El Juez de Primera Instancia de Torrelavega (Cantabria) ha dictado la primera sentencia en España relativa a la denuncia de un comprador de vehículo Volkswagen frente al fabricante y al concesionario oficial en la que se solicitaba la resolución del contrato y recompra del vehículo afectado por un software que falseaba los datos de emisiones NOx.

El Juez desestima la demanda, en nuestra opinión con acertado criterio jurídico, tal y como se venía defendiendo por la doctrina mayoritaria de nuestro país. Éste es también el criterio que se observa en países de nuestro entorno con parecido sistema legal, por ejemplo, Alemania, donde se habían desestimado hasta la fecha ocho demandas de resolución del contrato de compra del vehículo por el caso Volkswagen, basándose en muy parecidos criterios a los señalados en la sentencia del Juzgado de Torrelavega y que analizaremos brevemente a continuación.

No obstante, se acaba de dictar en Alemania (concretamente en los Juzgados de Munich) la primera sentencia en la que se admite la resolución del contrato con devolución del coche y reintegración del precio de compra al denunciante. Este caso sólo sería posible en España si el demandante pudiera llegar a probar que, en su caso concreto, el requisito de cumplir con las emisiones publicitadas fue determinante en la decisión de comprar el vehículo.

Como criterio general, la cuestión legal para establecer si debe haber resolución de la compra del vehículo y devolución de precio se fundamenta en determinar si (i) existe engaño intencionado del vendedor (“dolo”) o un error de consentimiento en la voluntad del comprador que fundamente dicha resolución del contrato, (ii) existe incumplimiento del contrato “grave” que pudiera motivar la resolución del mismo; o, (iii) basándonos en lo dispuesto en la normativa de defensa de los consumidores y usuarios, si existe “falta de conformidad” del vehículo cuyas emisiones eran superiores a las publicitadas, que para estos supuestos prevé, bajo ciertas premisas, la reparación, sustitución, rebaja de precio o resolución de contrato.

En cuanto al engaño intencionado del vendedor, en el caso recogido en la sentencia del Juzgado de Torrelavega, el Juez establece que el vendedor, concesionario oficial Volkswagen en Torrelavega, desconocía la existencia del software “mal intencionado”, por lo que se descarta este supuesto.

En relación con el error de consentimiento y “falta de conformidad del vehículo” se debe considerar en qué medida el cumplimiento con las emisiones publicitadas fue determinante para que el demandante adoptara la decisión de comprar dicho vehículo. En este sentido, la normativa en materia de defensa de consumidores y usuarios presume que los productos son “conformes” si las condiciones publicitadas que no se han cumplido no han influido de forma determinante en la decisión de comprar el producto. En estos casos concretos, puesto que cualquier vehículo diésel emite gases contaminantes independientemente del nivel de emisiones, no parece que se pueda considerar determinante este factor para la decisión del comprador. Si hubiera sido determinante en su voluntad, parece que el comprador podría haber optado por otras alternativas menos contaminantes que los vehículos diésel. En cuanto al error que se debe considerar relevante, establece nuestra jurisprudencia que el error debe recaer sobre las condiciones esenciales del producto y en este caso la condición esencial del vehículo es que sea apto para la circulación, que lo sigue siendo.

El mismo criterio aplica para desestimar la resolución del contrato por incumplimiento grave, puesto que para estos casos la resolución del contrato sólo está justificada cuando el bien defectuoso no sea apto para el fin al que se destina, que como hemos visto no es el caso, puesto que los vehículos siguen siendo aptos para la circulación.

Además, para el caso de que sí se apreciara una “falta de conformidad” del producto porque se pudiera probar esa especial relevancia en el caso concreto para el comprador del cumplimiento con esos determinados niveles de emisión de NOx, según la normativa de consumidores y usuarios, el vendedor estaría obligado a la “reparación, sustitución, rebaja del precio o resolución del contrato”, pero la aplicación de uno u otro remedio dependerá de la gravedad de la falta de conformidad del producto. Establece la normativa en este sentido que debe estarse a una forma de saneamiento que no sea desproporcionada y la alternativa de reparación del vehículo que ya está implementando Volkswagen sería en este sentido la forma menos gravosa de saneamiento.

En cuanto a la rebaja de precio y resolución del contrato incluso establece nuestra normativa de consumidores y usuarios que sólo podrá el consumidor elegir alguno de estos cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable.

Habiendo existido la “reparación” “en términos razonables” por parte de Volkswagen de los vehículos afectados (como establece la sentencia de Torrelavega), además no existe “daño” resarcible actual al comprador por este acontecimiento puesto que no se ha establecido la prohibición de circulación de los vehículos ni se ha aportado resolución administrativa que determine la devolución de ayudas percibidas.

En conclusión , sólo si no se produ jera la reparación del “defecto” en “términos razonables” o la reparación causara algún daño al comprador (por ejemplo porque con la reparación se hayan modificado las características del vehículo que sí pudiera justificarse que fueron determinantes como la potencia del motor, aumento de consumo de carburante, etc) podría existir responsabilidad del vendedor y fabricante. Existe, según se desprende de la sentencia, un informe emitido por la Oficina Federal de Circulación de la República Federal Alemana que dice que el vehículo tras la reparación cumple con los límites y demás requisitos en materia de emisiones contaminantes y durabilidad de sistemas de control de emisiones y no presenta variaciones en la potencia y par máximo ni variaciones en las emisiones sonoras. Si el comprador pudiera probar el engaño “mal intencionado” (dolo) del vendedor (que parece no ser el caso) y además daños, el comprador sí podría reclamar frente al vendedor.