Ayer 23 de julio de 2015 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Ley 14/2015, de 21 de julio por la que se aprueba el nuevo impuesto sobre viviendas vacías sitas en Cataluña.

En su redacción final, han quedado excluidos de la condición de sujetos pasivos las personas físicas, siendo aplicable las personas jurídicas propietarias de viviendas vacías o que tengan un derecho real que otorgue facultades de explotación económica sobre las mismas.

Este ámbito subjetivo obliga a todas las entidades, y en particular a las entidades financieras y a las sociedades promotoras y constructoras, que dispongan de viviendas “vacías” en Cataluña analizar cuáles de ellas califican, en los términos previstos en la norma del impuesto, como desocupadas a efectos de cuantificar el coste que les supone la entrada en vigor de este nuevo impuesto.

En términos generales, por vivienda vacía se entiende la desocupada de manera permanente durante más de dos años sin causa justificada, entendiéndose como causas justificadas, por ejemplo, que la vivienda vaya a ser rehabilitada, que exista un litigio sobre la propiedad o que esté ocupada ilegalmente.

En el supuesto de viviendas de nueva construcción, el cómputo del plazo de dos años se inicia a los tres meses de la fecha del certificado final de obra.

Asimismo, quedan fuera de la aplicación del impuesto determinadas viviendas por su ubicación o por sus características, como por ejemplo, determinados apartamentos turísticos.

Los parámetros a tener en cuenta para su cálculo son, en principio, sencillos: multiplicar el número de metros cuadrados de viviendas vacías de los que se dispone por unos tipos progresivos (el rango oscila entre 10 euros a 30 euros por metro cuadrado). En definitiva, a más metros cuadrados mayor impuesto a pagar. Por ejemplo, en el rango mínimo, suponiendo siete viviendas desocupadas que suman un total de 840 metros cuadrados, el coste del nuevo impuesto ascendería a 8.400€.

No obstante, a pesar de que la norma intenta definir el concepto de vivienda vacía y, por lo tanto, los metros cuadrados a tener en cuenta para determinar la base imponible, no es del todo precisa al no determinar, por ejemplo, qué debe entenderse por anexos vinculados a la misma.

Destacar que este impuesto no se paga solo una vez, sino que tiene carácter anual, devengándose cada 31 de diciembre, obligando a las sociedades que dispongan de un parque de viviendas a dicha fecha a un desembolso que a lo largo de los años puede resultar muy significativo. La exacción del impuesto se articula a través del sistema de autoliquidación.

A tal efecto, resulta altamente recomendable que las sociedades analicen sus balances y verifiquen qué viviendas pueden estar sujetas a este nuevo impuesto.

Una forma de reducir el coste de dicho impuesto es destinando viviendas al alquiler social. Esto es, aquellas sociedades que destinen al alquiler social parte de su parque de viviendas podrán gozar de una bonificación que oscilará entre el 10% del coste del impuesto al 100% del mismo dependiendo del volumen de viviendas que tengan destinadas a dicha actividad.

Una de las grandes problemáticas de este impuesto es el control por parte de la Administración Tributaria de las viviendas que se encuentran vacías y, por lo tanto, sujetas a este impuesto. Para ello, la propia norma se remite al Registro de viviendas vacías creado por el Real Decreto Ley 1/2015, de 24 de marzo, y a su desarrollo reglamentario en cuanto a la imposición de sanciones en el caso en el que las sociedades que dispongan de las mismas no las inscriban.

La configuración del nuevo impuesto presenta varias dudas sobre su constitucionalidad y adecuación al sistema tributario vigente, por lo que podrían impugnarse las autoliquidaciones a presentar e iniciar todo el proceso de solicitud de rectificación y reclamación en vía económica administrativa.