Es de conocimiento de todos que hoy en día la tecnología ha tenido la capacidad de modificar muchos aspectos en la vida humana, permitiendo una mejor calidad de vida mediante la satisfacción de las diferentes necesidades.

El dinero, como medio de intercambio de productos y servicios, ha estado en permanente evolución, pudiendo observarse como desde sus orígenes se ha tratado de desvincular al mismo de una percepción física, mediante el uso de tarjetas de crédito y débito, transacciones de fondos electrónicos, giros de cheques, entre otros, los cuales han servido como sustitutos del dinero en efectivo.

Eso nos hace preguntarnos: ¿Qué es el dinero electrónico?

El Dinero Electrónico consiste en el valor monetario que se registra a favor de determinada persona, lo cual constituye una obligación de pago exigible a su proveedor, utilizándose como un medio de pago en un monto equivalente al dinero en efectivo entregado, el cual es almacenado en un soporte electrónico.

Dentro de sus características podemos mencionar, entre otras: (i) Es un valor monetario representado en un registro electrónico; (ii) El uso del dinero electrónico requiere de una infraestructura para el comprador, el vendedor y para el proveedor del servicio; (iii) Tiene la capacidad de circular por medio de dispositivos electrónicos, tales como puntos de venta, cajeros automáticos, computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos móviles; (iv) El valor registrado electrónicamente no constituye depósito en ninguna de sus modalidades; y, (v) Cuenta con altos niveles de seguridad.

Para poner en marcha este tipo de productos es necesario un marco legal que brinde seguridad tanto a los proveedores como a los usuarios de este servicio, y además, que garantice los términos por medio de los cuales el servicio será ofrecido.

Recientemente en El Salvador ha entrado en vigencia la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, la cual tiene por objeto, propiciar la inclusión al sistema financiero, fomentar la competencia en el sistema financiero, así como reducir costos para los usuarios de dicho sistema, proporcionando las regulaciones mínimas y el modo de operar de estas Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico (SPDE por sus siglas en español).

Las SPDE, serán sociedades anónimas de capital fijo, con una finalidad exclusiva, la cual será la de proveer dinero electrónico, no obstante lo anterior, también podrán estas sociedades administrar y operar sistemas de pagos móviles mediante la compensación y liquidación de pagos entre la empresas proveedoras y diferentes establecimientos comerciales, siempre con autorización previa del regulador (Superintendencia del Sistema Financiero y Banco Central de Reserva de El Salvador).

Las transacciones realizadas por medio de este servicio son transacciones de cuantía baja, es decir, el monto máximo por transacción que una SPDE realice, no podrá superar el valor de un salario mínimo urbano mensual del sector comercio y servicios (US$251.70), y el monto máximo de transacciones acumuladas en un mes, así como el saldo máximo acreditado en el registro electrónico, por cada persona natural y con cada proveedor, no deberá superar en ningún momento los cuatro salarios mínimos urbanos mensuales del sector comercio y servicios (US$1,006.80). Estos montos podrán actualizarse cada dos años tomando en consideración el desarrollo del mercado y la variación de índice de precios al consumidor en El Salvador.

Por lo tanto, la entrada en vigencia de esta ley y su normativa, es un paso que genera un nuevo reto para el sistema financiero salvadoreño, el cual, de ser utilizado en debida forma y de brindarse la educación sobre el funcionamiento y utilización de este producto, pudiera llegar a convertirse en un medio de pago eficiente, moderno y con alto grado de seguridad, propiciando la bancarización del sistema, lo cual incorpora a la población en el circuito económico formal e impulsa económicamente a nuestro país.