1. La Ley de Planes y  Fondos  de  Pensio- nes (LPFP) prevé en su artículo 8 las contin- gencias que permiten obtener las prestaciones de dichos planes. Con carácter excepcional, el artículo 8.6a, que regula la contingencia de jubilación, admite que dichos planes dispongan el pago de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cual- quiera que sea su edad, extinga su relación laboral (por alguna de las causas recogidas en los artículos 49.1g, 51, 52 y 57 bis del Estatuto de los Trabajadores, respectivamente) y pase a situación legal de desempleo. En esta situación, los trabajadores pueden beneficiarse de una prestación o de un subsidio por desempleo. En este último caso, el acceso estará condicionado por la obtención de un determinado límite de rentas por parte del beneficiario.

Se consideran rentas o ingresos computables, a estos efectos, cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capi- tal mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio es- pecial con la Administración de  la  Seguri- dad Social. También se considerarán rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducir- se del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el tipo de interés legal del dinero vigente. Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto, pudiendo exigir la entidad gestora al trabajador una de- claración de aquéllas y, en su caso, la aporta- ción de copia de las declaraciones tributarias presentadas (art. 275.4 de la Ley General de la Seguridad Social o LGSS).

2. Recientemente, el Tribunal Supremo, en su Sen- tencia de 3 de febrero del 2016 (Ar. 45188), ha alterado su doctrina en relación con la compati- bilidad entre el rescate de un plan de pensiones y la obtención del subsidio de desempleo. Desde su Sentencia de 18 de abril del 2007 (Ar. 3985), el Tribunal Supremo venía considerando renta el rescate del plan de pensiones, calificándolo de ingreso de naturaleza prestacional equiparable a las rentas del trabajo. Ahora modifica su criterio y estima que dicho rescate no puede derivar en la extinción del derecho al subsidio por desempleo, por cuanto el importe del plan de pensiones res- catado no constituye renta o ingreso computable. A lo sumo, podrá calificarse de ingreso la plusvalía o ganancia generada por dicho plan, pero no el importe total del rescate.

En el supuesto objeto de controversia, se trata de un subsidio de duración excepcional: el sub- sidio para mayores de cincuenta y cinco años —antes cincuenta y dos— dispuesto desde esa edad hasta la jubilación de la beneficiaria (en este caso, desde el 2006 al 2017). Esta úl- tima decide rescatar un plan de pensiones en el 2007 por importe de 16 125,43 euros, can- tidad que declara a la Administración tributaria al efectuar la declaración de la renta corres- pondiente a dicho ejercicio. La entidad gestora del subsidio dicta una resolución por la que acuerda primero la suspensión y después la extinción de dicho subsidio por haber obtenido rentas por encima del límite permitido, considerando, además, que existe una percepción indebida por importe de 8314,28 euros. La sentencia dictada en suplicación admitirá la suspensión del subsidio, pero no así su extinción, ya que la imputación de los ingresos obtenidos por la liquidación del fondo de pensiones deberá hacerse en el mes en que se produce el rescate, siendo éste el único periodo de tiempo durante el cual la beneficiaria no tendría derecho a percibir el subsidio, lo haya comunicado o no a la entidad gestora. Recurrida esta decisión en unificación de doctrina, sólo se cuestiona la sanción de extinción y no la de suspensión, sin que tampoco sea objeto de controversia la procedencia o no del reintegro de la cantidad percibida que ha adquirido firmeza al no haberse planteado recurso sobre este punto concreto.

3. Conviene precisar que, en virtud de lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), se considera infracción «no comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepción cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido indebidamente la prestación». Esta infracción conlleva como sanción la extinción del subsidio (art. 47 LISOS). Por lo demás, el artículo 1 de dicha norma señala que «constituyen infracciones administrativas en el orden social las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables, tipificadas y sancionadas en la presente ley y en las leyes del orden social».  

Procede, pues, considerar si la conducta del rescate del plan de pensiones constituye una infracción tipificada por el ordenamiento laboral. A tal fin, el Tribunal Supremo, recogiendo doctrina constitucional precedente, establece que el principio de legalidad supone «la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionable (lex previa) y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa)» (STC 246/1991, FJ 3). El principio de legalidad, a su vez, presenta dos aspectos, el formal, consistente en la reserva de ley y el material, manifestado en el principio de tipicidad. El principio de legalidad implica la necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la Administración por una norma de rango legal (STC 77/1983), sin perjuicio de que la ley remita a la norma reglamentaria, siempre que en aquélla queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de la sanción que se haya de imponer (STC 42/1987). Por su parte, el principio de tipicidad exige que las acciones u omisiones se delimiten de forma precisa. Consecuencia de lo anterior es la prohibición de interpretar de forma analógica las normas sancionadoras. Para aplicar una norma sancionadora a un caso concreto, el supuesto de hecho ha de encajar exactamente en el tipo legal (STC 182/1990). 

A priori, la sanción impuesta en el supuesto que nos ocupa sí responde a una conducta tipificada en la norma reguladora como es la de no comunicar la obtención de las rentas derivadas del rescate de pensiones y percibir el subsidio por desempleo indebidamente. Pero, para llegar a esta conclusión, se requiere examinar si dicho rescate tiene la consideración de renta incompatible con el cobro del citado subsidio. 

4. Como es sabido, la Ley de Planes y Fondos de Pensiones regula tres tipos de planes de pensiones (sistema de empleo, sistema asociado y sistema individual). En todos ellos, las contribuciones o aportaciones serán entregadas por el promotor o promotores y por los partícipes, respectivamente, en los casos y forma que, de conformidad con la regulación legal, establezca el respectivo plan de pensiones, determinándose y efectuándose las prestaciones según las normas que aquél contenga. La titularidad de los recursos patrimoniales afectos a cada plan corresponderá a los partícipes y beneficiarios. De acuerdo con lo previsto en cada plan de pensiones, las prestaciones podrán ser en forma de capital —pago único—, en forma de renta —pago periódico— o prestaciones mixtas —que combinan rentas de cualquier tipo con un único cobro en forma de capital—.

En el supuesto en cuestión no consta a qué modalidad de plan de pensiones pertenece el que ha sido objeto de rescate por parte de la beneficiaria del subsidio. Tampoco consta qué ganancia, plusvalía o rendimiento ha podido obtener de él. Pero, en verdad, con el resca- te del plan de pensiones la beneficiaria no ha ingresado en su patrimonio nada que no tu- viera ya, sino que ha sustituido un elemento patrimonial (el plan de pensiones) por otro (el dinero obtenido por el rescate del citado plan), considerando el Tribunal Supremo como único dato relevante, a efectos de dirimir este con- flicto, «la ganancia, plusvalía o rendimiento que le haya podido reportar el citado plan».

Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal Su- premo recuerda su decisión en su Sentencia de 30 de junio del 2000 (Ar. 6279), en la que, al examinar la repercusión que la venta de un inmueble tenía en la continuidad como bene- ficiario del subsidio de desempleo, el tribunal alegaba que «el significado que las leyes fisca- les atribuyan a la venta de una vivienda [...] no trasciende a otros campos del derecho, debido a que esa operación no es equiparable a una renta que mejora o eleva los ingresos mensua- les del beneficiario. Desde el punto de vista del derecho privado, un elemento patrimonial (el inmueble) ha sido sustituido por otro (el dinero entregado como precio); trasladado el aconte- cimiento al plano de la protección asistencial, lo único relevante, en relación con tales elemen- tos patrimoniales, sería[n] los ingresos perió- dicos que los mismos proporcionaran al inte- resado; es decir, el ingreso que procurara, sea la vivienda misma, porque estaba arrendada o cedida a cambio de un precio, bien el dinero recibido, porque ha sido invertido en cualquier operación generadora de rentas en sentido es- tricto [pero] su transformación en dinero, me- diante un compraventa, ninguna consecuencia sensible puede tener, desde el punto de vista de la protección en estudio, pues el beneficia- rio se limita a ser titular de un bien o cosa di- ferente: antes un inmueble, ahora una canti- dad de dinero» (STS de 30 de junio del 2000, Ar. 6279, FJ 3).

De esta forma, y teniendo en cuenta la re- dacción del artículo 275.4 de la Ley General de la Seguridad Social (semejante la enjuicia- da a la actual), ha de considerarse que sólo las plusvalías o ganancias patrimoniales son rentas o ingresos computables a los referidos efectos, «por lo que será necesario estar a la diferencia entre el valor de adquisición de un inmueble que no constituye vivienda ha- bitual y el de su venta» (STS de 27 de marzo del 2007, Ar. 4628, FJ 3).

En aplicación de la doctrina expuesta, el Tri- bunal Supremo concluye en esta Sentencia de 3 de febrero del 2016 (Ar. 45188, FJ 5), que las únicas rentas o ingresos computables a estos efectos son los rendimientos, plusva- lías o beneficios que le haya podido generar a la beneficiaria el plan de pensiones durante el tiempo en que aquél subsistió, sin que quepa imputar como renta o ingreso el importe total del rescate del  plan,  esto  es,  la  cantidad de 16 125,43 euros. Y, puesto que no consta si han existido o no tales beneficios, plusvalías o rentas ni, en su caso, su importe, la bene- ficiaria no ha cometido la infracción que se le imputa, a saber, la falta de comunicación a la entidad gestora de rentas incompatibles con el subsidio por desempleo.

Modifica así el Tribunal Supremo su criterio anterior, calificando antes como renta el im- porte del rescate y considerando ahora tan sólo los beneficios o plusvalías derivados del plan de pensiones en cuestión.

5. Uno de los principales problemas aplicativos de este subsidio para mayores de cincuenta y cinco años en el pasado fue la incompatibilidad con la indemnización por despido que el traba- jador recibía. Si se percibía de forma periódica, se consideraba renta incompatible, pero, si se hacía a tanto alzado, sólo los rendimientos de su depósito podían ser considerados renta a efectos del acceso o el mantenimiento de dicho subsidio. Obsérvese que su percepción (desde los cincuenta y cinco—antes, cincuenta y dos— hasta la edad de jubilación) se estima necesaria para mantener la cotización del trabajador —ya inactivo, pero que, como beneficiario de una prestación pública, seguirá cotizando a la Se- guridad Social, lo que le garantiza su posterior pensión de jubilación—. Para evitar los innu- merables litigios generados a este respecto, el legislador optó por expresar —ahora, en el art. 275.4 LGSS— que «el importe correspon- diente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta. Ello con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica».

El pronunciamiento contenido en esta Sen- tencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero del 2016 (Ar. 45188), coherente con la ten- dencia legislativa apuntada, estima ahora que la cantidad recibida por el rescate de un plan de pensiones no ha de calificarse como renta a efectos del acceso o mantenimiento del subsidio, aunque sí las plusvalías o benefi- cios derivados de aquél. Por lo tanto, no pro- cede la extinción del subsidio. Pero tampoco debería admitirse —como sí se ha hecho a lo largo del proceso— la suspensión de la protec- ción, pues, como en el caso de la indemniza- ción por despido, si no se considera renta se impone no calificarla como tal ni en el mes en que se recibe —que es el motivo que ha justi- ficado la suspensión— ni en el periodo anual al que se imputa —que es lo que avalaría, en su caso, la extinción del derecho, aquí oportuna- mente rechazada—.