La aplicación de restricciones salariales en el sector público como consecuencia de la entrada en vigor de algunas normas desde el año 2012 ha obligado a los tribunales del orden social a pronunciarse sobre el alcance del mencionado sector, decidiendo si las empresas municipales mixtas (con participación mayoritaria de la entidad local) deben aplicar o no dichos límites a sus trabajadores.

1.  En su reciente Sentencia de 3 de mayo del 2016 (Ar. 118104), el Tribunal Supremo valora si una empresa municipal mixta (Servicios Funerarios de Madrid, S. L.), con capital pú- blico y privado, en la que el Ayuntamiento de Madrid participa como accionista mayoritario de la sociedad laboral con el 51 % de las acciones, siendo el 49 % restante de capital privado, está sometida o no a las limitaciones salariales establecidas en la normativa presupuestaria.  

Las decisiones judiciales previas habían resul- tado contradictorias. Consideraban, unas, que este tipo de empresas constituían empresa pública en tanto su capital social es público en un porcentaje superior al 50 %. Entendían otras que, atendiendo a lo dispuesto en el ar- tículo 162 de la Ley Reguladora de las Hacien- das Locales (RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo), que dispone que los presupuestos generales incluyen las previsiones de ingresos y gastos de las «sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente», el anterior  criterio del 50 % no es aplicable, sino que se requiere el 100 % del capital social.

Semejante discrepancia permitiría que, en un caso (Servicios Funerarios de Madrid, S. L.), los trabajadores vieran limitados sus derechos salariales y, en otro (Servicios Funerarios de León, S. A.), no se atendiera a la aplicación de las restricciones presupuestarias, sino que se incrementarían  anualmente  los  salarios y se dispondría íntegramente de las pagas extraordinarias, por entender que la sociedad demandada quedaba fuera del ámbito presu- puestario del ayuntamiento.

2. Ya desde la publicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo (BOE de 24 de mayo), por el que se adoptaban medidas extraordinarias para la reducción del déficit pú- blico, se sucedería una abundante litigiosidad como consecuencia de la disminución de las retribuciones en determinados ámbitos de las Administraciones y del sector público. La modificación del artículo 135 de la Constitución fue, sin duda, el elemento desencadenante y objetivamente justificador de todas las reformas sucesivas. En virtud de él, «todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria» y, en cumplimiento de lo dispuesto, se aprobaría la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (BOE de 30 de abril), de estabilidad presupuestaria y sosteni- bilidad financiera. A partir de entonces, nume- rosas normas (en particular, el RDL 20/2011, de 30 de diciembre, BOE de 31 de diciembre, y el RDL 20/2012, de 13 de julio, BOE de 14 de julio) han venido imponiendo contenciones sa- lariales e incluso la desaparición de parte de la retribución extraordinaria de los trabajadores del sector público durante algunos ejercicios.

En los supuestos de empresas mixtas con participación de entidades locales, los sindi- catos han entendido que dicha restricción no es aplicable, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 162 de la citada Ley Reguladora de Haciendas Locales, en virtud del cual, «los presupuestos generales de las entidades loca- les constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de in- gresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente».

Sin embargo, el Tribunal Supremo en su Sen- tencia de 16 de febrero del 2015 (Ar. 1271) entendería que «aunque es cierto que en ese texto se dice que como obligación que incum- be a las entidades locales el presupuesto ha de contener esas previsiones de ingresos y gas- tos de las sociedades cuyo capital pertenezca en su integridad a la corporación, en modo alguno significa que las sociedades mixtas estén fuera de ese control presupuestario ni que, en consecuencia, y por ello no pertenez- can al sector público» (FJ 4). En cuanto a su carácter «ajeno» al presupuesto de la Admi- nistración local, conviene señalar que en el artículo 168.3 y 4 de la mencionada ley se precisa como «las sociedades mercantiles, in- cluso aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, in- versiones y financiación para el ejercicio si- guiente». Con lo que «resulta evidente que esas previsiones de las empresas con capital mayoritario del ayuntamiento deberán inte- grarse en el presupuesto de la Administra- ción correspondiente, como no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta que en esas previsiones pueden contenerse compromisos de gasto para la Entidad Pública que habrán de ser conocidos, fiscalizados y eventualmente aprobados». Concluyendo, pues, el Tribunal Supremo ya en el 2015, reconoce la inexis- tencia de una «norma especial que excluya a las sociedades mixtas, con participación ma- yoritaria de las corporaciones locales, de las previsiones presupuestarias incluidas en la le- gislación de haciendas locales» (FJ 4).

3. Ahora, el Tribunal Supremo, con esta Sentencia de 3 de mayo del 2016 (Ar. 118104), reafirma su criterio, consolidando la línea especificada en anteriores pronunciamientos (SSTS de 16 de febrero del 2016, Ar. 910; de 25 de febrero del 2016, Ar. 1129, y de 29 de marzo del 2016, Ar. 117639).

En primer lugar, entendiendo que, si bien de- bían integrarse en el sector público las so- ciedades incluidas en  el  artículo  22.1g  de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), se considera necesario delimitar las sociedades mercantiles que haya que integrar en el sector público a los efectos de cada una de las leyes. Como señalara la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio del 2014 (Ar. 4531), cuando lo que se discu- te es la aplicación de una norma distinta —en este caso la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012—, que omite una defi- nición semejante, «es claro que nos encontra- mos ante supuestos diversos».

En segundo término, que, sin embargo, y siendo cierto que las normas de desarrollo presupues- tario (entre otras, el citado RDL 20/2012) con- tienen una expresión omnicomprensiva de las sociedades mercantiles públicas sin las limi- taciones que se venían estableciendo en los textos anteriores, en línea con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Esta- do que, asimismo, incluye como integrantes del sector público a las sociedades mercantiles cuyo capital social esté participado mayorita- riamente por «entidades de las mencionadas en las letras f» del propio artículo 3.1, no cabe sino atender a lo dispuesto en aquélla.

Señálese que este último precepto se refiere a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en dichos pre- ceptos (de la a la f) sea superior al 50 % y que, entre las que se relacionan, se encuen- tran expresamente las entidades que integran la Administración local.

En tercer lugar, que, en este sentido, el crite- rio conceptual asumido por el ordenamiento jurídico a la hora de especificar qué socieda- des mercantiles se integran en el sector pú- blico a efectos de la limitación retributiva es análogo al que se desprende de la mencionada Ley de Contratos del Estado. Esto es así por cuanto la norma sobre gasto público «omite modulaciones y, en lugar de fijar un concep- to más restringido (o amplio), opta por asu- mir, de forma implícita, el fijado en la legisla- ción correspondiente» (STS de 16 de febrero del 2016, Ar. 910, FJ 3).

Por esa razón, y por último, no cabe más que rechazar el argumento de la particularidad de la Administración local. Como se indica en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de fe- brero del 2015 (Ar. 1271), la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no puede resolver el problema de la naturaleza de la sociedad mercantil pública a estos efectos. Bien al con- trario, «entendemos que tal normativa per- mite evidenciar que las empresas con capital mayoritario del ayuntamiento deberán inte- grarse en el presupuesto de la Administra- ción correspondiente, como no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta que en esas previsiones pueden contenerse compromisos de gasto para la entidad pública que habrán de ser conocidos, fiscalizados  y  eventualmen- te aprobados» (STS de 3 de mayo del 2016, Ar. 118104, FJ 3).

4. En conclusión, no procede, pues, aplicar ningún tipo de excepción a las limitaciones presu- puestarias en empresas de capital mixto en las que la Administración posee más del 50 % del accionariado por el hecho de que se trate de una entidad integrada en la Adminis- tración local.