Los últimos años han sido ejercicios en los que la Administración Tributaria se ha mostrado muy activa en relación con las estructuras creadas por los deportistas profesionales para la explotación de sus derechos de imagen.

Asimismo, la fiscalía actuó también con fuerza en este tipo de controversias tributarias - en algunas Comunidades Autónomas más que en otras- al iniciarse en algunas ocasiones un procedimiento penal contra el deportista. Dada la cuantía y la tipología de las estructuras empleadas, se les imputaba un delito contra la Hacienda Pública por eludir la tributación de los derechos de imagen ante el fisco español.

Dichos procedimientos del ámbito penal han tenido un carácter ejemplarizante dada la publicidad que se ha dado a los procedimientos en los medios. Por ejemplo, recientemente apareció en prensa la imputación del jugador Adriano Correia a pesar que, tal y como rezaban las noticias aparecidas en prensa, el propio jugador habría ingresado toda la deuda exigida por la Administración tributaria.

Pues bien, parece que el cerco del fisco en torno a los deportistas se sigue estrechando y, esta vez en Madrid, nos hemos enterado nuevamente por los medios de la existencia de unas nuevas actas a un deportista como consecuencia de la incorrecta declaración y tributación, todo ello según el criterio de la Inspección, de las rentas obtenidas por la explotación de los derechos de imagen.

Al parecer, la Administración Tributaria exige el pago de aproximadamente 2 millones de euros a José Mourinho en concepto de principal, sanciones e intereses de demora, por la regularización de sus declaraciones de IRPF de 2010 a 2013.

A la vista de los importes exigidos y de los antecedentes recientes (Adriano, Xabi Alonso, Mascherano…), si la controversia se dirime únicamente en sede administrativa y no trasciende al ámbito penal, el Sr. Mourinho podrá estar contento y felicitarse por evitar el acoso público derivado de la imputación de un delito fiscal, con todas las contrariedades que ello conlleva.

Veremos pues si esta será la nueva pauta de la Administración Tributaria y fiscalía o, por el contrario, se trata de un caso aislado que no evitará que fiscalía prosiga con sus actuaciones contra aquellos deportistas en los que pueda inferirse la existencia de un delito contra la Hacienda Pública respecto de la tributación de los derechos de imagen.