1.       Contratación en un Estado miembro de trabajadores residentes en él por empre- sas declaradas insolventes con sede real en dicho Estado y con sede formal en un tercer país

1.1. Aunque el conflicto se circunscribe a un supuesto fáctico bien concreto (marine- ros contratados en un Estado miembro por un buque con pabellón de tercer Esta- do), la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de fe- brero del 2016 (as. C‑292/14, sentencia Stroumpoulis) merece atención al pre‑ cisar algunos aspectos sobre la aplica- ción de la Directiva 80/987, relativa a la protección de los trabajadores asalaria- dos en caso de insolvencia del empre‑ sario.

El supuesto alude a marineros griegos contratados en Grecia por una empre- sa griega con sede social en Malta para trabajar a bordo de un crucero con pa- bellón maltés propiedad de la empresa. Los contratos celebrados contenían una cláusula que establecía el sometimiento contractual al Derecho maltés. Inmovi- lizado por causa de embargo, el buque debía ser fletado, sin haber percibido los trabajadores sus retribuciones durante el periodo que siguió a su contratación y durante el cual permanecieron en el buque en espera del flete previsto, que finalmente no se produjo. El tribunal de primera instancia griego condenó a la empresa a abonar los salarios, los gastos de alimentación en el buque, la presta- ción por vacaciones y la indemnización por despido, junto con los intereses le- gales. Tras nuevos embargos, el buque fue subastado y la empresa declarada en quiebra, sin que se les abonaran a los trabajadores las cantidades adeudadas por falta de patrimonio ejecutable. Los trabajadores decidieron entonces dirigir- se a la Oficina de Empleo en demanda de la protección de sus créditos ante la in- solvencia empresarial, pero la oficina de- negó la prestación. Ante la reclamación por responsabilidad del Estado griego al no haberles facilitado su protección, los trabajadores consiguieron que el tribu- nal contencioso‑administrativo modifica- ra el criterio judicial inicial y aceptara la aplicación de la Directiva 80/987, ya que la empresa ejercía actividad empresarial en Grecia —país en el que se encontraba su sede real— y el Estado griego había actuado indebidamente al no haber ga- rantizado a los trabajadores asalariados la protección recogida por la normativa europea.

Recurrida esta decisión por el Estado griego, el tribunal competente griego interpuso cuestión prejudicial ante la in- terpretación del Derecho de la Unión por entender que en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 1992 (as. C‑286/90, sen- tencia Poulsen y Diva Navigation) el Tri- bunal de Justicia había declarado que, en virtud del Derecho internacional, un buque sólo posee, en principio, una na- cionalidad, a saber, la del Estado donde está registrado. En atención a este pre- cedente se suscita la duda sobre si pro- cede la protección dispensada por la Directiva 80/987 cuando se trata de tra- bajadores con créditos frente a una em- presa que tiene su sede estatutaria en un tercer Estado, pero con sede real en el Estado miembro en cuestión, y que es declarada en quiebra por un tribunal de dicho Estado miembro, cuyo Derecho es el que se aplica precisamente por tener allí su sede real. Y ello con independen- cia de que los contratos de trabajo estén regulados por el Derecho del tercer país y de que el Estado miembro no pueda exigir contribución alguna al propietario del buque, no sujeto a su ordenamiento jurídico, para financiar la institución de garantía de los créditos salariales. Ade- más, en el caso que se analiza, la le- gislación nacional griega permite que el fondo de pensiones abone la retribución, hasta un máximo de tres meses, por la cuantía prevista como salarios e indem- nizaciones básicos determinados en los Convenios Colectivos correspondientes, si bien únicamente en caso de abandono de marineros en el extranjero.

1.2. La Comisión Europea considera aplica- ble a este supuesto dos decisiones an- teriores, las Sentencias del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 1997 (as. C‑117/96, sen- tencia Mosbæk) y la de 16 de diciembre de 1999 (as. C‑198/98, sentencia Ever- son y Barrass), pero el tribunal descarta la utilización de estos precedentes. En la primera de esas sentencias, el Tribunal de Justicia declara que, en caso de insol- vencia de un empresario establecido en un Estado miembro diferente de aquel en cuyo territorio reside y ejerce su acti- vidad por cuenta ajena un trabajador, la institución de garantía competente para el pago de los créditos impagados de ese trabajador es, en principio, la del lugar de establecimiento del empresario que, por lo general, contribuye a la financia- ción de la institución (apdos. 24 y 25). En la segunda sentencia, el tribunal pre- cisa, sin embargo, que la situación es diferente a la descrita cuando el empre- sario dispone de varios establecimientos en distintos Estados miembros, en cuyo caso, para determinar la institución de garantía responsable, es preciso refe- rirse, con carácter de criterio adicional, además de al lugar de establecimiento, al lugar de actividad de los trabajadores (apdos. 22 y 23). Pero no son aplicables al supuesto que se analiza, en opinión del Tribunal de Justicia, porque ninguna de ellas incide en la cuestión plantea- da, esto es, en saber si, cuando un em‑ presario que tiene su sede real en un Estado miembro ha contratado a traba- jadores que residen en éste con el fin de que lleven a cabo actividades por cuenta ajena, los créditos salariales impagados gozan o no de la protección de la Direc- tiva 80/987.

2.        Razones que validan la aplicación de la normativa sobre protección de los traba- jadores en supuestos de insolvencia de empresas de terceros países

2.1. En el pronunciamiento analizado, el Tri- bunal esgrime algunos argumentos ex- trapolables a otros supuestos.

En primer lugar, el relativo a la cláusula contractual en virtud de la cual los con- tratos controvertidos en el litigio princi- pal se rigen por el Derecho de un tercer Estado. En este sentido, conviene señalar que la solicitud de pago del equivalente de los créditos salariales impagados que presente un trabajador asalariado a una institución de garantía ha de distinguir- se de la introducida por tal trabajador frente al empresario en estado de insol- vencia con la que se pretende obtener el pago de dichos créditos (STJUE de 16 de julio del 2009, as. C‑69/08, sentencia Visciano). Una normativa que regula los requisitos según los cuales un Estado miembro garantiza el pago de créditos salariales que resultan impagados por el estado de insolvencia de un empresario no tiene por objeto regular la relación contractual existente entre el trabajador y el empresario. Por lo tanto, tales re- quisitos y una solicitud de pago presen- tada ante una institución de garantía no quedan incluidos dentro de la ley aplica- ble al contrato en el sentido del artícu- lo 10 del Convenio de Roma.

En segundo término, las exigencias a las que la Directiva 80/987 supedita la cua- lidad de beneficiario de la protección que instituye aluden, esencialmente, a la con‑ dición de asalariado del trabajador y al hecho de que el empresario haya sido sometido a un procedimiento concursal con arreglo a las disposiciones vigentes de un Estado miembro. Pero de dicha di- rectiva —y, en concreto, del artículo 1 en el que se delimita su ámbito de aplica- ción— no se desprende que el lugar de la sede estatutaria del empresario cons- tituya un requisito que sirva para operar dicha delimitación. No puede entenderse que la directiva se estima aplicable a las relaciones laborales que suponen activi- dades asalariadas efectuadas en el terri- torio de la Unión Europea y no cuando tales actividades se lleven a cabo en un buque con pabellón de un tercer Esta- do. Se remite el tribunal al considerando cuarto de la Directiva 80/987 («consi- derando que el mercado de trabajo en Groenlandia, en razón de la situación geográfica y de las estructuras profe- sionales de esta región, difiere funda- mentalmente del de otras regiones de la Comunidad»), entendiendo que su inter- pretación no tiene incidencia para ave- riguar si quienes residen en un Estado miembro y son contratados para traba- jar en una empresa con sede formal en un tercer Estado y real en dicho Estado miembro deben estar incluidos o no en el mercado laboral de este último.

Tampoco sirve como argumento, en tercer lugar, el hecho de que el primer con- siderando de la Directiva 80/987 haga referencia a la «necesidad de un desa- rrollo económico y social equilibrado en la Comunidad». Se pretende concluir de esta afirmación que los créditos salaria- les de que son titulares los trabajadores frente al empresario en casos como el relatado deben ser excluidos del ámbito de aplicación de la protección instituida por la directiva. Mas no prevé el Tribu‑ nal de Justicia de qué manera la conce- sión de tal protección impediría alcanzar el objetivo de desarrollo económico y social equilibrado o resultaría contraria a dicho objetivo.

2.2. Constituye jurisprudencia reiterada que la mera circunstancia de que las acti‑ vidades de un trabajador se ejerzan fuera del territorio de la Unión Europea no basta para excluir la aplicación de las normas de la Unión sobre la libre circu- lación de los trabajadores, siempre que la relación laboral conserve una vincu- lación suficientemente estrecha con el territorio de la Unión (STJUE de 7 de junio del 2012, as. C‑106/11, senten- cia Bakker). Obsérvese que, en este supuesto, la relación laboral entre los trabajadores y su empresario presenta diversos vínculos con el territorio de la Unión, ya que celebraron un contrato de trabajo en el territorio de un Estado miembro en el que residían y con un em- presario cuya insolvencia fue declarada posteriormente por un órgano jurisdic- cional de ese Estado miembro, dado que el empresario ejercía en ese Estado una actividad empresarial y tenía en él su sede real.

No obsta tal conclusión el hecho de que el Estado miembro no pueda exigir al em- presario insolvente el pago de las corres- pondientes cotizaciones a la institución de garantía a la que se refiere el artícu- lo 3.1 de la Directiva 80/987. De hecho, el artículo 5b de la citada norma señala que los empresarios deberán contribuir a la financiación de las instituciones de garantía a menos que dicha financiación esté garantizada íntegramente por los poderes públicos, de modo que, según la propia lógica interna de la directiva, el vínculo que podría existir entre la obligación de cotización del empresa- rio y la intervención de la institución de garantía no tiene carácter necesario. Por tanto, el que el Estado griego no hubiese establecido en su legislación la previsión de que, en estos casos, la em- presa debiera abonar las cotizaciones o no hubiese actuado para que dicha em- presa cumpliese tal obligación no puede tener como consecuencia la privación a los trabajadores de la protección dis- pensada por la norma europea. No en vano, el citado artículo 5 de la directi- va —esta vez en su apartado c— señala expresamente que la obligación de pago de las instituciones de garantía existe independientemente del cumplimiento de las obligaciones de contribuir a la fi- nanciación.

Una decisión, por tanto, que extiende la protección dispensada a los créditos de los trabajadores ante la insolvencia empresarial más allá de lo inicialmente previsible. Y, aun cuando se trate de un supuesto con especificidad propia, ele- mentos como la vinculación con el Estado miembro, la exención de la contribución o la desvinculación entre la reclamación la- boral y la reclamación «concursal» —o de insolvencia— no deben ser despreciados en futuros conflictos de similar factura.