Los juicios privados por valores de millones de dólares contra el gobierno cubano han sido un obstáculo para la normalización de las relaciones entre los EE. UU. y Cuba. Mientras tanto, muchas de las víctimas que ganaron este tipo de juicios hace mucho que renunciaron a recuperar alguna vez un centavo.

Sin embargo, hay una nueva esperanza para las víctimas del terrorismo de estado, según los abogados del estudio jurídico Bilzin Sumberg, José M. Ferrer y Yasmin Fernández-Acuña. Los dos miembros de la División de Litigios de Bilzin Sumberg redactaron en conjunto un artículo que aparece en la edición de otoño de 2016 de International Law Quarterly donde detallan cómo estas víctimas aún pueden recibir una compensación.

Hasta hace poco, la única esperanza de cubrir alguno de estos juicios privados era que EE. UU. embargara los activos cubanos que tocaran suelo estadounidense. Un ejemplo de ello fue la confiscación de un avión cubano que fue secuestrado y llevado a Key West en 2003. A pesar de las protestas de Cuba, el avión fue vendido en una subasta para cubrir las demandas de un litigante privado. Durante el tiempo en que los juicios privados no se pagaban, no era posible atracar ningún barco cubano en los EE. UU. ni se podía ingresar ningún producto cubano en los EE. UU. sin el temor de que estos fueran confiscados.

Una legislación escondida en un extenso proyecto de ley sobre impuestos y gastos firmada por el presidente Obama el 18 de diciembre de 2015 promete una compensación para las víctimas del terrorismo internacional. La nueva ley crea el Fondo para las Víctimas del Terrorismo de Estado, cuya primera medida fue hacerle pagar mil millones de USD a BNP Paribas por violar las sanciones contra Irán, Sudán y Cuba. Con otros 1025 millones de USD aportados por el Tesoro de los Estados Unidos y más multas por violaciones de sanciones para fines específicos, el fondo promete hasta 20 millones de USD para quienes hayan recibido fallos judiciales firmes contra Irán, Cuba y otros países donde se aplica el terrorismo de estado.

Si bien el fondo posiblemente no pueda cubrir todos los juicios, es actualmente la única opción para resolver las demandas que son un obstáculo para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, según concluyen Ferrer y Fernández-Acuña en su artículo.

Haga clic aquí para leer el artículo de Ferrer y Fernández-Acuña.