Las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual españolas EGEDA, DAMA y VEGAP recurrieron ante el Tribunal Supremo (TS) el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por considerar dicha normativa contraria a la Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001.

En base a las alegaciones de las precitadas entidades de gestión, el TS elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la conformidad del sistema español de compensación equitativa por copia privada y el sistema de cálculo de su importe con el Derecho de la Unión en relación.

En concreto, el TS planteó las siguientes cuestiones:

  1. ¿Es conforme a la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas?
  2. Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es conforme a la Directiva 2001/29 que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?»

El abogado general, el Sr. MACIEJ SZPUNAR, acaba de presentar sus conclusiones en el asunto:

En lo que se refiere a la primera cuestión planteada, el abogado no considera que la financiación de la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado sea contraria a la directiva ni a la jurisprudencia del TJUE en materia de copia privada siempre que la compensación sea equitativa.

Sin embargo, sobre la segunda cuestión, el abogado general opina que para cumplir con el requisito de “equidad”, la compensación no puede establecerse a priori y de manera rígida en un límite que no tenga suficientemente en cuenta el importe del perjuicio sufrido por los titulares de los derechos. De este modo, considera que la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que es contraria a que el importe de la compensación se fije dentro de los límites presupuestarios establecidos a priori para cada ejercicio, sin tener en cuenta para fijarlos el importe del perjuicio que se estima que los titulares de los derechos han sufrido.

Dicho en otras palabras, Maciej Szpunar entiende que el cálculo de la compensación debería realizarse una vez se conoce el perjuicio causado, y no antes. De no ser así, la compensación no sería equitativa.

Sentado lo anterior por el abogado general, ahora solo queda esperar a ver la sentencia del TJUE.