El pasado 25 de Octubre de 2016 se estimó por vez primera por un Juzgado de Primera Instancia de Valladolid la demanda de un comprador de vehículo afectado por el fraude de emisiones del grupo Volkswagen.

El comprador del vehículo alega falta de conformidad del producto, según se establece en la legislación de defensa de consumidores y usuarios e incumplimiento de las obligaciones del vendedor del vehículo recogidas en el artículo 1101 del Código Civil. El comprador solicita la sustitución del vehículo por uno equivalente, basando esta pretensión en la desconfianza que le produce la reparación ofrecida por el grupo Volkswagen y no quedar acreditado de manera indubitada que dicha reparación no afecte a las prestaciones del vehículo en el caso de vehículos que tengan la antigüedad del coche del demandante.

Las sentencias anteriores a este caso, que desestimaban todas ellas las pretensiones de los afectados por el fraude de emisiones de los vehículos del grupo Volkswagen, basaban su argumentación en que para que la compraventa del vehículo quedara resuelta (con restitución de precio) debe existir a) engaño intencionado del vendedor o un error esencial de consentimiento en la voluntad del comprador; b) incumplimiento de contrato «grave» que pueda motivar la resolución del contrato; c) falta de conformidad del vehículo pero atendiendo en todo caso a una forma de saneamiento que no sea desproporcionada. En relación con los puntos anteriores, los jueces habían puesto de manifiesto que: a) no existía «engaño intencionado» puesto que la comercializadora del vehículo, concesionario o importador no eran conscientes de la manipulación del software en los vehículos que vendían; b) no existía incumplimiento del contrato «grave» puesto que el vehículo sigue siendo apto para el fin al que se destina y sigue estando en uso; c) no existía falta de conformidad del vehículo para su uso y la reparación ofrecida por el vendedor era la forma menos gravosa de saneamiento.

Lo novedoso de esta sentencia que ahora analizamos está en que el juez, admitiendo como admite los fundamentos legales anteriores y por lo tanto concluyendo que no existe incumplimiento esencial grave de las obligaciones propias del vendedor (que daría lugar a la resolución del contrato de compraventa del vehículo con restitución de precio), sí admite la existencia de un incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso y su consiguiente deber de indemnización. Basa el juez esta decisión en tres argumentos: a) incumplimiento de los deberes de buena fe del vendedor, existiendo un engaño manifiesto; b) a juicio del juzgador, resulta razonable desde la perspectiva del consumidor que éste no quiera asumir la reparación por la propia marca y sin que conste acreditado de manera indubitada (habiéndose practicado las debidas pruebas periciales) que no afecte a las prestaciones del vehículo con la antigüedad del coche del demandante, y c) porque cabe entender que, de disponer el consumidor de la información relativa a la práctica engañosa, esto es, que el vehículo que pretendía adquirir tenía instalado un software de desactivación como forma de obtener la homologación, el consumidor no habría adoptado la decisión de adquirir ese producto defectuoso. 

De los tres argumentos legales en los que basa la sentencia estimatoria el juez, cabe destacar que por vez primera se estima la existencia de actos contrarios a la buena fe y engaño pese a que el consumidor no ha adquirido directamente el vehículo del fabricante (responsable del acto engañoso) sino de la empresa concesionaria y ésta a su vez de la empresa importadora, las dos demandadas. Estima el juez en este punto que las dos demandadas, pese a desconocer la existencia del engaño, se favorecen en el trafico de la imagen de la marca Volkswagen, «siendo la conducta engañosa imputable al grupo empresarial y beneficiándose todo él en su conjunto de tal engaño, se genera una comunidad jurídica y económica de intereses y por este motivo ha de ser el grupo quien debe responder frente al consumidor». Condena por lo tanto a ambas empresas de forma solidaria, basándose en el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Establece el juzgador que la indemnización que procede surge por lo tanto de la infracción de los deberes de buena fe y la pérdida de confianza del consumidor, «bienes jurídicos de difícil cuantificación, dada su naturaleza intangible». Concluye que se debe poner todo ello en relación con el valor objetivo del vehículo, en este caso cincuenta mil euros y la realidad de que dicho coche se ha venido usando y se sigue haciendo con normalidad. Se establece finalmente que el perjuicio debe valorarse en un 10% del precio de adquisición del vehículo, en este caso cinco mil euros.

Habrá que estar a lo que establezcan al respecto los juzgados a los que se recurra en apelación, pero esta sentencia abre una nueva línea argumentativa, en la que se decide la aplicación de remedios civiles (indemnización, resolución, nulidad) allí donde realmente no existe afectación singular de los intereses del actor.