El BOE del día 11 de julio publica el Real Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras medidas de carácter económico, norma que contiene también reformas de la regulación del sector eléctrico.

Además de las modificaciones del régimen de ciertos impuestos —que no son objeto de este documento— y de las medidas de carácter social en el ámbito de la minería del carbón (ayudas económicas para incentivar prejubilaciones antes del 31 de diciembre del 2018), el Real Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras medidas de carácter económico, contiene dos reformas importantes para el sector energético: la modificación del régimen de los servicios de pago por capacidad y del régimen del autoconsumo. 

1. Reducción de los pagos por capacidad

Según se explica en la exposición de motivos, la eliminación del déficit de tarifa, la mejora de las condiciones de demanda y el ahorro de costes permiten reducir la parte regulada del recibo eléctrico. En particular, se reduce la cantidad destinada a pagos por capacidad incluida en la retribución de la actividad de producción de las plantas de ciclo combinado y de cogeneración. 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, dando continuidad a lo ya previsto con anterioridad en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, establece la posibilidad de que la retribución de la actividad de producción prevea un componente en concepto de mecanismo por capacidad. 

Los mecanismos por capacidad incluyen dos tipos de servicios: el fomento de la inversión en capacidad a largo plazo y el servicio de disponibilidad a medio plazo, con los que se pretende dotar al sistema de un margen de cobertura adecuado e incentivar la disponibilidad de potencia gestionable. La Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre del 2007, regula tanto el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo como el pago en concepto de servicio de disponibilidad. Mediante la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, se desarrolla la regulación del servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión. El mecanismo de financiación de los pagos por capacidad es el previsto en la disposición adicional séptima de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero del 2008. De acuerdo con ella, están obligados al pago por capacidad todos los comercializadores y consumidores directos en el mercado por la energía que efectivamente adquieran mediante las diferentes modalidades de contratación y que esté destinada al consumo interno español, salvo la energía correspondiente al autoconsumo de producción y al consumo de bombeo.

Los precios de los pagos por capacidad fueron revisados en el año 2010 para adecuarlos a la entrada en vigor del mecanismo regulado en el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. Este mecanismo era de aplicación a las instalaciones de generación que utilizan como combustible carbón autóctono y los costes derivados de su aplicación suponían un sobrecoste directo para el consumidor, que contribuye a su financiación por medio de los pagos por capacidad. Dado que el 31 de diciembre del 2014 ha concluido la aplicación del mecanismo de restricciones por garantía de suministro regulado, se hace necesaria la revisión de los precios en concepto de pagos por capacidad. Según el Gobierno, esta revisión no se ha efectuado antes «por criterios de prudencia y hasta ver el comportamiento real de la demanda».

Los precios unitarios para financiar los pagos por capacidad son los establecidos en la disposición adicional cuarta de la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de enero del 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. A ello hay que añadir los precios previstos para los peajes de acceso supervalle en el anexo I.2.2.3 de la Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan los peajes de acceso, se establecen los precios de los peajes de acceso supervalle y se actualizan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir del 1 de octubre del 2011, y los previstos para los peajes de acceso 6.1A y 6.1B en el anexo I.2 de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para el 2015. 

El Real Decreto Ley 9/2015 contiene una revisión de los precios que soportan los consumidores en concepto de pagos por capacidad (art. 5), lo que supone una reducción de la cantidad que pagan actualmente en términos anuales. Para el 2015 y dado que no se ha producido la reducción desde el 1 de enero, se aplica una reducción equivalente de la cuantía total anual en concepto de pagos por capacidad en los meses que restan del año, desde agosto a diciembre (disposición transitoria única).

Según el Gobierno, en el periodo entre agosto y diciembre del 2015, esta medida generará una reducción de la factura eléctrica del 2,1 % para los consumidores en general, que será del 2,2 % para los consumidores domésticos.

A tenor de esta reducción de los pagos por capacidad, conviene recordar que el pasado 29 de abril, la Comisión Europea dio a conocer la apertura de una investigación sobre once Estados miembros de la Unión Europea —entre ellos, España— relativa al impacto de estos pagos por capacidad en la competencia en el mercado energético; sus resultados se publicarán a mediados del 20161

2. Autoconsumo: posible exención excepcional del pago de peajes a los consumidores de potencia inferior a 10 kW

El real decreto ley modifica el artículo 9, relativo al régimen del autoconsumo eléctrico, de la Ley del Sector Eléctrico, con el propósito de disminuir la carga económica a los peque- ños consumidores que decidan autoconsumir. Sin embargo, en contra de lo que se ha dicho en la presentación de la norma, el precepto no los exime del pago de peajes. Lo único que hace es prever que el Gobierno podrá reducir excepcionalmente los peajes, cargos y costes a «determinadas categorías de consumidores de baja tensión de la modalidad de suministro con autoconsumo», siempre que la potencia máxima contratada de consumo y la instalada de generación no sean superiores a 10 kW. Literalmente, establece que «de forma excepcional y siempre que se garantice la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema, con las condiciones que el Gobierno regule, se podrán establecer reducciones de peajes, cargos y costes para determinadas categorías de consumidores de baja tensión de la modalidad de suministro con autoconsumo. En todo caso, tanto la potencia máxima contratada de consumo como la instalada de generación no serán superiores a 10 kW». 

3. Peculiar régimen de modificación: rango legal «de ida y vuelta»

La disposición final segunda del real decreto ley contiene una peculiar regla sobre el régimen de las modificaciones de las normas de rango inferior al de ley afectadas por el real decreto ley. Establece que «las modificaciones que, con posterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto ley, puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación por el mismo, podrán efectuarse por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que actualmente figuran». En otros términos, el real decreto ley permite que los preceptos reglamentarios modificados por el propio real decreto ley y que por el principio de jerarquía normativa quedarían elevados igualmente a normas con rango de ley, puedan ser modificados nuevamente por norma con rango reglamentario. Sin entrar aquí en disquisiciones sobre esta disposición, sí cabe al menos cuestionar si es suficiente esta habilitación para incumplir el principio constitucional de jerarquía normativa.