1. Introducción

A raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 201/2012, de 14 de noviembre, en virtud de la cual dicho tribunal declaró la constitucionalidad del impuesto sobre depó- sitos de las entidades de crédito creado por la Ley extremeña 14/2001, de 29 de noviembre, varias comunidades autónomas aprobaron impuestos similares. El legislador estatal reaccionó a lo anterior estableciendo el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito mediante el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, configurándolo inicialmente como un impuesto directo a tipo cero. Dicho precepto fue modificado primero por el Real Decreto Ley 88/2014 y, más tarde, por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, elevando el tipo impositivo del tributo al 0,03 %, gravamen este inferior al que preveían las leyes autonómicas que habían establecido sus respectivos tributos.

Una vez creado el tributo estatal, su constitucionalidad ha sido refrendada ya en varias ocasiones por el Tribunal Constitucional, que ahora entiende inconstitucionales los tributos autonómicos equivalentes sobre los que ha fallado. En ese sentido, v. gr., la Sentencia del Tribunal Constitucional 30/2015, de 19 de febrero (rec. n.º 5832/2014), falló declarando la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del artículo 161 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/2013, por vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 de la Constitución española, así como del artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), al tratarse de un impuesto equivalente al estatal (FJ 4).

Pues bien, el Tribunal Constitucional ha vuelto a manifestarse recientemente sobre distintas cuestiones relativas al impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito (IDEC), y lo ha hecho por medio de una sentencia de 26 de mayo del 2015 y dos sentencias de 28 de mayo del 2015, que pasamos a analizar sintéticamente.

2. Recientes sentencias del Tribunal Constitucional en relación con el impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito

2.1. Sentencia del Tribunal Constitucional 102/2015, de 26 de mayo (rec. n.º 275/2015)

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias contra el artículo 124 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, en virtud del cual se modificó el artículo 19 de la Ley 16/2012, cambio que, entre otras cuestiones, como acabamos de señalar, afectó al tipo de gravamen (inicialmente tipo cero), fijándolo en un 0,03 %. 

Destacamos a continuación algunos de los motivos de inconstitucionalidad alegados, junto con las manifestaciones vertidas al efecto en cada caso, por el Tribunal Constitucional:

  • Vulneración del artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, especialmente en lo que atañe a la posible compensación en él prevista cuando el Estado establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional, en línea con lo ya manifestado en fallos anteriores, considera en este caso que, ya que el impuesto asturiano se estableció con posterioridad al 1 de diciembre del 2012, no se cumple la condición establecida en la Ley 16/2012 para obtener compensación por el previsible desplazamiento del impuesto autonómico. En ese sentido, recuerda la sentencia que la Ley 16/2012 se refería a los impuestos similares que ya habían sido creados por las comunidades autónomas, previendo que se aplicarían medidas de coordinación o compensación siempre que dichos impuestos propios hubieran sido establecidos «con anterioridad al 1 de diciembre del 2012».
  • Vulneración de los principios de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución española al otorgarse efectos retroactivos (desde el 1 de enero del 2014) al tipo de gravamen establecido por Ley 18/2014, la cual modificaba el artículo 19 de la Ley 16/2012. En torno a esta cuestión el Tribunal Constitucional concluye que no puede estimarse dicho motivo de inconstitucionalidad, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, a saber:
    • El grado de retroactividad de la norma impugnada. A este respecto, entiende el tribunal que se trata de una retroactividad no plena.
    • Su carácter previsible. Repara el tribunal a este respecto en la sucesiva regulación del impuesto en tres disposiciones con rango de ley, extremo que a su juicio permitió que tanto la recurrente como las entidades financieras pudieran conocer la existencia, alcance y contenido de esta modalidad de tributo, habiendo tenido aquéllas la oportunidad de ajustar su propio comportamiento econó- mico a las previsiones legislativas del referido impuesto.
    • La finalidad de la norma. Tal y como apunta el tribunal, dicho fin se traduce en una exigencia de interés público consistente en dotar a las comunidades autónomas de una fuente adicional de ingresos, no sólo para compensar la previsible pérdida de recaudación cuando se eliminen efectivamente impuestos similares, sino también para evitar diferencias entre las distintas Haciendas territoriales.

2.2. Sentencia del Tribunal Constitucional 107/2015, de 28 de mayo (rec. n.º 7279/2012)

En este caso el Tribunal Constitucional resuelve el recurso promovido por el presidente del Gobierno contra el Decreto Ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre los Depó- sitos en las Entidades de Crédito, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de dicha norma.

Respecto de tal norma resultan especialmente interesantes algunas manifestaciones del mencionado tribunal, particularmente las vertidas sobre los siguientes aspectos:

  • Cuando valora la concurrencia de los presupuestos habilitantes de los decretos leyes en el ámbito autonómico. Al respecto apunta que debe tomarse en consideración «tanto la doctrina constitucional relativa al artículo 86.1 de la Constitución española, como los límites que haya podido concretar o añadir el legislador estatutario para el decreto ley autonómico», entendiendo estas últimas como «cautelas o exclusiones adicionales».
  • Respecto del análisis llevado a cabo para determinar si un decreto ley autonómico puede crear impuestos, concluye el tribunal que «el artículo 203.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña impone un inequívoco lí- mite material al decreto ley catalán, traducido en la imposibilidad de crear tributos propios mediante este instrumento normativo» al señalar expresamente que los tributos propios de la Generalidad se establecen «mediante ley del Parlamento».

2.3. Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2015, de 28 de mayo (rec. n.º 7870/2014)

Dos años después del Decreto Ley autonómico 5/2012, anulado por la sentencia a la que acabamos de referirnos, se aprobó la Ley del Parlamento de Catalu- ña 4/2014, de 4 de abril, del Impuesto sobre Depósitos en las Entidades de Cré- dito, objeto del recurso de inconstitucionalidad resuelto ahora por el Tribunal Constitucional.

En esta ocasión, el tribunal, a la vista de lo señalado en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en cuanto dispone que «los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado», compara los elementos esenciales de los tributos estatal y autonómico, advirtiendo que «hay coincidencia en el hecho imponible, la base imponible y los contribuyentes, refiriéndose las únicas diferencias a la cuota tributaria y a las deducciones establecidas por la comunidad autónoma para sucursales radicadas en su territorio». Por ese motivo, concluye el Tribunal Constitucional —al igual que lo hiciera en su Sentencia 30/2015, antes citada, en relación con el impuesto valenciano sobre los depósitos en las entidades de crédito— que «las citadas coincidencias sustanciales, en los elementos esenciales de ambos impuestos, suponen la vulneración de los artículos 133.2, 157.3 de la Constitución española, así como del artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas», y declara, en consecuencia, la inconstitucionalidad y nulidad de la recurrida ley del Parlamento catalán.