que el acuerdo sea constitutivo de lesión grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho, o contrario al interés público, o que afecte a materias que se encuentren fuera del poder de disposición de las partes. La ejecución continuará hasta que no se constate el total cumplimiento del convenio, siendo título ejecutivo la resolución de homologación del acuerdo en sustitución del título ejecutivo inicial. Finalmente, la transacción en la ejecución se efectuará ante el órgano jurisdiccional que la hubiera homologado y se regirá por lo dispuesto para la impugnación de la conciliación judicial. 3. La indisponibilidad de derechos recogida en el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores reduce en el contrato de trabajo el ámbito de la autonomía de las partes del artículo 1255 del Código Civil, pero no lo excluye. Existen garantías mínimas legales o convencionales de derecho necesario y, por ende, indisponibles. Pero los derechos reconocidos por sentencia que superen dichos mínimos y que no hayan sido sancionados de forma definitiva admiten transacción. El Derecho del trabajo evoluciona hacia instrumentos descentralizados de autorregulación que permiten combinar núcleos de derechos sustanciales indisponibles con espacios abiertos en los que los destinatarios pueden participar en los mecanismos de formación y producción normativa. Y no sólo mediante la negociación colectiva, sino desde la perspectiva individual en una evolución, como señala la doctrina italiana, de la seguridad «en el Derecho» a la seguridad «a través del Derecho». Un replanteamiento del papel de la norma legal y convencional no tanto para favorecer la retirada de la voluntas legis a favor de la lex voluntatis, sino para ensayar nuevas técnicas de regulación heterónoma más compatibles con la autonomía individual. Con todo este margen, también ahora el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 1 de junio del 2016 (Ar. 129106) admite la transacción en relación con la indemnización por despido. En atención a lo expuesto, se homologa el convenio transaccional alcanzado entre las partes por no apreciar lesión grave para alguna de ellas, fraude de ley o abuso de derecho; sustituye el auto el contenido de lo resuelto en las sentencias dictadas a lo largo del proceso y constituye el convenio un nuevo título ejecutivo.