La recentísima Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio del 2016 ha declarado contrario al Derecho de la Unión el sistema de compensación equitativa por copia privada establecido actualmente en España al estar sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas.

1. La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo del 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, dispone en su artículo 5.2b que los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción «en relación con repro‑ ducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa».

Se permite, así, introducir un límite a los de‑ rechos patrimoniales de la propiedad intelec‑ tual para autorizar lo que se denomina copia privada. Y dado que esa limitación supone una pérdida de ingresos para los titulares de los derechos de propiedad intelectual, cuando los Estados miembros deciden aplicar en su Derecho interno la excepción de copia privada prevista por la mencionada disposición, están obligados a regular el abono de una «compen‑ sación equitativa» a favor de los titulares de los derechos.

En España esta compensación estaba regu‑ lada inicialmente en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), que fijó un sistema muy conflictivo, conocido como canon digital, en virtud del cual los adquirentes de los soportes o apara‑ tos utilizables para la ejecución de copias pri‑ vadas pagaban dicha compensación.

A raíz del intenso debate social sobre el canon, este sistema fue eliminado por la disposición adicional décima del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que dio lugar al procedimiento de pago a los percep‑ tores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Genera‑ les del Estado (procedimiento desarrollado en el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia priva‑ da con cargo a los Presupuestos Generales del Estado). Posteriormente la Ley 21/2014 rein‑ trodujo en el articulado del mencionado texto refundido la regulación de la compensación, disponiendo que correrá a cargo de los Presu‑ puestos Generales del Estado y que el pago se efectuará por medio de las entidades de ges‑ tión según lo reglamentariamente establecido.

2. En relación con el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el Tribunal Supremo español planteó al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales (as. C‑470/14, EGEDA, DAMA, VEGAP contra Administración del Estado): 1) si era conforme con el artícu‑ lo 5.2b de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas; y, en tal caso, 2) si era conforme con la directiva que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada (aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado) deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

Pues bien, estas cuestiones han sido contestadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 9 de junio del 2016.

3. El citado tribunal ya había afrontado distintas cuestiones relacionadas con el pago de la com‑ pensación privada por parte de los sujetos que efectúan las copias (el sistema del canon). Cabe recordar, así, que, según la jurisprudencia ya es‑ tablecida del tribunal (sentencias de 21 de octu‑ bre del 2010, Padawan, C‑467/08; de 16 de junio del 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09; de 11 de julio del 2013, Amazon.com Interna‑ tional Sales y otros, C‑521/11, y de 5 de marzo del 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12):

  1. a previsión de una «compensación equitativa» a favor de los titulares de los derechos es obligatoria para los Estados miembros de la Unión Europea cuando deciden aplicar en su Derecho interno la excepción de la copia privada;
  2. la directiva impone a los Estados una obligación de resultado, en el sentido de que están obligados a garantizar, en el marco de sus competencias, la percep‑ ción efectiva de la compensación equita‑ tiva destinada a indemnizar a los titula‑ res de los derechos;
  3. los Estados miembros disponen de una amplia facultad de apreciación para de‑ terminar las personas que deben abo‑ nar esta compensación equitativa y fijar su forma, modalidades y cuantía, ob‑ servando lo dispuesto en la Directi‑ va 2001/29 y, con carácter más gene‑ ral, en el Derecho de la Unión. Y, en este sentido, no es conforme con la directiva aplicar el canon por copia privada, en particular, en relación con equipos, apa‑ ratos y soportes de reproducción digital adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifies‑ tamente ajenos a dicha copia privada. Pero sí lo es que las personas jurídicas sean deudoras, en su caso, de la finan‑ ciación de la compensación equitativa destinada a los titulares de los derechos como contrapartida de esta copia priva‑ da, de forma que dichas personas jurídi‑ cas repercutan el importe del canon por copia privada en el precio de puesta a disposición de los equipos, aparatos y soportes de reproducción o en el precio del servicio de reproducción presta‑ do. La razón es que, en estos casos, el usuario privado a cuya disposición se ponen los equipos, aparatos y soportes de reproducción o que utiliza un servi‑ cio de reproducción ha de considerarse, en realidad, el «deudor indirecto» de la compensación equitativa, es decir, su deudor efectivo.

4. Sobre la base de esta jurisprudencia, la sen‑ tencia ahora comentada sostiene que no se puede considerar que el artículo 5, apartado 2, letra b, de la Directiva 2001/29 se oponga, por principio, a que los Estados miembros que han optado por introducir la excepción de copia privada decidan establecer en dicho marco un sistema de compensación equitativa que no esté financiada por dicho canon, sino por sus presupuestos generales. Todo ello, siempre que ese sistema alternativo garantice el pago de una compensación equitativa a favor de los titulares de los derechos y que sus modalidades garanticen su percepción efectiva.

Y además —y esto es especialmente relevan‑ te—, se tiene que garantizar que el coste de dicha compensación sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias pri‑ vadas. Por esa razón entiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no se ajusta a la directiva un sistema como el español, en el que no existe afectación de ingresos con‑ cretos —como los procedentes de un tributo específico— a gastos determinados y la par‑ tida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa se alimenta de la to‑ talidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado. Dicho sis‑ tema implica que la compensación equitativa la pagan, del mismo modo, todos los contri‑ buyentes —incluidas las personas jurídicas—, sin que exista mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas (que en ningún caso están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 2, letra b, de la Directi‑ va 2001/29) solicitar la exención de la obli‑ gación de contribuir a financiar esta compen‑ sación o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución.

5. Tras esta importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supre‑ mo debe resolver, en consecuencia, el recurso presentado para obtener la anulación del Real Decreto 1657/2012.

Y todo ello obligará al legislador español a introducir los cambios normativos oportunos (sin que tampoco se pueda volver a un sistema de canon de aplicación indiscriminada), pues —como se ha dicho— la compensación equi‑ tativa por copia privada sólo la deben pagar las personas físicas. Let’s wait and see.