El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha aclarado en una sentencia dictada el pasado 3 de septiembre de 2015 que, en determinadas circunstancias, un abogado puede ser considerado "consumidor" y que, por tanto, puede beneficiarse de la protección que dispensa la normativa comunitaria a los mismos.  En concreto, esta cuestión ha sido analizada en la sentencia C-110/14, Costea contra Volksbank.

El 4 de abril de 2008, el Sr. Horațiu Ovidiu Costea, abogado de profesión, celebró un contrato de crédito con la SC Volksbank România SA (“Volksbank”). Como garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas por el Sr. Costea, se constituyó un derecho real de hipoteca sobre un inmueble propiedad del bufete de abogados del Sr. Costea, para lo cual el Sr. Costea tuvo que actuar en nombre y representación de su bufete.

Cinco años después, el 24 de mayo de 2013, el Sr. Costea solicitó al tribunal de primera instancia de Oradea (Judecătoria Oradea) la declaración de nulidad por abusiva de la comisión de riesgo que se había pactado en el contrato de crédito con Volksbank, así como la devolución de las cantidades abonadas en cumplimiento de la misma.

En base a los antecedentes, el Judecătoria Oradea planteó cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con la interpretación que debía darse a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (la “Directiva”) y, más en particular, a propósito de si la definición de consumidor que se contiene en la Directiva incluye o no a “una persona física que ejerce la abogacía y celebra un contrato de crédito con un banco, sin que se especifique el destino del crédito, figurando expresamente, en el marco de dicho contrato, la condición de garante hipotecario del bufete de esa persona física”.

A fin de dar respuesta a la cuestión prejudicial planteada, el TJUE recuerda, en primer lugar, que la Directiva define los contratos a partir de la condición de los contratantes, según si éstos actúan o no en el marco de su actividad profesional. Ello porque la finalidad de la Directiva no es otra que la de proteger al consumidor, del que se presume que está en una situación de inferioridad tanto en la información de la que dispone como en la capacidad de negociar los términos del contrato.

Partiendo de la anterior premisa y tras reconocer que una misma persona puede actuar unas veces como consumidor y otras como profesional, el TJUE hace suya la opinión del Abogado General, y afirma que la definición de consumidor que establece la Directiva es de carácter objetivo. En consecuencia, resultan irrelevantes los “conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata, o de la información de que dicha persona realmente disponga” (párrafo 21 de la sentencia), debiéndose tener únicamente en cuenta las circunstancias del caso para verificar si la persona actúo o no como consumidor.

Esta conclusión es también aplicable a los abogados, a pesar de que en contratos con trasfondo jurídico gocen de una mayor información que les haga estar en una situación de ventaja respecto del resto de consumidores. En efecto, el TJUE recuerda que en la medida que un abogado actúe como consumidor se verá limitado en su poder de negociación con la contraparte, no viéndose desvirtuada esta circunstancia por el hecho de que para garantizar la obligación principal se constituya una hipoteca sobre bienes afectos a una actividad profesional.